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El macrismo destruye el proyecto satelital

LA SOBERANIA TECNOLOGICA NO LE INTERESA AL GOBIERNO

Mientras desmantela los avances satelitales soberanos el gobierno prefiere contratar a empresas extranjeras. Despiden a personal altamente capacitado y recortan el presupuesto de los proyectos en marcha.
GUSTAVO SARMIENTO Y JORGE GOMEZ
Fue un orgullo argentino, pero actualmente navega entre la inercia y el vaciamiento. Desde la llegada del macrismo, la política satelital combinó despidos, desmantelamiento de programas y la desregulación del mercado en favor de actores privados. Y los últimos días fueron una muestra: se anunció que la empresa estatal VENG no realizará inversiones y se habilitó un nuevo ingreso extranjero como proveedor al sistema satelital argentino. El futuro de la soberanía espacial permanece en terapia intensiva.

Menos trabajo y presupuesto.
Mediante la Resolución 496, el Ministerio de Hacienda aprobó el 11 de junio un recorte presupuestario en Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG SA), que paraliza el programa de acceso al espacio. Sin tanto nombre como Arsat o Invap, es una firma estatal clave en el sistema satelital argentino. Se trata del brazo ejecutor de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en el lanzamiento de dispositivos al espacio, con el programa ISCUL (Inyector Satelital de Cargas Utiles Livianas), que se ocupa del desarrollo de los vehículos de lanzamiento Tronador II y III, hoy casi abandonados. A su vez, VENG fabrica componentes, antenas, electrónica y software para misiones como SAC-D/Aquarius y el Satélite Argentino de Observación de Microondas (Saocom). En el último año perdió 60 puestos de trabajo y el plan presentado para la empresa no contempla nuevas inversiones. Establece, por el contrario, una «reestructuración» que la enfoca en servicios de ingeniería y la comercialización de los datos de la misión del Saocom a terceros. Este año directamente se eliminó como objetivo el avance de las instalaciones de lanzamiento en el Centro Espacial Manuel Belgrano. Su presupuesto para 2019 es de 535 millones de pesos: 268 millones menos que lo pautado el año pasado, con una inflación del 50% y en un mercado netamente dolarizado.
«El último ensayo del vector experimental fue en 2017. Fracasó y después se frenó todo. La inercia incluye los Saocom, que se construían desde hacía 20 años. La inversión en la Conae cayó de 200 millones de dólares a 50 millones con esta gestión», remarca Guillermo Rus, ex vicepresidente de Arsat y actual director del sitio especializado Latam Satelital. «No es sólo lo que se dejó de hacer, tampoco se les cae una idea. No hubo una sola propuesta nueva».

Despidos por goteo.
Invap y Arsat son dos claves del sistema satelital. Ambas firmas están atravesadas por despidos realizados «por goteo», según denuncian los trabajadores, para evitar que llamen la atención. En marzo echaron a once personas de Invap, sin causa. El directorio habló de «un cambio de perfil en recursos humanos».
Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Invap (firma estatal de Río Negro) multiplicó por cuatro su planta. La Argentina terminó incluida entre las siete naciones capaces de desarrollar y lanzar sus propios satélites. Pero todo fue frenado. Durante una visita a Invap, Mauricio Macri aseveró: «Los contratos que tenía la Nación en Invap eran de la época de la magia, y la plata no está».
De acuerdo al informe que la empresa envió a la Legislatura rionegrina en noviembre pasado, la deuda del gobierno nacional por distintos proyectos supera los 660 millones de pesos. Entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, Cambiemos suspendió el desarrollo del grupo de satélites SARE, los SARA-UAV, y el más paradigmático: el Arsat-3, con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat SA), creada en 2006 y que lanzó el Arsat-1 (en 2014) y el Arsat-2 (en 2015).
Dejar de fabricar el Arsat-3 tiene su costo. El Estado argentino debe salir a adquirir servicios extranjeros que ofrezcan lo que iba a generar el satélite propio, y también para no perder la posición orbital. Son más de 25 los satélites extranjeros que habilitó el macrismo desde que asumió el poder. En febrero autorizó el alquiler del satélite Astra-1H a la empresa europea SES, para evitar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones le quite los derechos de uso en la posición orbital 81 grados oeste. El alquiler de este satélite, con más de 20 años de uso, costó siete millones de euros. En abril se sumó en esa misma frecuencia de banda Ka la empresa brasileña Hispamar SA, subsidiaria de la española Hispasat. Lo último ocurrió hace pocos días, cuando la Jefatura de Gabinete dictó la Resolución 1103, que incorpora el satélite Telstar-19 Vantage, del operador canadiense Telesat.

Soberanía sepultada.
«El desarrollo de Arsat en la actualidad es casi nulo -se lamentan los trabajadores de la empresa, que pidieron reserva por la ola de despidos-. La política actual en el mercado satelital es nefasta y lo único que propician es el negocio privado».
Ya a principios de año, y con el justificativo de promover la «competencia» y el «desarrollo regional», se modificó por decreto la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, sancionada en 2015, para otorgar «participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados». Las licitaciones del espectro, antes potestad de Arsat, serían entre julio y agosto. La soberanía satelital quedó sepultada. (Extractado de Tiempo Argentino).