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El horror de la dictadura

Los juicios contra los militares y civiles que participaron en la represión durante la última dictadura siguen revelando las atrocidades que se cometieron en aquellos años. Uno de los procesos que se está sustanciando en Córdoba por estos días muestra los niveles de crueldad inauditos que se padecieron en las mazmorras de los genocidas. En las audiencias del juicio conocido como «Diedrichs-Herrera» se revelaron las torturas sufridas por un bebé secuestrado junto con sus padres. Aquel niño hoy es un adulto de 44 años que milita en la agrupación Hijos y expresa públicamente que busca «justicia, no venganza».
El relato de un familiar fue estremecedor cuando detalló las marcas que el pequeño presentaba en su cuerpo provocadas por golpes y maltrato. Al niño lo devolvieron en estado deplorable, y a sus padres los llevaron a La Perla y continúan desaparecidos. Eran los años en que Córdoba gemía bajo la bota de los Menéndez y los Vergez y los campos de concentración desbordaban de víctimas de la cacería humana.
La continuidad de estos juicios permite que los argentinos tengan la ocasión de seguir recordando lo que fue aquella experiencia ominosa y no se dejen seducir por los mensajes de la derecha política y mediática que sigue promoviendo una «reconciliación con el pasado» sin justicia, inadmisible para las víctimas.
Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se les concedió prisión domiciliaria a centenares de condenados por delitos aberrantes, se hizo todo lo posible por desacreditar y demorar los procesos judiciales y el discurso público de Cambiemos atacó con insistencia goebbeliana a los organismos defensores de los derechos humanos y su política de memoria, verdad y justicia
Muchos tribunales concedieron esos privilegios a pesar de tratarse de crímenes de lesa humanidad, lo cual habla a las claras del comportamiento sinuoso de muchos jueces y fiscales que proceden según los vientos políticos del momento. No es un problema menor, por el contrario, si hoy el Poder Judicial está en la picota es porque no pocos de sus integrantes no han podido garantizar niveles de independencia acordes a lo que se espera de un poder del Estado. Tampoco es un problema nuevo; sin ir más lejos, durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el país durante buena parte del siglo pasado, el Judicial era el único poder que continuaba en funciones, en cambio el Ejecutivo y el Legislativo, invariablemente, eran clausurados y sus funciones reemplazadas por los dictadores. Esa marca parece que cuesta mucho borrarla, a pesar del arduo trabajo que llevaron a cabo muchos tribunales que juzgaron a los genocidas con procedimientos y veredictos inobjetables desde lo jurídico y lo ético.
Este caso conmocionante que nos llega desde Córdoba debería servir para ratificar el compromiso de todas las expresiones políticas y sociales que dicen representar los intereses de las mayorías populares, con la continuidad de los juicios a los represores hasta que el último de ellos sea juzgado. Los únicos que no quieren estos procesos son los que se beneficiaron de la dictadura. Son pocos pero poderosos, y tienen muchos medios para hacer ruido.