El trabajo en el centro del debate.

El despido masivo de empleados de una planta fabril del Parque Industrial de esta ciudad reavivó el debate sobre la situación laboral en esta provincia y el país. El testimonio crudo de los trabajadores sobre la forma en que tuvo lugar ese procedimiento resulta conmovedor. Y más todavía cuando son bien conocidas las dificultades que les esperan, para reinsertarse en el mundo del trabajo, a quienes ya no son jóvenes de veinte o treinta años.
Las capacitaciones que algunos de ellos comenzaron a recibir están a tono con lo que el gobierno nacional entiende que es la solución: “reconvertirse” en un monotributista, en un “emprendedor independiente”, aunque el individuo se encuentre a pocos años de la jubilación y toda su vida se haya desempeñado en relación de dependencia, en un empleo asalariado, registrado, con protección previsional, obra social y todos los derechos que la legislación argentina -todavía- contempla.
Hasta en el discurso se advierte esa ideología que el macrismo está tratando de imponer en el mundo de las relaciones laborales. Los funcionarios nacionales prefieren no hablar de “trabajadores” sino de “emprendedores”, y nunca aparece la palabra “derechos” en su diccionario. Las estadísticas también son muy claras: revelan un fuerte crecimiento en la cantidad de monotributistas y de una caída del trabajo de calidad y en relación de dependencia, con lo cual se está avanzando aceleradamente en un proceso de precarización laboral.
Las cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas denunciaron días atrás que en los treinta meses de este gobierno han cerrado unas 7.500 firmas, en tanto desde el sector gremial advirtieron que suman unos 70 mil los despidos de las empresas industriales. En las últimas horas desde nuestra provincia llegó un aporte significativo para el engorde de esas estadísticas tan negativas.
Frente a este panorama tan preocupante adquiere especial significación el fuerte debate que se instaló en la Municipalidad de Santa Rosa por los derechos de los denominados -no sin desprecio por parte de algunos sectores reaccionarios- “planes” de trabajo. Hoy más que nunca debe ejercitarse la memoria histórica para recordar cuál fue el origen de esos trabajadores con derechos mermados: el estallido social que sacudió nuestro país en el año 2001. En aquellas horas aciagas el Estado se hizo presente para protejer el tejido social y fue así que, en esa situación de emergencia, nacieron los llamados “planes”. Ellos fueron expulsados del sistema laboral y el Estado hizo bien en protegerlos, aunque luego no bregó lo suficiente por mejorar las condiciones socioeconómicas a fin de que pudieran encontrar fuentes de empleo en la economía productiva.
En las últimas horas parece haberse encontrado un camino de consenso para no perjudicarlos en el acceso al retiro jubilatorio. Todo indica que primará la racionalidad y se llegará a buen puerto. Es un mensaje oportuno y un ejemplo de que se puede obrar de otra manera, en beneficio de los más vulnerables, en tiempos en que el gobierno nacional se desentiende de los “daños colaterales” que provocan sus políticas económicas fondomonetaristas.