El ninguneo al Coirco

El postergar nuevamente la reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del río Colorado (Coirco) vuelve a poner sobre el tapete la funcionalidad efectiva de este organismo, esencial al desarrollo de cinco provincias argentinas.
Es cierto que el faltazo de los gobernadores y el ministro del Interior, integrantes obligados del organismo, no es nueva; en períodos anteriores hubo reuniones suspendidas y postergadas por distintas razones alegadas por sus integrantes. El Consejo de Gobierno debería reunirse dos veces al año, algo que tampoco ocurrió en 2018 pese a los reiterados pedidos de La Pampa y de allí el “profundo malestar” generado dentro del gobierno provincial. Una determinación tan súbita en momentos tan complejos para los problemas de la cuenca, parece indicar que tras esta última suspensión “hasta nuevo aviso por falta de quórum” se ocultan motivaciones políticas. Para peor la inorganicidad de la comunicación sugiere, cuánto menos, una actitud de desaprensión hacia el organismo.
Las circunstancia políticas hacen que el Coirco atraviese momentos difíciles que generan un desgaste evidente para su condición de autoridad de cuenca. En algún caso son el resultado de un formidable desconocimiento técnico-político de la situación por parte de sus actores, como cuando meses atrás la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se refirió al caudal que le correspondía a su provincia para un eventual trasvase del Negro al Colorado, escandalizando a la provincia patagónica, con algo de razón por cierto, ante la desmedida consideración de la mandataria. Como se sabe, ese trasvase está previsto en el Acuerdo del río Colorado, aunque sigue frenado por Río Negro.
Pero acaso más significativo para la salud institucional del Coirco es el debate por la represa de Portezuelo del Viento, cuya construcción la provincia de Mendoza persiste en llevar adelante sin el tratamiento ni la aprobación del informe de impacto ambiental, imprescindible para un funcionamiento adecuado de los aprovechamiento existentes en la cuenca aguas abajo. Precisamente Buenos Aires y Río Negro, que inicialmente se habían mostrado indiferentes ante el caso, han comenzado a manifestar inquietud, presionados por los regantes de sus jurisdicciones que empiezan a advertir la seria amenaza que se cierne sobre sus jurisdicciones ante el desinterés por las razones técnicas y eventual manejo mendocino en la alta cuenca del río. Tampoco parece casual que, al mismo tiempo, se refirmara la licitación de la obra con respaldo nacional. Este anuncio aparece como de muy dudosa concreción ante el descalabro económico que atraviesa el país, ya fracasado el sistema de Participación Pública y Privada que se había anunciado para la realización de obras de infraestructura.
En las dos anteriores convocatorias a reunión del Consejo de Gobierno solamente estuvieron los gobernadores de Neuquén y La Pampa; los demás faltaron sin siquiera avisar. Resulta evidente que no todos los integrantes de la cuenca le otorgan al organismo la relevancia que tiene y no reparan en el daño institucional que le están provocando.