El prontuario de los agrogarcas Etchevehere

Hoy una jueza de Entre Ríos fallará a favor o en contra del desalojo de Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas de un campo entrerriano. No es sólo un caso «de hermanos ricos que se pelean por una herencia», como dijo Alberto Fernández.
SERGIO ORTIZ
El conflicto empezó por la herencia de Luis Félix Etchevehere, fallecido en 2009. La fortuna familiar de 5.000 hectáreas de campos, decenas de propiedades, el Diario de Paraná y otras inversiones se habría amasado incurriendo en algunas irregularidades. Así lo denunciaron hace años Renatea, Procelac y una de las herederas, Dolores Etchevehere. Entonces las diferencias dejaron de ser una mera pelea familiar de ricachones: pasó a ser también una cuestión política, económica, social y jurídica.
Dolores y 40 integrantes del Proyecto Artigas ingresaron el 15/10 pacíficamente a «Casa Nueva», campo de la sucesión Las Margaritas en el departamento de Santa Elena. Su intención es poner en marcha un proyecto agroecológico de alimentos libres de glifosato, en la provincia más contaminada del país. Ahí se puede fumigar por vía aérea a pocos metros de viviendas y escuelas rurales: 55% de las internaciones por casos de cáncer en niños en el Hospital Garrahan provienen de Entre Ríos.
A esa mujer le correspondían 129 hectáreas de ese campo y donó el 40 por ciento de esa superficie, unas 51 hectáreas, al Proyecto Artigas, liderado por el abogado del Frente Patria Grande y la CTEP, Juan Grabois.
Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, y su madre Leonor Barbero Marcial, casi como una «banda de los 4», denunciaron la supuesta usurpación de «Casa Nueva». Mintieron que había sido cometida con violencia y amenazas de armas de fuego y pidieron el urgente desalojo. El 23/10 el juez Raúl Flores les negó el desalojo, tras comprobar que el delito de usurpación no era tal. Dolores había entrado junto a los artiguistas sin ninguna ostentación de violencia. Y el campo en cuestión forma parte de un condominio de la familia que no ha sido subdividido; no se ha asignado a cada heredero su parte y Dolores tiene derecho a lo suyo.
El fallo de Flores, que se permitió aconsejar paternalmente un arreglo pacífico, no les gustó para nada a los Etchevehere varones, en especial al líder político y empresarial Luis Miguel, ex presidente de la Sociedad Rural «Argentina» y ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri.
Por eso la «banda de los 4» recusó al juez Flores y apeló su negativa al desalojo. Hoy fallará la nueva jueza María Carolina Castagno, como continuidad de la audiencia iniciada ayer. Cualquiera sea su resolución, la parte que se sienta damnificada va a apelar y esta historia va a continuar. Ojalá tenga un final feliz, con Dolores y los artiguistas en «Casa Nueva» y trabajando para un proyecto de campo sin glifosato, pero sobre todo sin agrogarcas.

Trabajo en negro y esclavo.
El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), que reemplazó por poco tiempo al Renatre, inspeccionó en 2014 siete establecimientos en Entre Ríos. En cinco había trabajo en negro. Y en los otros dos había, además de eso, cosas peores. En «Uno Entre Ríos» del 30/5/2014, se lee: «En «La Hoyita», perteneciente a la empresa «Las Margaritas SA», propiedad de Leonor Barbero Marcial, viuda de Etchevehere, dos trabajadores no registrados fueron encontrados viviendo en unidades habitacionales desprovistas de energía eléctrica, agua potable y baños. Expresaron ser analfabetos, no tener acceso a recibos de sueldo y prestar servicios como peones generales por la suma de 450 pesos mensuales. También declararon trabajar bajo las órdenes de la familia Etchevehere desde el 14 de junio de 1976″.
La nota agregaba: «Una segunda inspección, en la estancia Las Margaritas encontró trabajadores no registrados, uno de los cuales es analfabeto y trabaja hace más de 20 años en diferentes establecimientos de la empresa». Renatea dijo que eso configuraba la presunción de reducción a la servidumbre, razón por la cual presentó la denuncia en la Fiscalía de Primera Instancia n° 2 de Paraná.
Ese mismo 2014 Luis Miguel ya transitaba su segundo año como presidente de la Suciedad Rural y hubo otras graves denuncias en su contra y del clan familiar.
Las Margaritas recibió un crédito de 500.000 pesos del Nuevo Banco de Entre Ríos y otro por 1.066.000 pesos del Banco Itaú, pero en vez de usarlos para los fines solicitados, los desvió a otra empresa del grupo, Construcciones del Paraná SA.
Dolores Etchevehere denunció que en 2011 los Etchevehere vendieron el 60 por ciento de El Diario de Paraná -Sociedad Anónima Entre Ríos, SAER- al financista Walter Grenón. Y que crearon Construcciones del Paraná SA para transferir inmuebles por 14 millones de pesos que eran del capital accionario del diario. Ella se convirtió en querellante de esta causa de administración fraudulenta, por haber sido excluida de la venta del diario y de las instancias legales de Las Margaritas, pese a ser una de las herederas. El expediente 55.212 fue abierto en el Juzgado de Instrucción No 3 de Entre Ríos, a cargo de Alejandro Diego Grippo, según investigó Sebastián Premici (Página/12, 12/5/2014).

Más denuncias.
En junio de 2015 el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunció al titular de la Rural por evasión, desvíos y cuentas ocultas en Uruguay. La denuncia fue por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones. Los acusados, además de Etchevehere, fueron su madre y sus dos hermanos, quienes intentaron perjudicar a su hermana Dolores. «Los préstamos habrían sido utilizados para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como objeto el vaciamiento de otras firmas del grupo», publicó La Política Online el 25 de junio de 2015.
La súper explotación del trabajo rural, los vaciamiento de empresas propias, la evasión y otros delitos no son recientes sino de muchos años atrás contra su hermana, la salud y la población rural, las finanzas públicas y la provincia, a la que ocuparon 70 hectáreas de Escuela Agrotécnica El Quebracho.
El titular de la SRA convirtió a las Exposiciones de Palermo desde 2012 a 2015 en una tribuna del PRO y Macri (el predio fue comprado a precio vil durante el menemismo). Y faltó a su promesa de prescindencia política: dejó el cargo para ser ministro de Agroindustria (previo cobro de 500.000 pesos de «indemnización»).
¿Qué decir de su ministerio? Su «logro» fue despedir en 2018 a 543 empleados de la Secretaría de Agricultura Familiar y Senasa.
Dicen defender la propiedad privada, la ley, la justicia y la República. Es al revés, sólo habrá República cuando, entre otras cosas, la tierra sea de los que la trabajan. Esa podría ser la semilla del Proyecto Artigas. De allí el odio y furia criminal de esta patota impune y privilegiada de agrogarcas.