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El gobierno en el banquillo de la ONU

Las graves y numerosas irregularidades que cometió el gobierno de Mauricio Macri en el Poder Judicial se están investigando en la Organización de las Naciones Unidas. La Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados del organismo le otorgó un plazo de 60 días al Estado argentino para que responda sobre las arbitrariedades y manipulaciones que tuvieron lugar en los tribunales de nuestro país.
El comienzo de esta actuación se inició con una denuncia de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentada en septiembre del año pasado en donde se detalla una gran cantidad de casos que conforman «un plan sistemático y estructural del Estado» para avasallar la independencia del Poder Judicial.
Entre los abusos citados por los abogados de AJUS figura el intento de designar jueces de la Suprema Corte de Justicia por decreto, la designación irregular del diputado Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura para obtener la mayoría política en el cuerpo, las presiones ejercidas contra Alejandra Gils Carbó para forzar su renuncia a la Procuración General, los ataques a los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero para removerlos de sus cargos, la manipulación de fiscales en la causa por el concurso preventivo del Correo Argentino propiedad de la familia presidencial, las designaciones ilegales en la Cámara de Casación Penal, el nombramiento sin concurso del juez con competencia electoral Juan Manuel Culotta, amigo personal de Macri y del secretario Legal y Técnico de la Presidencia Pablo Clusellas entre muchos otros casos.
A esta altura nadie debería declararse sorprendido porque desde el mismo inicio del gobierno de Cambiemos se hizo notoria la voluntad de pasar por arriba de todas las normas y las tradiciones en cuanto a los vínculos institucionales que debe guardar los poderes Ejecutivo y Judicial. Desde la recuperación de la democracia nunca se había visto un accionar tan grosero lo cual derivó en un estado de desprestigio generalizado del aparato judicial. Además, al calor de este clima asfixiante, se llevó a cabo una persecución implacable de dirigentes, exfuncionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo con abusos procesales inauditos como, entre otros, la generalización de la prisión preventiva. La «guerra con la ley» -law-fare- tomó cuerpo en nuestro país con un nivel de hostigamiento desconocido hasta ahora y se expresó en una gran cantidad de detenidos sin condena.
La degradación del funcionamiento judicial derivó en la participación de jueces y fiscales en estructuras paraestatales de espionaje ilegal. El denominado D’Alessiogate permitió conocer una enorme estructura subterránea que contó con complicidades hasta en cargos ministeriales y legisladores nacionales.
Si el gobierno de Macri no realiza los descargos antes del 10 de diciembre deberá hacerlo su sucesor. En cualquiera de los dos casos podría ser un buen punto de partida para promover las investigaciones de tantas irregularidades cometidas en tan poco tiempo y por tan altos funcionarios nacionales.