El voto electrónico no es seguro

Ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma electoral que contempla la implementación del voto electrónico desde las legislativas de 2017, vale decir, la democracia está a mitad de camino de quedar privatizada. La discusión no es nueva; desde hace varios años el tema se viene debatiendo.
Un detalle curioso es que a mayor conocimiento sobre informática más firme es la postura de las personas contra el uso de sistemas de voto electrónico, dato que cobra más valor cuando vemos que son estas personas las únicas con posibilidades -dudosas- de ser fiscales ante una votación de este tipo.
Llamativamente mientras el Poder Ejecutivo le vende a la población que un sistema de voto electrónico es más económico y seguro, todas las pruebas dicen lo contrario. El sistema es infinitamente más caro que la urna tradicional y lejos de garantizar la seguridad y transparencia del acto electoral, abre la puerta a un sinfín de posibles irregularidades. Pone en riesgo el debido proceso y hace vulnerable una máxima de nuestra Constitución: el voto secreto.
Los diputados, a sabiendas de que las máquinas utilizadas para el proceso de voto electrónico pueden ser intervenidas con un celular, lejos de frenar el proyecto de ley, decidieron modificarlo para impedir el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos. Esta prohibición (impracticable) confirma tácitamente que el sistema es vulnerable. Como si esto fuera poco, los diputados incluyeron en la ley penas de cárcel para quienes intenten realizar auditorías independientes. Es oportuno recordar que el último programador que denunció una falla de seguridad en el sistema de voto electrónico de la empresa MSA sufrió un allanamiento y la incautación de todas sus herramientas de trabajo.
El sistema electoral actual permite que cualquier ciudadano o ciudadana que sepa leer y escribir participe pudiendo entender, ver y auditar el debido proceso. Al pasar a un sistema electrónico sólo quienes tienen formación específica y conocimiento del lenguaje de programación utilizado por la empresa proveedora de las máquinas, pueden llegar a participar como fiscales informáticos, rol que no garantiza el acceso pleno al sistema de votación, ni permite tener una auditoría plena.
Por estas razones, la inmensa mayoría de los países que en el pasado optaron por sistemas de voto electrónico -Alemania, Irlanda, Holanda, entre otros- lo han descartado, llegando a declararlo inconstitucional por vulnerar derechos y no cumplir con el debido proceso.
En resumen, con el voto electrónico se privatiza la democracia y se limitan las capacidades de los ciudadanos, que no pueden auditar; sólo ciudadanos con conocimientos específicos podrían hacerlo, pero parcialmente; la Justicia ya dijo que hay pruebas de que el sistema utilizado en las elecciones de la CABA y propuesto para las nacionales no es fiable; se pueden birlar los certificados seguros y simular una transacción, lo cual afectaría la transmisión de votos; no se puede verificar el voto en una máquina aleatoria; se demostró que mediante un celular se pueden marcar los votos y contarlos; es muy complicado anular el voto; los insumos de las boletas son importados; tendría que haber un contralor fácil, que el ciudadano común pueda verlo; un fiscal electrónico tampoco tendría forma de leer todo el código al momento de abrir los comicios; si se rompe la máquina, viene un técnico, cambia un CD y nadie sabe lo que hizo; la máquina puede contar más votos de los que hay; en países desarrollados se dejó de usar porque no se puede garantizar el control; es difícil garantizar la no trazabilidad del voto; el 90 por ciento de los profesionales del área no lo recomiendan. (Vladimir di Fiore Prieto. Consultor en software libre y comunicación. Infonews).

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