El que se avecina será un invierno muy duro de pasar

CONSECUENCIA DE LOS TARIFAZOS

El presidente Mauricio Macri vetó la ley aprobada en el Congreso, que ordenaba retrotraer las tarifas de gas, luz y agua a noviembre de 2017.
IRINA SANTESTEBAN
En lo que va del gobierno de Mauricio Macri, las tarifas de los servicios públicos de gas, energía eléctrica y agua corriente tuvieron aumentos de hasta un 1600 por ciento. En el mismo período, la inflación rozó el 80%, mientras que los salarios, jubilaciones y planes sociales, se incrementaron por debajo de esta última cifra.
Según el portal de noticias Ambito.com, Argentina es el país con mayor incremento del peso de los servicios públicos sobre los salarios. Pasó de tener una incidencia del costo tarifario de un 6% en 2015, a un 21% a principios de 2018, siempre sobre el promedio de salarios.

Ministro empresario.
En 2016, con los primeros tarifazos aplicados por el ministro Juan José Aranguren, frente a miles de amparos judiciales planteados por los usuarios, la Corte Suprema de Justicia le puso un límite al Poder Ejecutivo para la aplicación de esos aumentos. Ahora, dos años después, el gobierno da un paso más en un sentido ajustador y veta una ley que había sido aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional. O sea, incumple lo dispuesto por el Poder Judicial, y contradice la voluntad del Poder Legislativo, demostrando poco apego a los valores de una república.

Veto.
Aunque el veto es una facultad del Presidente, está claro que aquel mandatario que lo utilice, debe sopesar bien las consecuencias que su decisión acarreará. Cómo será el poder de las empresas energéticas sobre el actual gobierno, que una vez fracasadas las gestiones para impedir que se aprobara en el Senado, y a sabiendas del costo que pagaría, Macri vetó la iniciativa apenas transcurridas unas pocas horas desde la votación que la transformó en ley.
Las encuestas revelan que un 80 por ciento de la población está en contra de los tarifazos, y que la decisión presidencial empujó hacia abajo la ya devaluada imagen del primer mandatario.

Ganancias extraordinarias.
Nicolás Caputo (Edesur y Central Puerto, Marcelo Midlin (Pampa Energía-Edenor) y Rogelio Pagano (Edesa), concentran el 51% del total de usuarios del servicio de electricidad a nivel nacional. Las empresas de los dos primeros son generadoras y transportadoras del suministro eléctrico, con lo que concentran gran parte del proceso productivo de un servicio público esencial para la población (Página 12, 03/06/2018). Según Federico Bernal, del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), los dueños del servicio público de electricidad ganaron en 2017, la friolera de 11.303 millones de pesos.
Con razón, son cada vez más los argentinos y las argentinas que piensan que este es un “gobierno de los ricos y para los ricos”, muchos de ellos, votantes de este gobierno.

De dónde la saco.
La justificación del presidente, repetida hasta el cansancio por el jefe de Gabinete Marcos Peña y todos los funcionarios, en maratónica recorrida por los canales de televisión amigos (que son la mayoría), fue que la ley aprobada era “irresponsable”, porque no establecía de dónde se sacarían los recursos para hacer frente al retrotraimiento de las tarifas a noviembre de 2017. Sin embargo, la primera medida que tomó el gobierno de Macri al asumir, en diciembre de 2015, fue la de eliminar las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz y reducir las de la soja. Semejante decisión favoreció a un sector que ha tenido ganancias extraordinarias desde hace varios años: el complejo agroexportador; e implicó que el Estado dejara de recaudar unos 123 mil millones de pesos al año. Según el presidente, si no vetaba la ley, se produciría un “rojo” fiscal de unos 115 mil millones de pesos, y para evitarlo, descarga el ajuste sobre las espaldas de los sectores populares, y favorece a los más poderosos.

Promesas incumplidas.
El discurso duranbarbiano de “decir la verdad” se ha ido cayendo a medida que las medidas que toma el gobierno de Cambiemos contradicen las promesas con las que ganó las elecciones en 2015.
Con la corrida del dólar y la devaluación de un 40% del peso, el ministro Aranguren había logrado que las empresas petroleras se comprometieran a no aumentar las naftas por dos meses. Sin embargo, ni ese breve período pudieron aguantar y el pasado 1º de junio se anunció un nuevo aumento que llevará la nafta súper a 26 pesos en Buenos Aires y a 28 pesos en el interior del país (salvo la región patagónica). Según el diario Clarín de ese mismo día, se prevé un nuevo aumento para julio. ¡Ni siquiera pueden cumplir un mínimo compromiso de no aumentar por dos meses!

El gas es del pueblo.
En el debate de la ley en el Senado, hubo intervenciones destacadas como las de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Fernando “Pino” Solanas. El senador porteño por Proyecto Sur criticó al gobierno de Macri por favorecer a las empresas extranjeras en desmedro del pueblo argentino. “El Estado tiene que defender a los consumidores; sin embargo, parece ser el representante de las multinacionales. El gas no es de las petroleras, es del pueblo argentino”.
Según Solanas, Argentina produce el 74% del gas que se consume, y por lo tanto no se justifica el precio que se paga a las empresas que lo extraen, lo transportan y lo distribuyen.
CFK por su parte, cuestionó también en durísimos términos al gobierno y en particular a la presidenta del Senado Gabriela Michetti, a quien le mostró un cartel con un tuit que había escrito 6 días antes del ballottage de noviembre de 2015, donde textualmente la entonces candidata a vicepresidenta de la Nación decía: “No hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios”.
La ex presidenta le reprochó que “no tenían cara” para hablar de mentira y verdad, y tenía toda la razón.