El aborto nuevamente en el centro del debate

El Encuentro Nacional de Mujeres se realizó este año en Paraná y una vez más miles de mujeres debatieron en decenas de talleres, temas y problemas que dividen a la sociedad, más que nada por ignorancia y prejuicios.
IRINA SANTESTEBAN
Diez mil dijeron algunos medios y treinta mil, los más optimistas, lo cierto es que muchas, muchísimas mujeres, se dieron cita este año en la capital entrerriana para protagonizar un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres. Estos eventos comenzaron hace un cuarto de siglo en Buenos Aires y no dejaron de realizarse cada año, sumando más mujeres y más debates.
Aunque no tan masivamente en los primeros encuentros, la problemática del aborto fue siempre uno de los ejes más álgidos de las discusiones, y en los últimos encuentros, junto al delito de la trata de personas, son los dos temas que más convocan en los diferentes talleres.
Fue en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres, reunido en Mendoza en octubre de 2004, donde miles de mujeres decidieron crear la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y tuvo su bautismo de fuego el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, cuando más de setenta organizaciones de mujeres de todo el país, comenzaban un trabajo de concientización respecto a la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo.

 

Un compromiso.
Hoy la Campaña incluye más de 280 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, organismos de derechos humanos, al ámbito académico y científico, trabajadoras de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos. El derecho al aborto es considerado por los integrantes de la Campaña como un compromiso con la integralidad de los derechos humanos, y una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos.
El 16 de marzo pasado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que hoy tiene ya la firma de más de 50 diputadas y diputados nacionales de un amplio arco político, y que había sido presentado inicialmente en 2007, con el objetivo de que el mismo adquiera estado parlamentario y se le pueda dar tratamiento legislativo.
Garantizar que todas las mujeres que así lo requieran puedan acceder a la interrupción de un embarazo en condiciones médicas saludables, se fundamenta en una razón de salud pública, pues anualmente mueren miles de mujeres por la práctica clandestina de abortos, la inmensa mayoría pobres y muchas de ellas, dejando huérfanos a otros hijos.

 

Los prejuicios.
Esta Campaña no sólo reclama la despenalización del aborto, sino también que se aplique en todo el país la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. Son los casos en los que la ley especialmente permite la interrupción del embarazo, legislados en el artículo 86 del Código Penal, pero que por prejuicios religiosos, escondidos detrás de lo que se llama "objeción de conciencia", los médicos se niegan a practicarlos sin autorización judicial, cuando la ley no establece ninguna autorización previa para realizarlos. A su vez, son muchos los jueces que en estos casos se niegan a dar la autorización, basados en conceptos religiosos y no jurídicos. La consigna de la Campaña es: "Educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir".
Pero no será fácil la tarea, porque a pesar que este año se ha logrado el apoyo y adhesión de más diputados y diputadas, también son fuertes los intereses que tiran de la cuerda en sentido contrario, con el hipócrita argumento de la "defensa de la vida", cuando se trata precisamente que dejen de morir miles de mujeres todos los años.

 

Los de siempre.
La principal impulsora de la campaña en contra de la despenalización del aborto es la Iglesia Católica, que pretende así legislar en temas que van más allá de su competencia. La Iglesia debe actuar en cuestiones de fe y, en el mejor de los casos, dictar y aplicar normas de derecho canónico para sus integrantes (sacerdotes, feligreses, etc.), pero no para el resto de la sociedad, pues no todos aceptan su credo ni sus reglas.
El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Oscar González, reconoció en una nota publicada en la edición de ayer en el diario La Voz del Interior, que en sólo cuatro hospitales de la ciudad de Córdoba, durante 2009, hubo 3.283 internaciones por abortos. El funcionario expresó que esos datos no incluyen a ningún hospital público del interior, ni al sector privado. Como son internaciones, la cifra se refiere sólo a abortos con complicaciones médicas, lo que implica que el número real es mucho mayor.
La estimación extraoficial que maneja el Ministerio de Salud de Córdoba es que en la provincia se realizarían alrededor de 50 mil abortos cada año, cifra que prácticamente iguala la cantidad de nacimientos, que el año pasado fueron 58.764.

 

Una buena idea.
Una buena medida adelantada por el ministro de Salud cordobés es lograr que cada mujer que tenga un hijo en un hospital provincial, "antes de que se le dé el alta, se le ofrezca un método anticonceptivo, como el DIU, la píldora para la etapa de lactancia o el que resulte adecuado a la mujer, y que si es un DIU o una ligadura de trompas salga con el procedimiento ya hecho".
También ha planteado la creación en los hospitales provinciales, de "consultorios de DIU", con turnero propio, diferentes de los consultorios externos de ginecología.
Sería un gran avance en una provincia donde ha costado mucho, por la gran presión de la Iglesia Católica, que los hospitales apliquen la ley de Salud Sexual y Reproductiva, que, entre otras buenas medidas, obliga a los médicos de los establecimientos públicos, a practicar las ligaciones tubarias o a entregar gratuitamente anticonceptivos, a todas las mujeres que lo requieran. Son frecuentes las quejas de las mujeres por la carencia de pastillas o DIU, o que no son atendidas cuando requieren la intervención quirúrgica de ligamento de trompas. Obviamente que estas quejas provienen de mujeres de sectores humildes, que no pueden pagar una operación en el sector privado y tampoco acceder a la adquisición de métodos anticonceptivos en las farmacias.

 

Grupos de choque.
En el XXVº Encuentro, hubo talleres en más de 25 escuelas, sobre los temas más diversos que afectan a las mujeres: trata de personas, prostitución, violencia de género, niñez, educación sexual, salud, desocupación, sindicalismo, solidaridad internacional, etc.
Como viene sucediendo lamentablemente en los últimos años, sectores conservadores y de la Iglesia Católica, se proponen boicotear estos encuentros. La táctica consiste tanto en "copar" los talleres sobre aborto con militantes mujeres, para impedir el debate franco o directamente con militantes varones se dedican a agredir verbal y hasta físicamente a las participantes de los Encuentros.
En Paraná, un grupo de choque ingresó en la Escuela Sarmiento e intentó desalojar a las mujeres allí reunidas. Arrojaron gases lacrimógenos y les gritaron "putas" y "asesinas", rompieron vidrios y afiches. Afortunadamente, las mujeres lograron impedir el desalojo y se mantuvieron en la escuela y en los talleres. La policía brilló por su ausencia y recién apareció cuando todo había terminado. ¿Habrá habido alguna orden de "zona liberada"?. Los medios de prensa casi no informaron sobre este "incidente", y la Comisión Organizadora repudió la agresión. Afortunadamente, el Encuentro de Mujeres no fue opacado por estos hechos y el día domingo, en un recorrido de más de 50 cuadras por distintas partes de la ciudad, las participantes dieron muestra una vez más de uno de los más masivos eventos que ha parido la democracia. En reclamo de igualdad y respeto a la vida y a los derechos de todas las mujeres.