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El lustro infame

Por estos días se cumplen cinco años de las votaciones llevadas a cabo en el Congreso brasileño, que derivaran en la destitución de la presidente Dilma Rousseff. A todos los efectos, puede decirse que la fecha también marca un aniversario del fin de la democracia en Brasil, y los resultados de aquel golpe están a la vista.
Tras una dictadura que duró más de dos décadas, Brasil había retornado a la democracia en 1985, dentro de la oleada histórica que puso fin a los gobiernos militares en toda Latinoamérica. Su sistema institucional venía fortaleciéndose sensiblemente, superando incluso el traumático proceso de destitución de un presidente corrupto durante la década de los noventa (Fernando Collor de Melo, la versión carioca de nuestro Carlos Menem).
Con el nuevo milenio, el país vecino experimentó por primera vez en su historia un gobierno de neto corte popular, liderado por el Partido de los Trabajadores (PT) que, sin descuidar un ápice el funcionamiento de la economía -que creció en forma continua- promovió la salida de la pobreza a más de veinte millones de ciudadanos. En determinado momento de este proceso, Brasil llegó a desbancar al Reino Unido para colocarse en el quinto lugar mundial como potencia económica, al tiempo que su liderazgo político y diplomático en la región y en el mundo crecía notablemente.
Promediaba el cuarto mandato de esa fuerza política progresista, y el inicial auge de crecimiento económico, seriamente complicado por la crisis financiera mundial de 2008, había menguado. Para complicar aún más el panorama, habían salido a la luz algunos episodios de corrupción -particularmente con la petrolera estatal Petrobras- que salpicaban a algunos funcionarios del gobierno.
En este marco fue que la elite económica brasileña, contando con el servicio corrupto de los medios de comunicación concentrados, promovió la destitución de la presidente legítima, en base a acusaciones por prácticas de contabilidad pública que no constituían delito ni causa válida de juicio político ya que habían sido utilizadas por todos los gobiernos anteriores.
Quienes sí estaban seriamente implicados en caso de corrupción eran sus acusadores: tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como el vicepresidente Michel Temer -que reemplazó a Rousseff- fueron luego encarcelados por comprobarse el cobro de coimas millonarias.
Durante aquel proceso de destitución tomó notoriedad un oscuro diputado que, al votar a favor de la destitución, dedicó su voto a un militar de la dictadura brasileña, responsable de las torturas que Rousseff había sufrido entonces como presa política. El diputado en cuestión se llamaba Jair Bolsonaro.
El resto es historia conocida. Durante el mandato de Temer se convocó a nuevas elecciones, en el marco de las cuales el candidato del PT, Lula da Silva, amplio favorito en las encuestas, fue proscripto mediante unos amañados procesos judiciales en su contra. El juez que los llevó a cabo, pasó luego a ser ministro del nuevo gobierno encabezado por Bolsonaro.
Hoy Brasil es un verdadero caos político, con un gobierno federal desquiciado, una economía y una ecología devastadas, y se encamina a transformarse en el centro mundial de la pandemia del Covid-19, con miles y miles de muertos.
De existir la justicia, los promotores de aquel golpe de hace un lustro, deberían pagar por todos estos crímenes.