El precio de la justicia

Cuando en 2008 se avecinaba la inauguración de la llamada «ciudad judicial» de Santa Rosa, alguien dentro del Poder Judicial advirtió que el monumental edificio que se construía en inmediaciones de la Laguna Don Tomás, tenía paredes de vidrio. «No queremos que nos miren trabajar», dijo, provocando una oleada de cálida solidaridad entre sus colegas. Así fue que se decidió contratar la instalación de cortinas para todo el complejo, por un total de nueve mil metros, lo cual abultó el presupuesto de la obra en alrededor de un millón de pesos. Ajustado por inflación, ese importe hoy suma unos veintidós millones.

Carito.
En su momento hubo quien protestó la imprevisión. Se sabía que el nuevo edificio iba a colocar a la Justicia «in vitro». Lo hubieran advertido antes de aprobar el proyecto y, al usar materiales más convencionales, nos hubiéramos ahorrado una millonada (otro tanto cabe decir sobre las napas subterráneas que tarde o temprano inundaron los subsuelos).
Lo que está claro, es que el pudor de los funcionarios judiciales le ha salido un poco carito a la sociedad pampeana.
Pero si se escarba un poco más hondo, se advierte ahí una metáfora que bien serviría para definir un carácter. «No queremos que nos miren» es toda una actitud de vida. Ciertamente, muy poco republicana, si consideramos que la república requiere la publicidad de los actos de gobierno. Pero también, básicamente ingenua. Que lo digan si no los jueces y el fiscal que, resolviendo que la amistad estaba por encima de la ley, se clavaron un asado morrocotudo el pasado 20 de julio. Ahora las cámaras de vigilancia callejera revelaron que el sarao se extendió bastante más allá del horario permitido por las normas de aislamiento social. Si algo demuestra ese incidente, es que los ojos del gigantesco aparato de vigilancia digital nos apuntan y registran a todos por igual.

A la moda.
Las ensoñaciones dominicales de una mente atosigada de noticias sobre el Poder Judicial, rescataron aquel incidente lejano. Y acaso sea injusto generalizar, más aún cuando por estos pagos el funcionamiento de la Justicia dista mucho de los vicios que se denuncian en los tribunales asentados en Retiro, justo el mismo barrio donde hace dos siglos atrás funcionaba el mercado de esclavos (¿otra metáfora?).

Y si bien La Pampa no es una isla, nos gusta presumir de lo bien que funciona nuestra Justicia. De hecho, siempre estamos a la vanguardia en la incorporación de novedades, desde el sistema acusatorio (qué feo suena eso) hasta la «despapelización» de los expedientes. Siempre siguiendo el último grito de la moda (en este caso, la moda la dictan La Ley y Jurisprudencia Argentina, no Vosotras o Para tí).
Pero dicen los que saben que hay un hueco en esta trama tan bien urdida de nuestra judicatura lugareña. Dicen algunos abogados (seguramente malas lenguas) que desde un tiempo a esta parte, en La Pampa es virtualmente imposible ganarle un juicio al Estado provincial. Que ni resucitándolo a Griesa y nombrándolo aquí se podría producir ese milagro.
Así que, si por un lado los jueces nos salen caros, por el otro nos hacen ahorrar dinero dándole siempre la razón al Estado y sus funcionarios. Aunque en el camino queden los derechos de los ciudadanos avasallados.

El precio.
Qué tema este de la Justicia. Todo el mundo acuerda en que, sobre todo cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios, funciona realmente mal. Que lo diga si no nuestro simpático presidente de los años noventa, el mismo que acaba de enamorarse de -y casarse con- su primera esposa, la misma que hizo desalojar de Olivos con la Gendarmería. Todavía hoy, después de treinta años, no le resuelven algunas de sus causas pendientes: el hombre se las buscó (pagando sobresueldos, contrabandeando armas y provocando explosiones) pero treinta años de proceso se parecen más a una tortura que un procedimiento legal.

Ahí están los legisladores desangrándose en el tratamiento de un proyecto de reforma que nadie parece estar seguro de que vaya a funcionar. Quizá un análisis económico de la cuestión los convencería de tomárselo más en serio.
Y aunque quede feo hablar de dinero cuando se trata de uno de los pilares de nuestro sistema republicano, quizá debiera hacerse el cálculo de lo caro que nos sale un mal sistema de justicia. No ya por los jugosos sueldos y jubilaciones de los jueces y funcionarios, sino también por las consecuencias que tienen para el Estado las malas sentencias, que tarde o temprano llegan a las instancias internacionales que se ocupan de los derechos humanos, y no sólo se revocan los fallos, sino que se obliga al país a indemnizar a las víctimas.
¿Cuánto le costará al país esa picardía llamada «doctrina Irurzun», con la enorme cantidad de detenciones arbitrarias que representó (y que ahora se vislumbra, era sólo aplicable a uno de los bandos políticos)?

PETRONIO