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El gobierno de los jueces

La cautelar que presentó una agrupación política pampeana para frenar la legalización del aborto forma parte de una reacción de los grupos más conservadores del país que no se resignan a vivir bajo las reglas de la democracia. Pero lejos está de constituir un caso aislado. Hace pocos días una jueza del Chaco dio lugar a una presentación similar y detuvo el reloj de la historia en esa provincia.
Mientras los ojos se posan ahora en los tribunales pampeanos -y aun presuponiendo que en este caso el recurso no tendrá cabida- se hace necesaria una profunda reflexión acerca del rol que juegan hoy los poderes del Estado y cómo uno de ellos, el Judicial, ha ido expandiendo sus dominios invadiendo territorio de los otros dos.
Es larga la lista de cuestiones que siguieron un camino parecido, es decir, determinados sectores -por lo general vinculados a grupos políticos conservadores o incluso al poder económico- se dicen agraviados por una ley emanada del Congreso Nacional y encuentran en los ámbitos tribunalicios las puertas abiertas y la atenta predisposición para frenar la aplicación de los instrumentos legales que la ciudadanía se da a través de sus representantes legítimamente elegidos para elaborar las leyes en el Parlamento.
Entre esos casos se podría citar la oposición a la vacuna contra el Covid-19, el suministro mortal de dióxido de cloro, el ya mencionado del aborto, el decreto presidencial declarando servicios públicos a las telecomunicaciones, el impuesto a las grandes fortunas, la Ley de Medios Audiovisuales, la reforma judicial que intentó infructuosamente el gobierno kirchnerista, por mencionar solo algunos de ellos.
En todos estos casos, y en muchos otros que sería muy largo enumerar, la búsqueda del bien común se desvirtúa y queda relegada -por la mirada conservadora de los accionantes y los magistrados- al interés particular de un grupo o una persona. Como en nuestro país funciona esa anacrónica doctrina del «control difuso de la constitucionalidad», cualquier juez puede, por sí solo, declarar la inconstitucionalidad de una ley debatida y sancionada por 257 diputados y 72 senadores elegidos por la totalidad de la ciudadanía. Es difícil encontrar una burla a la soberanía popular más brutal que esta.
Pensando en este grave problema institucional es que varios espacios políticos y reconocidos juristas vienen lanteando una profunda reforma al elitista sistema judicial argentino. Dicha reforma excede por mucho la conformación numérica de la Corte Suprema, o la cantidad de tribunales federales y ordinarios, pues apunta al corazón mismo de un poder que fue diseñado, hace más de doscientos años, para «controlar» los «excesos» de la democracia. No con esas palabras, desde luego, pero sí con esa intención fue que se diseñó el formato del Poder Judicial en la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Nuestro país tomó como modelo -poco menos que con el método copy-paste- ese texto y así fue que se introdujo en nuestra ley suprema la misma arquitectura jurídica.
¿Hace falta recordar, otra vez, que la Corte Suprema de Justicia llegó al extremo de convalidar el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen mediante una acordada? Esa decisión judicial fue la base de sustentación «legal» de los sucesivos golpes militares que sufrieron los argentinos a lo largo del siglo XX. No es un dato menor el que cada una de esas usurpaciones violentas derrocaba a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo pero no tocaba a los del Judicial. Favor con favor se paga.
En los años noventa del siglo pasado, la misma Corte Suprema resolvió, mediante acordada, que los jueces quedaban libres de pagar el Impuesto a las Ganancias, cobrando, como lo hacen, los salarios más altos del Estado. La Constitución ordena que los jueces de la Corte dejen su cargo a los 75 años. La única jueza mujer pasó ese límite hace tres.