El que no llora no mama y el que censura es fiscal

I - El gobierno anunció en la semana que la crisis de sus finanzas es tan profunda que, por primera vez en la historia reciente (y tal vez en casi toda su historia como provincia) deberá desdoblar el pago de salarios al personal y a los funcionarios. La drástica medida, amortiguada en su impacto por la advertencia previa que el propio gobernador había lanzado a la ciudadanía en su mensaje de apertura de sesiones de la Legislatura, se produce en medio de la pelea nacional por el voto a los fondos buitres y la debilidad que muestra el gobierno nacional necesitado de contar con los votos de los senadores de las provincias para aprobarlo. Hay quienes, mirando este escenario nacional donde se desarrolla el drama de las cuentas públicas pampeanas, sospechan que, más allá de la gravedad real de la crisis pampeana, puede haber un dejo de sobreactuación en una provincia que parece estar aprendiendo a los cachetazos que, en el concierto nacional, las cuentas de las provincias corren la suerte que desde hace años advierte el tango Cambalache: "el que no llora no mama". (La Pampa ha tenido la frustrante experiencia de que, por no acompañar los dramáticos pedidos de auxilio a la Nación de otras provincias, por no acompañar el coro plañidero, más de una vez se quedó sin su teta en el reparto. Hoy La Pampa es una de las que, en relación a sus habitantes, a su ingreso y a su coparticipación, es la que más deuda reclama a la Nación pero a la hora del reparto los poderes consideran justo devolverle el 15 por ciento a las dos provincias más ricas después de Buenos Aires y ni tener en cuenta la "buena letra" pampa. Mientras, el gobierno nacional parece dispuesto a ayudar primero a sus aliadas directas más que a las que hicieron los deberes y se quedaron bien sentaditas en su pupitre esperando una recompensa que nunca llegó).

II - Finalmente, y cuando la inquietud por la demora había llegado a preocupar al propio gobernador, se conoció el famoso protocolo que, en vez de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, el acceso a las fuentes de los periodistas y reafirmar la libertad de prensa (como correspondería al poder que tiene como función la de resguardar el derecho constitucional de los ciudadanos), en cambio pretende regular la información pública en un contrasentido que no puede cumplirse sin cambiar la esencia de esa información que así es designada como "pública".
Semanas atrás, el gobierno había justificado la censura a la información policial impuesta desde el Ministerio policial, en la queja del Poder Judicial contra el Ejecutivo cuya policía al parecer irritaba a los fiscales con sus noticias del "esclarecimiento" de casos que luego, por presunta falta de pruebas o la mala constatación de éstas, llevaban a la liberación de los detenidos y al enojo de la población con la justicia.
Como si los derechos ciudadanos pudieran ser subordinados a la mayor o menor tranquilidad de los funcionarios, la salida que se pretende dar a esta disputa interna es la de recortar el derecho a la información. El resultado es una pieza de una pobreza doctrinaria que asombra pues se justifica en la supuesta capacidad de las leyes de limitar a la prensa libre desconociendo nada menos que el artículo 32 de la Constitución Nacional que lo veda taxativa y definitivamente. La argucia de citar el código procesal que dispone secretos los "actos" procesales, y querer extender esa prohibición a los hechos con connotaciones penales muestra además la desorientación que capea entre los funcionarios judiciales. La ley, a riesgo de ser llanamente inconstitucional, no puede limitar el derecho a la información de los sucesos de interés público y solo puede limitar el conocimiento de actos burocráticos procesales solo en aquéllos y pocos casos en los que se deba salvaguardar otros derechos que pudieran entrar en colisión con el de la información.
El resultado es un papelón nacional e internacional de nuestra justicia y de la provincia de La Pampa que ingresa así, tristemente, en la cohorte de regímenes que consideran posible avanzar sobre la libre circulación de la información que es considerada el puntal del estado de derecho en todo el mundo civilizado. (LVS)