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El espionaje sigue vigente

LINEAS CROMATICAS

Mientras se tramitan causas en la Justicia por el espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri sobre organizaciones y dirigentes políticos y sociales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta práctica perdura.

POR HORACIO VERBITSKY

Mientras en diversos juzgados federales se tramitan causas por el espionaje ilegal del gobierno de Maurizio Macrì sobre organizaciones y dirigentes políticos y sociales, esa práctica sigue vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. No es este el punto de discrepancia entre los líderes de las principales facciones del PRO.

Líneas cromáticas.

El jueves 17, las tres comisiones del Senado alcanzaron el dictamen favorable a la ley que deroga la clandestinidad del aborto, que habilitará su tratamiento en el recinto el 29 de diciembre. Esta vez la fractura no sigue líneas partidarias sino cromáticas. Los presidentes de los principales bloques disienten con las respectivas posiciones partidarias: el cambiemoso Luis Naidenoff es verde como Alberto Fernández y CFK, y José Mayans se pinta de celeste, como la mayoría del macrismo.

Las posturas en ambas cámaras fueron respetuosas, y las únicas salidas de tono fueron de algunos de los expertos invitados. Hubo desbarres desopilantes, como el del asistente de fertilización Eduardo Young, quien confundió dos proyectos y dijo que nadie le había explicado por qué a la Interrupción Voluntaria del Embarazo se le pone como fecha mil días. Y testimonios conmovedores, como el de la médica tucumana Cecilia Ousset, una objetora de conciencia que aun así asistió a la interrupción del embarazo de una nena de 11 años, todavía con dientes de leche, violada por el concubino de su abuela. Ousset y su esposo, también médico, están procesados por ello.

De torcer voluntades en contra del proyecto se encargan los operadores confesionales, sobre todo en el interior. El Papa Bergoglio ha elegido un perfil bajo, aunque no puede descartarse un aldabonazo de último momento, como su carta convocando a la guerra de Dios contra la igualdad matrimonial, y sus repetidoras locales amenazan con el enturbiamiento de las relaciones. No es demasiado creíble, dado que una ruptura con el gobierno de su país en plena negociación con el FMI, le haría más daño a la credibilidad apostólica que al oficialismo. Una construcción de imagen que insumió ocho años de intenso activismo (incluyendo el pesebre Dada de esta Navidad) podría desmoronarse en un minuto.

Otra línea de fractura separa a las grandes ciudades y sus conurbanos, que son verdes, de las pequeñas poblaciones, celestes, según el esquema que el sociólogo italiano Gino Germani estableció en el segundo tercio del siglo pasado al postular la transición de la sociedad tradicional a la de masas, en un trabajo fundante de la moderna sociología argentina.

También operan algunas figuras de JxC que no razonan sobre la ley sino acerca de la victoria que su sanción significaría para el oficialismo y que preferirían impedir. Entre ellos, el ex Presidente Macrì, quien en 2018 practicó el doble juego de propiciar a un tiempo el debate y el rechazo del proyecto.

Desde el oficialismo, el seguimiento voto por voto corre por cuenta de dos ministras del Poder Ejecutivo (Elizabeth Gómez Alcorta y Vilma Ibarra) y de la operadora vicepresidencial Anabel Fernández Sagasti, la tría más mentada. El propio Presidente Fernández se ha comunicado con varios gobernadores y senadoras para reclamar su apoyo.

En Diputados la sesión fue presencial, en el Senado será remota, lo cual favorece las presiones sobre los legisladores y las legisladoras que participarán desde sus domicilios. Los cálculos al cierre de esta edición eran optimistas sobre la aprobación del proyecto, pero nueve días son una eternidad. No es recomendable tomar al pie de la letra ninguna de las especulaciones previas porque de un lado y de otro se aplican tácticas para tomar al adversario con la guardia baja, al estilo de Locomotora Castro, que se hacía el groggy para noquear mejor.

Con cámara y handy.

Mientras duró el debate de las comisiones, militantes de los dos bandos acamparon en la plaza frente al Congreso. La faena legislativa concluyó alrededor de las tres de la tarde, aunque la burocrática protocolización de las firmas se extendió hasta bien entrada la noche, dado que la reunión fue remota y cada integrante de las comisiones estaba en un lugar distinto.

Un efectivo de la policía porteña, con su uniforme de chaleco celeste, se cubría en la parada de colectivos más alejada del Congreso, casi en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, y con una cámara apoyada sobre un soporte monopié, enfocaba a los grupos verdes que aún permanecían en la plaza. Además, estaba comunicado con su jefatura mediante un handy. Con toda claridad se escuchó la modulación, señalándole:

—Individualizar a la referente del Movimiento Evita.

El hombre estaba tan concentrado en su tarea, que ni advirtió cuando me acerqué y le tomé una fotografía. La cámara y el soporte aparecen semicubiertos por la estructura tubular de la parada de colectivos pero alcanzan a divisarse con nitidez.

El mes pasado, durante las exequias de Maradona, la policía porteña gaseó y baleó con proyectiles de caucho a manifestantes pacíficos que esperaban bajo el sol desde hacía horas, para despedir a su ídolo. En retrospectiva, carece de importancia si la interrupción de la fila fue a pedido del gobierno nacional o por propia iniciativa. En cualquier caso, los efectivos exhibieron su conocido modus operandi del garrotazo preventivo. Sólo el despliegue fáctico y retórico de Patricia Bullrich durante los cuatro años previos pudo valerle a Horacio Rodríguez Larreta chapa de moderado.

Lo más llamativo en ambos casos es la naturalidad con que los efectivos (y sus autoridades superiores) encaran tareas que forman parte de las prácticas consuetudinarias del Estado pero que colisionan con la legalidad vigente. Horacio Rodríguez Larreta fue víctima de esa práctica, cuando los espías de Macrì se interesaron en pormenores de su vida matrimonial, que en estos días han ganado notoriedad. Hasta ahora no hay indicios de que HRL revuelva sábanas ajenas, lo cual marcaría la principal diferencia entre ambos. Macrì hizo espiar a sus hermanas Sandra y Florencia, con el argumento de que desconfiaba de sus respectivas parejas. Pero la actuación de la policía porteña espiando en el espacio público no deja de ser ilegal. El artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, promulgada por Fernando De la Rúa en 2001 con el número 25.520, es explícito:

“Ningún organismo de inteligencia podrá:

– Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.

– Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

– Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

– Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

Alberto Fernández fue aún más restrictivo con el rol de los organismos de inteligencia, ya que ahora ni siquiera por orden de un juez pueden realizar investigación criminal.

Alerta temprana.

Esta es una buena oportunidad para la modesta sección Yo te lo dije. El 3 de enero de 2016, cuando poca gente fuera de los interesados estaba atenta a las noticias políticas, advertí que comenzaba la ofensiva del nuevo gobierno contra la ex Presidenta CFK. Macrì asumió la presidencia procesado por las escuchas ilegales, pero pocos días después fue sobreseído. Aquella nota contaba que los camaristas de apelación Jorge Ballestero y Eduardo Freiler habían confirmado el procesamiento de Macrì en esa causa y anunciaba “el tiempo de la venganza. Ballestero y Freiler recibieron un ultimátum de Macrì, quien empleó al más insólito mandadero para solicitarles la renuncia: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La intimación también abarcó a los jueces Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrì por las escuchas) y Rodolfo Canicoba Corral. Oyarbide decidió apurar su jubilación, Canicoba se encargó de que trascendiera la operación conjunta ejecutivo-judicial (…) Ahora es el turno de Cristina, a quien el gobierno desea ver presa por traición a la patria, nada menos”. La nota anticipa lo que estaba por ocurrir y menciona a varios de los guacamayos que se encargan de repetir las consignas presidenciales: Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Luis Majul, Jorge Lanata. Las confabulaciones que inventaron entonces sobreviven hasta ahora, gracias a un sistema de justicia cooptado por el poder y el dinero.

Dos confirmaciones.

La semana pasada, los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata Rafael Oscar Julián, Alejandro Osvaldo Taza y Eduardo Pablo Jiménez confirmaron el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli dispuesto por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como instigador de la “producción de inteligencia ilegal sobre personas, sea por sus acciones privadas o por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”, en los casos de Jorge Castañón, exposo de la pareja sentimental de Stornelli, a quien analizaba la posibilidad de colocarle drogas prohibidas en el equipaje, y José Manuel Ubeira, el abogado al que Stornelli quería filmar en forma clandestina, porque dijo tener pruebas de que algunos de los arrepentidos de la Encuadernadora Glock habían sido extorsionados. La Cámara aceptó la defensa de Stornelli, avalada por el fiscal Juan Manuel Pettigiani, de que el espía inorgánico Marcelo Sebastián D’Alessio, que era un particular, engañó a Stornelli y que sólo los agentes públicos pueden cometer el delito de espionaje ilegal. Omitió así el artículo 11 de la ley de inteligencia, que también prohíbe “la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas, que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia, en cualquiera de sus etapas, asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”. También resolvió que debe profundizarse la investigación sobre el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, quien no quedó al margen de la causa, en la que sigue procesado por asociación ilícita y extorsión.

Al mismo tiempo, Ramos Padilla procesó a los jefes de la AFI, Arribas y Majdalani y a los responsables de las bases de inteligencia instaladas en nueve partidos del Gran Buenos Aires, por la realización de espionaje ilegal sobre 18 partidos políticos, 46 organizaciones sociales y de derechos humanos y 61 sindicatos, 13 de ellos docentes. La mayoría de ellos son policías retirados de la Bonaerense, como los comisarios Anìbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, pero también hay militares que atentaron contra el sistema constitucional. Estos son los antecedentes de algunos de ellos:

– El comisario Daniel Alejandro Salcedo, fue jefe de la policía bonaerense cuando su ministro de Seguridad era Stornelli.

– El comisario Vicente Antonio Melito fue sumariado por falso testimonio y falsedad ideológica en instrumento público, cuando desapareció el libro de guardia de la comisaría de Morón a su cargo.

– Alicia Susana Nocquet quien inició su carrera en investigaciones en 1977, a las órdenes de Miguel Etchecolatz cuando el jefe de la policía era Ramón Camps.

– El capitán del Ejército Andrés Máximo Maisano, quien en 1987 fue detenido y procesado por su participación en el alzamiento carapintada de Aldo Rico y recuperó la libertad dos años después gracias al indulto de Carlos Menem.

– El comisario Gustavo Carreiras fue separado de la custodia del ministro de Seguridad Juan José Álvarez, a raíz de las amenazas recibidas cuando comenzaron las investigaciones sobre corrupción.

Entre las actividades ilegales reseñadas figura una charla pública del autor de esta nota y de Elizabeth Gómez Alcorta en el centro cultural Bartolina de Morón. La actual ministra era entonces la defensora de Milagro Sala, y colaboró conmigo en el libro La Libertad no es un Milagro.

Con pocas horas de diferencia los camaristas federales de Mar del Plata Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez confirmaron el procesamiento de los mismos Arribas y Majdalani y del operador Alan Ruiz, dictada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, por el espionaje ilegal al domicilio de CFK y al Instituto Patria. Arribas y Majdalani dieron las órdenes, que Ruiz ejecutó, pocos días después de que se hiciera pública la actuación de la Encuadernadora Glock. Los agentes enviados a ambos domicilios declararon que debían informar si había movimiento de bolsos (sic). El pretexto falso que usaron, avalado por el ex juez de Lomas Federico Villena, fue que se investigaban posibles delitos de terrorismo, narcotráfico y trata de personas (sic).

Quoque te AFIP.

También la AFIP y Vialidad Nacional fueron puestas a realizar tareas ilegales de inteligencia, como se ventila en los juicios por el armado de causas apuntadas una vez más contra Cristina. La denuncia de la Administradora de Ingresos Públicos Mercedes Marcó del Pont contra sus ex predecesores Alberto Abad y Leandro Cuccioli, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, indica que entre los años 2016 y 2019 “se desplegaron en la AFIP acciones ilegales (de) hostigamiento fiscal (…) cumplidas con una finalidad de persecución contra la principal oponente política del entonces oficialismo, con una eventual afectación de derechos de difícil –sino imposible– reparación, tanto para ella como para sus hijos”. La presentación describe esas prácticas ilegales:

– Irregularidades en el análisis de la situación patrimonial y formulación de cargos inexactos contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.

– Fiscalización por funcionarios de la DGI distintos de aquellos que resultaban competentes.

– Miles de consultas en el sistema sobre información fiscal de la Vicepresidenta y sus dos hijos, sin fundamento legal siquiera aparente, a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo y eliminación de rastros informáticos sobre otras consultas ilegales, efectuadas al margen de procedimientos reglados, que constituyen un atropello institucional.

– Funcionarios del AFIP, como Jaime Mecikovsky, actuaron en causas judiciales del doctor Glock invocando representación del organismo. Actuó como “auxiliar de justicia” sin contar con autorización de las autoridades respectivas y sin haberse siquiera informado formalmente al organismo”.

– Se crearon grupos de trabajo para analizar la situación de ciertos contribuyentes, como Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Baez y de sus empresas, “cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento”.

– Se verificó una actuación coordinada con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales, así como también vías de comunicación alternativas. Tal coordinación de acciones entre funcionarios del Organismo e integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, “excedió la colaboración que la administración presta —en el marco de sus competencia— a la judicatura”.

Estos delitos se analizan en las causas de Vialidad, contra Lázaro Baez, y de Oil Combustibles, que fue empujada de modo deliberado a la quiebra mediante afirmaciones falsas, con el propósito de apoderarse de los medios del Grupo Indalo, como la señal de noticias C5N y la radio Diez, que rehusaron sumarse a la operación contra Cristina.

En la causa de Vialidad, un testigo tras otro demuelen la acusación en favor de la cual fueron citados: la auditoría que Javier Iguacel ordenó en cuanto asumió no encontró obras sin terminar, mala calidad de los trabajos ni sobreprecios. Tampoco es desproporcionado que una provincia cuya extensión es el 10,5% del territorio nacional concentre el 11,2% del presupuesto de rutas, tal como lo dispuso el Congreso.

En La Nación, el columnista Alejandro Carrió defendió la ley del arrepentido como un “instrumento indispensable contra la corrupción”. Carrió se presenta allí como “abogado, especialista en derecho constitucional”. Hay un desliz semántico. Eso fue su padre, Genaro Carrió, defensor de Jacobo Timerman durante la dictadura y juez de la Corte Suprema designado por Alfonsín. El hijo es abogado defensor y lobbista del Grupo Clarín, de Maurizio Macrì, de su primo Angelo Calcaterra y de su gerente Javier Sánchez Caballero, datos fundamentales que Carrió no menciona. La AFIP lo contrató para preparar a los testigos en el juicio oral contra Oil Combustibles, como contó uno de ellos en la audiencia. En la etapa de instrucción cumplió el mismo rol Ricardo Gil Lavedra, quien también malversa el prestigio obtenido como camarista en el juicio a Videla, Massera & Cia en las peores causas: las falsedades en que se basó la detención preventiva de López y De Sousa y los juicios de Gerardo Morales contra Milagro Sala. Igual que Carrió, es virtuoso en el manejo del doble mensaje: luego de conseguir el encarcelamiento de los titulares del Grupo Indalo, cuestionó como si fuera un académico neutral el uso de la prisión preventiva; en la causa de Morales contra Milagro, no puso su firma, sino la de un abogado junior de su estudio, Federico Wagner, quien coordinó con la presidente del Superior Tribunal Jujeño y con el área de derechos humanos de la Cancillería de Macrì, la presentación de testigos amañados ante la CIDH, para que no le concedieran la prisión domiciliaria a Milagro Algo similar hizo hace dos décadas: cuando le pregunté cómo era posible que el ministro de Justicia del gabinete en las sombras de la primera Alianza fuera abogado de Telecom contra los reclamos de los usuarios, aceptó que era incompatible y que renunciaría a esa defensa. Entonces delegó la tarea en una poco conocida abogada de su estudio. Ascendió la ladera del prestigio defendiendo los derechos humanos. La desciende como defensor de los poderosos que violan esos derechos, e intenta blanquearse con los argumentos en favor de la ley IVE en el Congreso, donde habla por boca ajena. Un acabado ejemplo de perversión.