El Poder Judicial, como todos, también juega en la política

JUECES Y PARTES

Nacho Saffarano* – Amparado en una supuesta neutralidad el Poder Judicial juega sus cartas en la política. Sus decisiones están en los medios, pero poco se entiende de su lenguaje y de su funcionamiento. Mitos y verdades de un sistema cuya legitimidad no proviene de la voluntad popular.
Tenemos que sincerarnos de entrada con quienes van a leernos, un mínimo pacto de honestidad intelectual: aquí van a encontrar algunas líneas que busquen la mayor objetividad posible, combinadas también con las impresiones y sensaciones de quienes venimos a tratar de discutir el rol del Poder Judicial. Y aquí está el quid de esta nota: discutir. No vamos a elaborar una tesis nueva. Lo que sí queremos es tratar de plantar la semilla de la duda, de confrontar con la idea de lo “normal” al interior de uno de los poderes republicanos más poderosos y confrontativos y del que, paradójicamente, menos información tenemos. La extensión del tema haría que necesitemos una biblioteca entera para poder abarcarlo, por eso vamos a hacer hincapié en sólo algunos de los mitos (bien podríamos hablar de zonceras, retomando a Arturo Jauretche) que se han formulado alrededor del Poder Judicial.

Triunfo cultural.
Uno de los pilares fundamentales de la República es la división de poderes. La vocación de desconcentrar las tareas fundamentales del Estado (legislar, administrar y juzgar) tiene como objetivo primordial el hecho de fraccionar el poder, para que éste no se desmesure, para evitar que la concentración de poder en una sola institución, se convierta en el puntapié de un gobierno autócrata. Centrándonos en el Poder Judicial es importante retomar una idea esgrimida por Sergio Wischñevsky en Revista Anfibia quien afirma que gran parte de la fuerza y legitimidad de la que goza surge a partir de presentarse a sí mismo como un “no poder, como un instrumento técnico neutro que se limita a implementar y hacer respetar las leyes, que se presenta como si fuera la mismísima justicia”. Esta última idea que desarrolla Wischñevsky muestra el triunfo cultural, la enorme construcción de hegemonía que supieron desarrollar los funcionarios judiciales (aunque no sólo ellos) para poder generar el consenso necesario de que millones crean que una sentencia, una resolución, es la expresión de la justicia.

Control constitucional.
Para tener una buena caracterización del Poder Judicial es necesario conocer una de sus tareas más importantes: el control de constitucionalidad. Sin ánimos de ahondar en definiciones académicas, debemos entenderlo como la facultad que tiene el Poder Judicial para decidir si determinados actos, provenientes tanto de particulares como de agentes estatales, colisionan con alguna norma de la Constitución Nacional, ¿qué significa esto? Que el Poder Judicial -ejercido en buena medida, aunque no con exclusividad, a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- tiene posibilidad de veto sobre casi cualquier acto y sobre el conjunto de leyes existentes (siempre que se cumpla con determinados requisitos, claro está) convirtiéndose en guardián de la Constitución. Este súper poder que detenta tenemos que agradecérselo a los vecinos de arriba. Nuestra Constitución de 1853 tiene demasiados artículos en los que se hicieron “copiar y pegar” de la Carta Magna de Estados Unidos, pilar fundamental del liberalismo.

Ejemplo vecino.
Que un grupo selecto pueda realizar una lectura forzosa de la realidad, para posteriormente invalidar ciertos actos es lo que se ha llamado popularmente como el “gobierno de los jueces”. Esto bien puede ser el germen de todos los males que aquejan al Poder Judicial ya que de esta facultad se derivan varias de las decisiones que se toman en el día a día. Vayamos a la realidad concreta: en Brasil se avanzó en el impeachment a Dilma Rouseff, la antesala de lo que seguro y lamentablemente (a menos que un “milagro político” suceda) será su destitución de la presidencia. Esta herramienta legal no hubiese sido posible de aplicar sin la connivencia del Supremo Tribunal Federal (el máximo órgano de Justicia del país hermano). Luego de posiciones ambivalentes, de idas y vueltas rechazando y confirmando la comisión evaluadora del impeachment, este Tribunal decidió convalidar la misma comisión que tres meses atrás había impugnado, en medio de un escándalo de corrupción. Sería pecar de ingenuos creer que los grandes grupos mediáticos (con O Globo a la cabeza) junto con algunas empresas enojadas con la política económica del gobernante Partido de los Trabajadores, no hicieron ningún llamado de atención a esos jueces, para que rectifiquen la decisión primaria.

Tirria al voto popular.
La situación brasilera abre la cancha para poder discutir sobre, tal vez, el mito que más hondo caló en el inconsciente popular: “el Poder Judicial es independiente, los jueces deben ser neutrales”. Si bien es un debate con muchos años en la espalda, terminó de popularizarse durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner al calor de la propuesta de su espacio político, de realizar una “democratización del Poder Judicial (el kirchnerismo hablaba de la justicia y no del Poder Judicial).
La ex mandataria era consciente del fuerte rol político que cumple esta institución, llegando a declarar que la voluntad de modificación se debía a que ésta era “el último eslabón en la toma de decisiones del país”. De todo el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional (y que, aunque con arduos debates en el medio, se aprobó en ambas Cámaras), hubo uno de los proyectos que particularmente afectó a la corporación judicial: el voto popular para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Sintieron el avasallamiento de un poder sobre otro, la pérdida de la independencia de esta remota institución. Pusieron el grito en el cielo y, luego de recibir el apoyo de todas las fuerzas antikirchneristas, sacaron a relucir su mejor arma: la inconstitucionalidad. Con la excepción de Eugenio Zaffaroni, el resto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia removieron de un plumazo este tibio intento de reformar el Poder Judicial, “su” Poder Judicial.

“Partido Judicial”.
Esos días significaron el punto de quiebre con el hermetismo histórico del Poder Judicial. A partir de allí se sucedieron una serie de eventos que pusieron a los magistrados y funcionarios judiciales en el centro de la escena mediática nacional. La novedad fue la utilización del espacio público como lugar para visibilizar sus reclamos: recordemos la marcha en favor del fiscal José Luis Campagnoli, un funcionario con una veintena de variadas denuncias en su contra (desde abuso de poder hasta mal desempeño, pasando por investigaciones cargadas de vicios de irregularidad); la marcha del silencio luego de la indescifrable muerte de Alberto Nisman, fue otra demostración de fuerzas de éste sector.
El “Partido Judicial” (una forma sui generis de decirle a la corporación que habita los Tribunales) salió a la cancha para defender todos sus privilegios. Sería bueno hacer un breve repaso de ellos, comenzando por el hecho de gozar de un cargo eterno y sin que se haya sido sometido al sufragio popular. Además debemos tener en cuenta que los procesos de destitución de magistrados -el “jury”- son por demás engorrosos por lo que es mínimo el número de funcionarios destituidos.
Respecto a los privilegios económicos, los jueces no pagan el Impuesto a la Ganancia ¿y saben gracias a quien? ¡Oh casualidad, a una acordada de la mismísima Corte Suprema! En la misma sintonía es la Corte la encargada de guardar las declaraciones juradas de sus funcionarios, siendo extremadamente difícil lograr la publicidad de alguna de ellas.
*Revista Mascaró.

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