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El fuego de los agronegocios

INCENDIOS EN CORDOBA

Los tremendos incendios que azotaron la provincia de Córdoba no son una «desgracia natural». Tienen origen en el accionar humano, a veces por negligencia, y demasiadas veces, por los negocios agropecuarios, mineros o inmobiliarios.
IRINA SANTESTEBAN
Fueron días de angustia para quienes habitan las localidades y parajes que estaban siendo destruidos por el fuego. Los bomberos no daban abasto; fueron días y noches codo a codo con vecinos y vecinas, combatiendo las llamas que se acercaban peligrosamente. Los incendios que se propagaron por las Sierras Chicas de Córdoba destruyeron 50.000 hectáreas del escaso bosque nativo que subsiste en esta provincia, donde la vegetación autóctona se desarrollaba generosamente antes de ser atacada por la voracidad del agronegocio y los emprendimientos inmobiliarios.
El Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), con asiento en Falda del Cañete, Córdoba, estima que entre 1999 y 2012 se quemaron 2.152.000 hectáreas, área que podría ser mayor, según las imágenes satelitales tomadas de los focos de calor.
En la zona serrana, entre 1987 y 2018 fueron 1,6 millones las hectáreas destruidas por los incendios, lo que representa el 58 por ciento de las sierras cordobesas. Las organizaciones ambientalistas calculan que sólo queda en la provincia el 3% de la superficie original de bosque nativo.

Plan que no sirve.
La provincia cuenta con un Plan Provincial de Manejo del Fuego, con fondos que hasta 2017 aportaba toda la ciudadanía a través de un impuesto incluido en la boleta de energía eléctrica que provee la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). En 2017, ese tributo se eliminó y pasó a Rentas Generales.
Sin embargo, se multiplican las críticas a las autoridades cordobesas por el manejo en relación a los incendios recurrentes que sufre la provincia, en particular en lo relativo a la prevención y a la falta de sanción para quienes utilizan el fuego con propósitos económicos. En los últimos años se redujeron los vigías en las zonas de mayor riesgo ígneo, lo que atenta contra la detección temprana de los focos de incendio. Para el gobernador Juan Schiaretti, la causa de los incendios y su magnitud, fueron «la sequía» y las altas temperaturas. Si bien son causas de mayor peligrosidad, todos los especialistas en materia de incendios reconocen que en el 95% de los casos el factor humano es el determinante, desde la negligencia de quien quema basura hasta la responsabilidad de los empresarios que utilizan el fuego como vía rápida de desmonte.

Portón cerrado.
Casa Bamba es una pequeña comunidad ubicada entre La Calera y comuna San Roque, a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que tiene una reserva natural y mantiene un litigio con la minera Mogote Cortado del empresario Roberto Camarassa. Esta empresa puso un portón en un camino público, que impide el acceso de los habitantes a sus casas, obligándolos a utilizar las vías del Tren de las Sierras. Se promovió una denuncia judicial en febrero de 2019, pero no hay respuesta a los reclamos. La semana pasada, el fuego destruyó una gran parte de esa comunidad, que debió ser evacuada por las vías porque ni siquiera en semejante situación, la empresa se avino a abrir el portón para permitir el paso de los bomberos y la salida de los habitantes.

Ecocidio.
En Villa Allende, a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el fuego llegó muy cerca y organizaciones de esa localidad responsabilizaron tanto al gobernador como al intendente de Juntos por el Cambio, Eduardo «Gato» Romero, a quienes acusan de «desidia» y de facilitar un «ecocidio». Desde el Frente de Todos emitieron un documento denunciando que el fuego devoró un 80 por ciento de la superficie total de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende, creada en el año 2002, unas 6.000 hectáreas. Exigen programas de prevención, alarmas tempranas, planes de contingencias, recursos económicos específicos y leyes de conservación ambiental, definidas con participación ciudadana.

Suelos devastados.
Otras consecuencias de estos incendios, además de la pérdida de la flora y fauna nativa, son la destrucción del suelo y la degradación de los ríos, con las cenizas que serán lavadas por el agua de las lluvias y llevadas hacia los cursos de agua. Los vecinos de Casa Bamba denuncian que el fuego destruyó vegetación de las sierras y que, con las próximas lluvias, el agua correrá directamente hacia las casas provocando inundaciones. Es que los árboles y sus raíces, así como la vegetación que crece naturalmente, sirven como retención de las aguas pluviales. Es sabido que la deforestación trae aparejado el riesgo de inundaciones, al privar al suelo del factor de retención que constituyen los árboles y la vegetación. En febrero de 2015, una terrible inundación azotó la zona de Unquillo, Villa Allende, Río Ceballos, y otras localidades ubicadas al norte de la capital, con grandes pérdidas.

Defensa del bosque.
Organizaciones socioambientales que conforman la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo (Codebona) emitieron un documento muy crítico del gobierno provincial por los incendios, destacando que se produjeron en áreas protegidas por la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Afirman que la provincia se encuentra en Urgencia Ambiental y que descreen que una eventual declaración de Emergencia traiga soluciones, al no asumir el gobierno su responsabilidad por la destrucción del ecosistema, sea por su omisión, ausencia o intencionalidad.
Critican la declaración de «zona de desastre agropecuario», porque así queda claro que sólo se protegen los intereses político-productivos, sin hacer referencia alguna a la destrucción del bosque nativo y el ecosistema.
Exigen que el plan de reforestación se haga con especies nativas y no foráneas, con semillas y plantines cultivados localmente por los pequeños productores y viveros.
Reclaman una Auditoría de la Nación, con un proceso participativo claro, público y planificado que no sea la Legislatura, en la cual el oficialismo tiene mayoría absoluta. También una real educación ambiental en todos los espacios educativos, con programas relativos al cuidado del bosque nativo y la prevención de incendios.
Por último, piden el castigo efectivo a los responsables de los incendios y la atención plena a los damnificados, sean personas, familias y/o comunidades, en particular los campesinos y productores agroecológicos, quienes se encargan de la protección del monte nativo.
Esos reclamos son muy justos, pero muy difícil que Schiaretti los atienda, más preocupado por cuidar a los empresarios y no al ecosistema del territorio que gobierna ya en su tercer mandato.