El abuso de poder no paga en La Pampa

I - En la semana se conoció que el intendente de 25 de Mayo dio marcha atrás con una cuestionada licitación en la que, sin autorización del Concejo Deliberante, cuadruplicó los valores de los pliegos en una maniobra que le valió una denuncia penal. Para los observadores de la realidad política pampeana se trata, sin dudas, de una marcha atrás obligada por el resultado adverso de las internas del 5 de julio que frustraron la intención reeleccionista de David Bravo. El caso reedita en La Pampa la vigencia que tiene aún para el electorado la conducta de sus autoridades electas cuando se inclinan por el autoritarismo y dan muestras de manejarse por encima de los límites y controles que las instituciones democráticas imponen. Más aún cuando, como en este caso, esa forma de conducirse desde el poder da lugar a sospechas de mala utilización de fondos públicos y peor, la sospecha de que alguien podría estar haciendo negocios con dineros públicos. Bravo fue condenado por abuso de autoridad a siete meses de prisión y catorce de inhabilitación, no obstante, luego que el Superior Tribunal de Justicia ratificara esa condena, se presentó igual a las internas donde el veredicto popular frustró su intento. El caso es similar al que en Santa Rosa frustró, en la misma elección, la intención de un ex intendente también condenado a prisión por abuso de autoridad e inhabilitado, que se presentó a las internas con la peregrina idea de ganar y el veredicto de las urnas le confirmó que la sociedad, que lo expulsó tres meses después de asumir, no quiere más que, en su nombre y por su mandato, gobiernen por estos lares personajes abusivos.

II - Miles de achenses se dirigieron en una nota a las autoridades de Salud para que pongan en marcha, luego de casi una década de no hacerlo, la sala de hemodiálisis que se montó en ese lugar como forma de evitarle a los dializados de esa zona, las incontables molestias de trasladarse miles de kilómetros por mes en viajes a Santa Rosa para esa práctica médica vital para su supervivencia. La sala formó parte de un ambicioso plan de salud que se puso en marcha en la gestión de Rubén Ojuez e incluyó las plantas de producción autónoma de oxígeno. El triunfo del vernismo en las elecciones parece ser el motor que animó ahora a los afectados a pedir que se pongan en marcha esas salas cuya parálisis afecta la calidad de vida de los enfermos.

III - El caso de la joven madre que tomó una casa y fue desalojada por la justicia mostró a los pampeanos la complejidad de un tema que, como el de las casas tomadas por personas sin vivienda, sacude con frecuencia la conciencia de los vecinos. Este caso despertó la atención por tratarse de la mamá de dos pequeños hijos. Parecía, como en muchos otros casos, el de una familia anotada en el Ipav y desplazada que decide tomar una casa de barrio deshabitada. Pero en el caso que nos ocupa, la casa no estaba deshabitada, sino que la docente que allí vivía, dando clases en varios colegios, llegaba a ella la mayoría de las veces para dormir. La comida en la heladera y los servicios de electricidad y wi-fi lo probaban, pero aún así, la joven madre decidió romper la puerta y entrar. Se trata de una joven que llegó hace poco a La Pampa desde su provincia con dos hijos dejando atrás a su pareja y a su familia. No tiene trabajo y, pese a que en principio dijo que estaba anotada en el Ipav desde hacía tres años, desde ese organismo la desmintieron. La pregunta que el caso le formula a la sociedad pampeana es si nuestros servicios sociales provinciales y municipales están en condiciones de atender todos los casos de personas sin trabajo ni recursos que llegan a la provincia. También si se debe convalidar la toma de casas mientras hay otras familias pampeanas o con años de residencia aquí que esperan pacientemente que su lugar en las listas llegue a una adjudicación. Esto es, si se convalidan las situaciones de hecho y se alienta que ésa es la mejor forma de llegar a una vivienda. El tema da para que se despliegue toda una prosa periodística demagógica que soslaya, en su defensa a las tomas, que es, en última instancia, una lucha de pobres contra pobres. La pregunta que nadie responde desde ese apoyo demagógico es quién se hace cargo de las consecuencias de dejar impune un antecedente que, de prosperar, impediría a una familia beneficiaria de una vivienda social a viajar (ya sea por turismo, salud, educación o cualquier motivo) ante el peligro cierto de que alguien le usurpe su casa. (LVS)