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El gobierno de los jueces

No debe haber otro país en el mundo en donde su máximo tribunal de justicia se entromete a resolver sobre cuestiones de gobierno, estrictamente operativas, en la lucha contra la pandemia que azota al planeta. Otra evidencia de cómo ciertos sectores del Poder Judicial, su cúpula incluida, han dejado muy atrás todo atisbo de la cacareada independencia.
La epidemia de coronavirus no afectó a una sola jurisdicción, los virus no suelen respetar los arbitrarios límites políticos. En Argentina todas las provincias y la CABA están afectadas, por lo tanto, es un problema federal antes que local. Que la Corte cuestione la denominación AMBA porque no tiene estatus constitucional muestra una estrecha mira leguleya, apartada de todo contacto con la realidad. La avenida General Paz no es una barrera contra el Covid-19, aunque sus señorías pretendan convencernos de lo contrario.
La Corte cuestiona el basamento científico del DNU del gobierno nacional. ¿Los miembros del tribunal tienen herramientas técnicas para emitir ese juicio; y hacerlo sin consultar a expertos o peritos?
La derecha festeja esta intervención y no le faltan motivos. Está hecha a medida de sus deseos y necesidades políticas. El aparato judicial sabe mucho de eso de complacer al poder real. Hace pocos días un tribunal anuló una resolución del gobierno nacional que declaraba servicios públicos a internet, la telefonía celular y la TV por cable; y lo hizo a pedido del Grupo Clarín. Bajo el macrismo esta misma Corte avaló la «doctrina Irurzun», el espionaje ilegal y los sorteos de causas farsescos que siempre recaían en el mismo juez cuando se trataba de casos contra la actual Vicepresidenta de la Nación. Si nos vamos un poco más atrás, encontramos el ominoso «dos por uno» que esta misma Corte intentó aprobar para beneficiar a los represores del terrorismo de Estado. ¿Hacen falta más ejemplos?
Los especialistas harán sesudos análisis técnicos y se demorarán en los puntos y comas de los dictámenes. Dirán poco y nada de que esta vez hubo no una sino cuatro decisiones distintas. Maqueda y Rosatti por un lado, en forma separada Lorenzetti y Rosenkrantz y, por último, Highton para quien la Constitución establece que no hay competencia originaria de la Corte para abordar este tema.
Tampoco mencionarán el hecho de que los cinco magistrados no resolvieron en forma presencial. No trabajaron en la sede de la Corte; lo hicieron desde la virtualidad, en sus confortables domicilios, desde donde se permitieron habilitar que los trabajadores de la educación -que no tienen ni sus sueldos, ni sus prerrogativas- sean obligados a la presencialidad, aunque en las escuelas de la CABA se hayan registrado miles de contagios de chicos y adultos. Para los solemnes jurisconsultos de la derecha este tema tan trivial ni figura entre sus preocupaciones.
La Corte se permitió pontificar sobre la «concertación» y la «buena fe» en la relación entre el gobierno nacional y las jurisdicciones inferiores. Puro voluntarismo para la tribuna. En la última reunión del Consejo Federal de Educación solo dos jurisdicciones se opusieron a las medidas de cuidado sanitario: la CABA y Mendoza, ambas gobernadas por la derecha macrista.