El rostro del hambre

Ayer este diario publicó el dramático relato de un joven panadero de Realicó quien vio el rostro del hambre en un chico de diez años que golpeó la puerta de su trabajo para pedirle comida. El impacto sufrido lo empujó a compartir su experiencia por las redes sociales. Pocos días antes un funcionario municipal había advertido sobre la gravedad de la situación al señalar que “hay gente que ya no pide ropa o zapatillas sino comida” y que la ayuda que puede brindar el municipio “ya no alcanza”.
También ayer LA ARENA publicó que la ministra de Desarrollo Social de la provincia denunció que desde Nación no actualizan los montos del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y que la mayor parte del esfuerzo económico para asistir a poco menos de 20 mil pampeanos hoy corre por cuenta del Estado provincial.
El deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchos pampeanos -y, por extensión, de muchos argentinos- es imposible de ocultar. No es un tema que esté presente en los grandes medios porteños ni en los discursos de los funcionarios nacionales, pero en una provincia pequeña como la nuestra salta a la vista. Ya no quedan dudas de que el rumbo económico del macrismo conlleva un altísimo costo social y obliga a las provincias a gastar recursos económicos crecientes para atender las necesidades básicas de los sectores más vulnerables. No se advierte desde Buenos Aires demasiada preocupación por este serio problema al punto de que sus aportes no se actualizan pese a la elevada inflación. Así, el aumento de la desigualdad social se está imponiendo en la sociedad argentina afectando negativamente un cuadro general de aceptable equidad que la distinguía de sus pares del continente.
El malestar social que viene creciendo en los últimos meses se está traduciendo en enormes movilizaciones que confluyen desde todo el país a la Capital Federal. El gobierno nacional, ante esas multitudes que reclaman mejores condiciones de vida, prefiere mirar para otro lado. La única respuesta que se escuchó provino de la ministra de Seguridad quien amenazó con una escalada represiva ante el crecimiento de la protesta social. A esta altura debería saber la funcionaria que no es con palos y gases que se soluciona este reclamo sino con trabajo digno y bien remunerado.

A tomar nota
El texto de la condena al ex juez federal José Antonio Charlín que acaba de conocerse es una pieza de alto impacto. Los miembros del Tribunal Oral Federal reconocieron que los desbordes del magistrado destituido pudieron terminar en una muerte, que fue un “infierno” lo que vivieron sus subordinados y que hubo “desprecio por las instituciones” entre otras imputaciones de extrema gravedad.
Las audiencias del juicio permitieron conocer el calvario que vivieron los dependientes del juez, con escenas de inusitada violencia y humillaciones inconcebibles por parte del magistrado en su breve paso por el Juzgado Federal de esta ciudad. Pero lo que se destaca de la sentencia es la severa crítica que destina a los órganos del Poder Judicial responsables de la selección de los jueces; y la pregunta que surge de inmediato es si habrán tomado debida nota.
No es un tema ajeno a los pampeanos. En esta provincia tampoco faltan críticas a la metodología empleada para seleccionar a los funcionarios de la Justicia. En más de una ocasión se han conocido denuncias que ponen en evidencia un sistema que deja abierto demasiado espacio a la arbitrariedad a la hora de establecer los puntajes de los postulantes.
Desde luego que el que hoy nos ocupa es un caso extremo de inconducta y desequilibrio, pero no debería pasar esta traumática experiencia sin que las autoridades locales efectúen una evaluación autocrítica a fin de producir los cambios necesarios para que una tarea tan delicada y de tanta importancia institucional no sea objeto de sospechas y cuestionamientos.