El INTA y otro ataque a la ciencia

Seis décadas atrás, a fines de 1956, la actividad agropecuaria nacional tuvo una noticia que marcaba el inicio de un nuevo tiempo: en la Argentina, país esencialmente agroganadero, se creaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Desde aquella fecha la institución encauzó buena parte de la actividad, generando conocimiento y expandiéndolo a todo el ámbito agrario, sin distinción de niveles, ganando un prestigio que trascendió nuestras fronteras basado en el rigor de sus investigaciones. Antecedentes tan significativos tornan inexplicable el anuncio de la reducción de su plantel a partir del año próximo en unos 600 empleados, número que, sumado a los ya más de 300 cesanteados, redondea el millar. La medida implica la supresión de buena parte de las investigaciones en marcha, lo mismo que los cursos de extensión destinados a pequeños y medianos productores.
Es imposible entender, por lo irracional, el fundamento de esta decisión que se ensaña con una fuente de conocimiento soberano como lo es el INTA. Pareciera que la exigencia de "dotaciones óptimas" no se detiene ante nada en su objetivo de achicar el gasto público tal como lo viene exigiendo el FMI a cualquier precio. Esta decisión, qué duda cabe, encamina la institución hacia un seguro vaciamiento lo cual implica desechar a una generación de investigadores, tragedia ya vivida en aquellos oscuros años en que Domingo Cavallo se permitía despreciar a los científicos.
Las justificaciones que bajan desde los más altos niveles políticos son las de siempre, inconsistentes y divorciadas de una realidad cada vez más terrible para el país. Si el gobierno no hubiera quitado las retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras (que favorecieron a las empresas más concentradas de ambas actividades) no habría problema para lograr el financiamiento del INTA. Por lo demás, con los cuantiosos recursos que el Estado pierde solamente en un día de bicicleta financiera la entidad aseguraría la mayor parte de su presupuesto.
La ofensiva contra los organismos técnicos que contribuyen a la evolución de la actividad agropecuaria carece de todo sustento lógico. Con la misma excusa del plan de reducción de personal que se impone desde el Ministerio de Agroindustria, en las últimas semanas han proliferado los despedidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, un organismo estratégico para asistir a los productores de menor escala y, por lo tanto, más vulnerables.
Esta campaña depredadora viene a desnudar el desinterés del gobierno por defender al conjunto de la actividad productiva nacional al concentrar su interés exclusivamente en las corporaciones más poderosas. La misma rigidez de lineamientos se observa con relación a la actividad industrial cuyas Pymes agonizan -y cierran por miles- frente a las tasas de interés usurarias, las tarifas impagables y la apertura indiscriminada al ingreso de productos de todo el mundo,
Al abandonarse el desarrollo integral científico y tecnológico el país que se está configurando al compás de esta derecha neoliberal se va pareciendo cada vez más a una factoría colonial que a una nación soberana con conocimiento autónomo.