El manual macrista para perseguir jueces

La persecución contra los magistrados que no fallaban según los intereses de Macri fue moneda corriente en la administración anterior. Mahiques fue el verdugo.
FRANCO MIZRAHI
El actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, fue un actor clave en la persecución judicial que impulsó Mauricio Macri mientras gobernó el país. Fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, institución desde donde Cambiemos ejecutó la presión sobre los jueces que no fallaban en sintonía con los intereses de la Casa Rosada.
En el órgano que selecciona y sanciona jueces, Mahiques tuvo a su cargo expedientes muy sensibles como los de los jueces laborales que se manifestaban a favor de los trabajadores despedidos por el Gobierno. También instruyó la denuncia contra la camarista Ana Figueroa, la jueza que dio a entender que este funcionario la visitó en su despacho para influir en su voto en la causa del Memorándum con Irán. Y tuvo un rol central en la destitución del camarista Eduardo Freiler y el pedido de juicio político contra el juez del D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla.

Denuncias al por mayor.
El expediente 106/17 se inició hace tres años a partir de una denuncia que impulsó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra los camaristas del fuero laboral, Luis Raffaghelli y Diana Cañal. El Gobierno pidió el juicio político y destitución de esos dos magistrados por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de trabajadores despedidos de ls Afsca. Los jueces consideraron que esos empleados fueron despedidos por razones discriminatorias, es decir, por pertenecer a una agrupación política. El instructor de ese expediente fue Mahiques. La denuncia, que buscaba el desplazamiento de los magistrados, estuvo un año abierta. Se cerró el 29 de mayo de 2018. En tribunales interpretaron el hecho como una forma de intimidación de los «jueces díscolos».
Por ejemplo, la jueza Mirta González Burbridge reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional y fue denunciada en mayo de 2017 por esa repartición. Pedían su destitución. El 5 de abril, Mahiques pidió la postergación del proceso disciplinario a los efectos de que el caso siguiera vigente y así continuase la presión sobre los jueces de ese fuero. El ataque contra González Burbridge también fue por el contenido de su sentencia.
Otro caso fue el de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes el gobierno de Macri denunció luego de que dieran lugar a una cautelar presentada por La Bancaria para que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario de 2016 y que el Ejecutivo no quiso legitimar. El Ministerio de Trabajo pidió su juicio político. Si bien la instrucción la realizó el diputado PRO Pablo Tonelli, Mahíques reclamó como medidas de prueba pedir a Facebook los posteos del perfil de Arias Gibert. La medida no fue aprobada porque los consejeros que representaban a los magistrados se opusieron.

El caso Freiler.
El juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Freiler fue desplazado de forma escandalosa en noviembre de 2017. Previo a su corrimiento se dio su suspensión y envío a jury en el Consejo. El macrismo no tenía los votos (necesitaba 9 sobre los 13 del plenario y tenía 8). Entonces el macrismo aprovechó el día de la jura en la Corte de un nuevo consejero (Mario Pais) para avanzar contra Freiler. Así, trabajó con una conformación reducida del consejo de 12 miembros. Eso habilitó que la mayoría se conformarse momentáneamente con 8 votos en lugar de 9.
Para poder votar rápidamente con esos números, tal como consta en actas, Mahiques pidió en ese plenario que se altere el orden del día. Si se hubiera seguido el curso normal de esa sesión, Cambiemos no hubiera tenido mayoría. El caso de Freiler estaba muy abajo en el temario y para cuando se iba a tratar, Pais posiblemente hubiera llegado. En febrero de este año se cerró la investigación contra Freiler que hacía foco en su crecimiento patrimonial, la excusa que se usó para destituirlo.

La presión a Figueroa.
Mahiques fue el consejero que instruyó la denuncia contra la jueza Ana Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. La denuncia la realizó el Colegio de Abogados de la CABA (de la calle Montevideo), donde se juntan abogados de empresas y escribas de las dictaduras. El disparador fue un artículo de Carlos Pagni en el diario La Nación. Una de las denuncias la realizó el colega de Figueroa, Juan Carlos Gemignani, por un conflicto en torno a mobiliario y computadoras. El inicio de ese episodio terminó con una secretaria de la cámara encarcelada por decisión de Gemignani. Esto le valió al camarista una sanción en el Consejo. La denuncia contra Figueroa terminó archivada pero estuvo abierta tres de los cuatro años que gobernó el macrismo. En ese tiempo, Figueroa fue compañera de sala de Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, quien llegó a la Casación por decisión de Macri, a dedo.

Contra Slokar.
Otros dos jueces de Casación que tuvieron una causa abierta en manos de Mahiques entre 2016 y 2019 (es decir, no se desestimó) fueron Alejandro Slokar y Pedro David (renunció en 2017). Curiosamente, ninguno de los dos solía fallar a favor de los intereses de la Casa Rosada. El expediente 261/16 se inició por una denuncia de un grupo de represores. Se cerró el 12 de septiembre del año pasado. Paradojas de tribunales: el genocida Lucio Nast que impulsó la acusación fue recientemente favorecido con la prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus. El beneficio se lo otorgó la sala II de la Casación Federal que integran Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista. Slokar votó en disidencia.

También a Ramos Padilla.
Otro hecho que tuvo a Juan Bautista Mahiques como protagonista fue la avanzada contra el juez federal de Dolores que impulsó el D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla. El representante del Ejecutivo fue el que presentó el pedido de juicio político en el órgano que selecciona y sanciona jueces. Lo hizo a pedido del entonces presidente Mauricio Macri, quien estaba muy molesto con el magistrado por haber destapado una red de espionaje ilegal con terminales políticas, judiciales y periodísticas. No era para menos: salpicaba a su entorno político. Ese expediente sigue abierto en el consejo. (Extractado de El Destape).