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El hacinamiento de los presos

El gravísimo enfrentamiento de reclusos de la Alcaidía de General Pico, que terminó con un muerto y un herido de gravedad que necesitó de una intervención quirúrgica, volvió a exponer con crudeza un problema que lleva muchos años de tramitaciones y debates sin que hasta el momento se alcance una solución satisfactoria. La Alcaidía de la ciudad norteña, como las otras de la provincia y, también, las comisarías, están sobrepobladas de detenidos. Con un agravante, prácticamente la mitad de ellos ya tiene condena por lo tanto debiera ser trasladada a una unidad carcelaria.
Esa sobresaturación de detenidos ya fue advertida por defensores oficiales y magistrados, y reconocida tanto por las autoridades políticas como policiales. Los contratiempos que surgieron luego de firmarse un convenio con el Servicio Penitenciario Federal, por las trabas burocráticas y dilaciones que el organismo nacional opuso, viene dilatando un proceso que requiere urgencia como pocos: la reducción de la cantidad de presos que se hacinan en dependencias policiales. El Estado provincial realizó inversiones en la Colonia Penal para alojar a condenados pampeanos, pero nunca pudo hacer uso de esos pabellones salvo en forma parcial. Hasta fuertes controversias judiciales hubo por esta cuestión.
Es bien sabido que tanto las alcaidías como las comisarías no son ámbitos para mantener confinadas por un largo plazo a las personas que han infringido la ley. No tienen las dimensiones ni la infraestructura adecuada para cumplir con ese cometido. Tampoco los policías están capacitados para cumplir con la función de atender los requerimientos de una población carcelaria. Si encima están alojadas muchas más personas de las que permite la capacidad disponible los problemas de hacinamiento no tardan en llegar. De hecho, el trágico enfrentamiento en la Alcaidía piquense no hace más que confirmarlo: dos decenas de individuos se trenzaron en una feroz pelea interna que acabó con la vida de uno de ellos en tanto otros presos y varios uniformados recibieron heridas producto de los enfrentamientos.
La Constitución y las leyes ordenan que las cárceles no deben ser lugares de martirio y humillación. El déficit en este terreno es más que evidente y, como se dijo, ya fue advertido reiteradamente. Lo que hizo la pelea de internos fue poner el tema sobre el tapete una vez más. La resocialización, tan declamada en los discursos oficiales, resulta imposible alcanzar en estas condiciones de precariedad.
Se sabe que el gobierno pampeano volvió a insistir ante organismos nacionales para lograr alguna respuesta, en tanto un funcionario descartó que se esté proyectando un establecimiento penitenciario provincial.
La agilización de los procesos judiciales, con la introducción de los debates orales en el sistema penal pampeano, provocó un resultado paradójico: volvió menos pesado y lento el accionar de los tribunales y, con ello, aceleró el dictado de sentencias. Todo un logro. Pero a la vez desnudó la carencia del sistema carcelario que no fue preparado para actuar ante la mayor demanda que el cambio exigía.