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El perseguidor de la familia Kirchner

RICARDO GIL LAVEDRA, UN EXPERTO EN LAWFARE

Gil Lavedra cobró más de 2 millones de pesos de la AFIP para perseguir a la familia Kirchner. También se ocupó de hostigar a los propietarios del canal de noticias C5N.
JUAN ALONSO
El 13 de octubre de 2016, el abogado Ricardo Gil Lavedra fue entrevistado por un joven periodista de un diario especializado en economía. Ante la pregunta sobre un acto que realizó la actual vicepresidenta el 7 de octubre de ese año con el diputado Leopoldo Moreau, el letrado radical espetó: «Cristina en el homenaje a Yrigoyen es patética». ¿Cuál era el motivo de semejante fusta discursiva por parte de un caballero que juzgó a las juntas militares durante el gobierno del padre de la democracia, Raúl Alfonsín?
Apenas cuatro meses antes, exactamente el 15 de junio de 2016 había firmado un contrato con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para «brindar sus servicios profesionales de asesoramiento en el marco de la causa número 15.734/08 denominada ‘Kirchner, Néstor y otros sobre asociación ilícita'». La tarea que el Estado, por entonces presidido por Mauricio Macri, le encomendó a Gil Lavedra fue nada menos que hostigar judicial y mediáticamente a la familia Kirchner, con el insólito argumento de que habrían llegado al poder político para completar los planes de una supuesta asociación ilícita dedicada a defraudar al Fisco.

Portación de apellido.
Para tal fin, Gil Lavedra firmó un contrato con el contador de la AFIP Abel Daniel Tagliatore por el lapso de 12 meses y cobró 2.178.000 pesos de honorarios solo el primer año de Cambiemos. La cacería judicial incluyó a la hija de Cristina Kirchner, Florencia, cuyo delito es llevar el apellido de su padre y ser heredera de sus bienes declarados ante la AFIP y depositados en un banco nacional.
O sea: Gil Lavedra avaló la acusación contra los hijos de Néstor, Máximo y Florencia, además de acusar a Cristina con el delirante argumento de la asociación ilícita y para ello le facturó al Estado honorarios en un país que comenzaba a ser arrasado por Macri que dejó cinco millones de nuevos pobres y una deuda externa con privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) equiparable a más del 90 por ciento del PIB.
El jefe principal de Gil Lavedra era Macri, no la AFIP, y su principal aliada fue Elisa Carrió, que aportó a la causa la presunta sabiduría de su primo como otro contratado del Estado inquisidor que duró una mini era.
Eran las horas del comienzo del desguace de la vida de millones de argentinos con tarifas dolarizadas y salarios depreciados en pesos. Gil Lavedra solía trajinar de forma continua los canales de televisión y los programas de ensobrados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que fue comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, íntimos amigos de Macri y de Nicolás Caputo respectivamente.
En ese estiércol mediático-judicial creció la pira que la vicepresidenta denunció en Comodoro Py como «guerra judicial» o «lawfare». Sucedió el 2 de diciembre, cuando Cristina Kirchner advirtió: «Este tribunal seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A mí me absolvió la historia». Luego se levantó, pero fue interrumpida por el fiscal para preguntarle si pensaba responder preguntas. «¿Preguntas? Preguntas van a tener que responder ustedes, no yo», finalizó mirándolos a los ojos.
El descargo de la vicepresidenta de la Nación duró 3 horas y 33 minutos. Podría considerarse una pieza fundamental del ejercicio del derecho de la defensa en un juicio oral, que además derivó en una exhaustiva descripción de la tortura que promovió Macri contra su familia, con una variopinta complicidad mediática a la izquierda y derecha de la pantalla televisiva y los principales diarios tradicionales.

También contra C5N.
El 20 de marzo de 2018, cuando la estela del falso abogado y espía Marcelo Sebastián D’Alessio todavía brillaba por el programa Animales Sueltos, el letrado Gil Lavedra fue entrevistado por Alejandro Fantino. Se lo presentó como «abogado de la AFIP».
En el minuto 1:24, Gil Lavedra afirmó que representaba a la AFIP en la causa contra Cristóbal López -uno de los propietarios del canal de noticias C5N, que fue encarcelado por la gestión macrista junto a Fabián De Sousa- desde el año 2016. Gil Lavedra aclaró que lo contrató la AFIP porque los «funcionarios de la línea jurídica estaban involucrados y se necesitaba contratar a un abogado independiente y así lo hizo la Procuración del Tesoro». Acto seguido se refirió a Oil Combustibles y a la deuda que reclamaba el Estado. «No pagaron nunca -subrayó-, los tipos no pagaban y entraban en planes generales de planes de pagos». Gil Lavedra aseveró que ex el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, concedió «un plan especial» a López y De Suosa. Una afirmación falsa, porque hasta Mirtha Legrand tuvo acceso al mismo canal de pago aprobado por el fisco.

Demasiados «errores».
Sin embargo, el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon que actuó como guionista estrella del folletín por entregas contra la ex presidenta, funcionarios kirchneristas y empresarios de medios y de la energía como López y De Suosa, aclaró en sede judicial bajo juramento de decir la verdad que cometió varios «errores» en sus artículos que agitaban una presunta deuda impositiva de López y De Suosa de 8 mil millones de pesos.
Abogado, hábil declarante y cercano a la embajada de Estados Unidos, Alconada repasó el episodio, según la crónica del portal El Destape: «En su relato contó acerca de las diversas fuentes consultadas, tanto del ámbito privado y público. Al momento de las preguntas, debió reconocer también que hubo muchos ‘errores’ respecto a la aproximación inicial que había tenido».
En ese sentido, el periodista admitió que no había leído el fallo que sobreseyó a los mismos imputados en 2013 por la compra de activos a Petrobras y el uso de planes de AFIP. También admitió no saber los resultados de la pericia ordenada por el TOF 3 para este juicio que desmienten la cifra de la deuda que aparecía publicada a comienzos de 2016 y que generó la denuncia de la AFIP, gestión Abad.
Afirmó que fue un error en su primera declaración testimonial respecto de considerar a Oil como agente de retención del impuesto ITC y que vendía al público combustibles. Al contestar si las múltiples fuentes consultadas no habían explicitado cuál era su rol frente al impuesto en cuestión, respondió: ‘Increíblemente, no'». (Extractado de Nuestras Voces).