Inicio Opinion El Estado como botín de guerra

El Estado como botín de guerra

La sabiduría popular acuñó una frase ingeniosa y de triste vigencia: «hay dos clases de dirigentes políticos, los que sirven al Estado y los que se sirven del Estado». Esta cita viene a cuento luego de conocerse en nuestro pago chico dos casos que reflejan a la perfección este grave problema institucional; uno sucedió en la delegación santarroseña del PAMI y el otro en dos localidades del interior provincial.
En la obra social de los jubilados se supo que los funcionarios políticos que ingresaron con el gobierno de Mauricio Macri gestionan su continuidad en el organismo como empleados de planta. Para ello se aferran a una decisión que, por lo que ha trascendido, es a todas luces fraudulenta: a la hora de ser designados en sus cargos políticos fueron nombrados, a la vez, como integrantes de la planta de personal.
El otro ejemplo es diferente en cuanto a las formas pero idéntico en lo que respecta a sacarle jugo al Estado en beneficio propio. En Ingeniero Luiggi y Catriló los concejales, apenas asumidos, se autoimpusieron aumentos en sus dietas provocando un gran malestar en la población y en los empleados municipales de ambas localidades. La indignación general llevó a ambos intendentes a vetar las ordenanzas que en beneficio de sus propios bolsillos se habían dictado los ediles. Se entiende que un dirigente que aspira a un cargo público -especialmente en un pueblo pequeño- conoce el nivel de retribución que le corresponderá. De ahí que debe sopesar antes si su vocación de servicio estará bien recompensada en lugar de utilizar las prerrogativas de la función en su propio provecho. Nadie está obligado a ocupar un cargo en el Estado. También se puede hacer política por afuera del Estado, aunque muchos no lo puedan creer.
En cuanto al caso del PAMI debe decirse que no es novedoso. Es muy conocida la práctica de acomodar acólitos en el Estado y muy utilizada en nuestra provincia por peronistas y radicales. Sin embargo, debe ser destacado en virtud de la forma en que se presentó en público el macrismo cuando llegó al gobierno nacional hace cuatro años, autoproclamándose como los «defensores de la institucionalidad» y de «la república» y despidiendo a miles de empleados y contratados en el Estado a quienes despectivamente calificaron de «grasa militante». Solo cuatro años después Macri se va del gobierno firmando un decreto que le otorga derechos a la estabilidad e indemnización a los miles de funcionarios que designó, una aberración política y jurídica que el actual gobierno está revisando.
En momentos de gravísima crisis socioeconómica y de vaciamiento del Estado son doblemente condenables estas maniobras espurias. Si no se cambia esta cultura del acomodo, esta forma vil de apropiarse del Estado, será muy difícil mejorar la calidad institucional.
El Estado requiere un cambio drástico, una reformulación mediante la separación tajante de sus dos grandes áreas: la planta de personal con su carrera técnico-administrativa -con ingresos y ascensos por concurso- y la planta de funcionarios que desempeñan cargos políticos, quienes deben llegar e irse del Estado en cada período de gestión. Si persiste el actual maridaje entre ambos nunca tendremos un Estado bien organizado y eficiente. Y, lo peor, se seguirán alimentando los ataques contra el sector público proveniente de los espacios conservadores y neoliberales que quieren un Estado escuálido y bobo ante la prepotencia del mercado.
El crecimiento paquidérmico de la burocracia estatal, la superpoblación de oficinas en donde trabaja en serio menos de la mitad de los empleados, es el resultado lógico de este desmadre, del cual todos los partidos son responsables. Porque hasta los más «republicanos» y «defensores de la institucionalidad» terminaron cayendo en las mismas prácticas clientelares de siempre.