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¿El primer paso de una larga marcha nacionalizadora?

OJALA EL CASO VICENTIN SEA EL FIN DE LA IMPUNIDAD

El presidente anunció la intervención del monopolio Vicentin. A la luz de las deudas e irregularidades del grupo, fue necesaria. Lo ideal serían más nacionalizaciones.
SERGIO ORTIZ
A tenor de las tapas y decenas de artículos publicados en Clarín, La Nación e Infobae, parecería que Alberto Fernández es Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. O al menos su versión latinoamericana, Hugo Chávez.
Así de expropiadora, socialista y dictatorial sería la vulneración de la sagrada propiedad privada capitalista que habría protagonizado el presidente al intervenir Vicentin.
La monumental mentira se completa con un cuadro casi romántico, donde el pulpo agroexportador -además de víctima- sería un emblema local y nacional de las virtudes del terruño, Avellaneda, Santa Fe, a lo largo de idénticos 90 años. El río Paraná, el general Manuel Belgrano, la bandera argentina y la Patria serían sinónimos de Vicentin, en esa versión falsa de la historia.
En el presente lo único que tienen en común son los dos puertos propios del pulpo sobre el Paraná. Y que por ese río violaba la cuarentena uno de sus dueños, Gustavo Nardelli, en un yate, en plena pandemia. Todo lo demás es el relato o mentira de los medios concentrados en defender el monopolio y atacar al presidente que lo intervino.

¿Cuál es?
No es la misma Vicentin, por más que el nombre sea igual, que se fundó hace 90 años como empresa familiar, que el monopolio actual, pasando por etapas de acumulación capitalista. Así dejó atrás su momento de burguesía nacional para posicionarse como gran burguesía «nacional», asociada a multinacionales. Esto se verifica en haber vendido a la multi suiza Glencore su planta Renova, de molienda de oleaginosas y fabricación de biodiésel, quedándose con el 27 por ciento del paquete accionario.
Es la sexta exportadora de cereales, con el 10 por ciento del total exportado. Su cuota valió en 2019 unos 3.000 millones de dólares que, sumados a sus ventas en el mercado interno alcanzan 4.200 millones de esa moneda.
Aún sin contar las graves irregularidades cometidas y posibles delitos a investigar, el pulpo ocupa lugares destacados por partida doble: en la producción y exportación de alimentos; y en facturación de dólares, divisas siempre insuficientes porque los que cobran en esa moneda son monopolios.
Vicentin, como ADM, Cargill, Bunge, Cofco, Aceitera General Deheza, Nidera y demás pesos pesados de la exportación, deberían ser nacionalizados. Una medida de ese tipo tendría un doble beneficio: el Estado pesaría mucho en la producción de alimentos y controlaría el mercado de divisas. Con mecanismos tipo IAPI y Junta de Granos podría comprar la producción interna, pagándola pesos y quedarse con las divisas.
Pero ese no es el plan original del gobierno. El presidente es un defensor del sistema capitalista a ultranza, sólo que lo quiere humano e igualitario, un imposible. «Hay que empezar a construir un capitalismo más ético», dijo. Lo positivo es que ha dado un primer paso de lo que debería ser una larga marcha nacionalizadora. El tiempo, con la unidad y movilización popular, y la crisis nacional y mundial, pueden incidir para ese avance o bien limitarlo al pasito de ayer.

El pulpo.
Vicentin tenía deudas impagas por 1.300 millones de dólares. Con el Estado tenía deuda por 18.300 millones de pesos con el Banco Nación, concedidos graciosamente por la gestión de González Fraga-Macri y otros 1.600 millones con el Banco Provincia de Buenos Aires.
En diciembre de 2019 entró en una no declarada cesación de pagos, no por ello menos concreta. Y en febrero de 2020 abrió un concurso de acreedores que si no llegaba a buen puerto, valga la ironía paranaense, terminaría en quiebra. De allí al remate a precio vil y a cobrarle a Magoya la deuda de los Nardelli y Padoan con el Estado.
¿Acaso el Juzgado Civil y Comercial de 2° Nominación de Reconquista, de Fabián Lorenzini, podría enderezar la nave? Desde febrero no lo había hecho. Y había grandes dudas que pudiera hacerlo, tratándose de un monopolio de tanto peso en la zona. Quizás a Lorenzini le temblaba la pera…
Entonces fue legal y correcto que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera la intervención. «Si el Estado no interviene, ¿cómo termina el tema? ¿Los accionistas van a pagar y seguir felices con la vida? No. todos sabemos que eso termina en una quiebra, en un remate y, en el mejor de los casos, en una multinacional», justificó AF.
Estaban en juego 4.000 puestos de trabajo directos que tienen las 20 empresas del holding Vicentin, miles de puestos indirectos y el bolsillo de tantos productores chicos y medianos que habían vendido productos al gigante. También los créditos del Nación y Bapro, que podrían convertirse en puro humo.
Además hay mucho por investigar respecto a las maniobras posiblemente delictivas por parte de Vicentin, y de quienes las prohijaron y permitieron, siendo «prime suspect» la dupla González Fraga-Macri.
No es lógico que una empresa con semejante giro en dólares empiece a vaciarse y resultar deficitaria. Las dudas apuntan a la apertura del holding en Uruguay y Paraguay. ¿Allá fugaron los millones de dólares de ingresos y préstamos oficiales?
Investigar esos chanchullos no debería ser sólo una tarea del interventor, Gabriel Delgado, sino de la UIF y la AFIP, amén de una justicia federal legítima, no la del fiscal Gerardo Pollicita.

La expropiación.
El proyecto de expropiación aún no ingresó al Senado, donde está la co-autora, Anabel Fernández Sagasti. La oposición derechista, reagrupada contra esta justa iniciativa, resistirá por todos los medios. Y aún si se lograra dar media sanción, seguiría la guerra en Diputados, la justicia y, como se vio el martes, en las calles. ¡Guillermo Moreno, peronista de derecha, es su camarada de ruta, no Del Caño!
«La expropiación no es un remedio permanente sino excepcional y espero que no ocurra nunca más», expresó el presidente buscando bajar la tensión. Sus contertulios y conocidos, los monopolios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), lo cuestionaron con dureza: «no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central».
Una de dos. O el gobierno retrocede ante AEA, Suciedad Rural, PRO-Cambiemos, Clarín, La Nación y los bonistas. O avanza con la expropiación, no paga ni un peso que no corresponda, ordena que el interventor Delgado se apoye en movimientos sociales y pueblos originarios e interviene así en el rubro alimentos y controla las divisas. Y sobre todo, concreta la soberanía alimentaria, que supone formas de producción no contaminantes, con semillas que no tributen a Monsanto, sin glifosato y empezando una reforma agraria en los latifundios.