El asesinato de un campesino

El alevoso asesinato de un militante santiagueño que integraba el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) por parte de sicarios al servicio de intereses sojeros, fue la "crónica de una muerte anunciada". Desde hace ya varios años, grupos de forajidos transitan armados los campos de la provincia norteña prepoteando, amenazando y agrediendo, en busca de acabar con la resistencia al avance de la indiscriminada siembra de soja; todo ante la pasividad del gobierno, que hace oídos sordos a las múltiples y fundadas denuncias.
Ahora el caso es repetido, pero más cruel porque incluye una muerte. La soja ofrece altos dividendos pero para habilitar nuevas extensiones se impone desmontar masivamente, acabar con una formación vegetal que a la naturaleza le llevó siglos implantar y que por algo está allí, como respuesta al clima y al ambiente. "Tratamos de ampararnos, hacer cumplir la Ley de Bosques para que dejen de destruir nuestras tierras. La tierra no es dinero que se pueda llevar y meter en un banco. Si la tierra se muere nosotros nos morimos con ella", han expresado los pobladores con sobrada elocuencia.
Más allá de la ecología, integrados a ella desde hace mucho tiempo, esos lugares están poblados por gente de condición humilde, muchos de ellos descendientes de pueblos originarios, que viven y cultivan desde tiempos remotos, ajenos al concepto "occidental y cristiano" de propiedad de la tierra, como que un alto porcentaje carece de títulos legales que avalen su posesión. Sobre ellos y su bosque avanzan los que defienden un modelo de agricultura extensivo, indiferentes a las consecuencias ambientales y solo atentos a la ganancia inmediata.
El caso, que ha tomado trascendencia y ribetes de escándalo nacional, inicialmente se vio disimulado por las autoridades santiagueñas ya que la policía se negaba a tomar la denuncia y calificaba el hecho como una reyerta entre grupos antagónicos. En realidad se trató de un asesinato a sangre fría, en presencia de la esposa y el pequeño hijo de la víctima y con una herida de gravedad a un compañero, hoy fuera de peligro, y que se convierte en un testigo importante, para el caso que la causa prosiga debidamente.
Lo peor de todo esto es que el suceso no constituye ninguna novedad y hasta era de esperar. Unos años atrás un canal de televisión porteño envió a sus periodistas al norte santiagueño ante denuncias similares; ellos comprobaron por sí mismos los riesgos de la situación cuando pudieron filmar a grupos armados que les cortaron el paso y los amenazaron de muerte, con armas a la vista. El reportaje, que tuvo varias emisiones secuenciales, fue observado en todo el país y evidenció la impunidad con que los matones podían actuar, armas en mano.
Ahora el asesinato del poblador que se opone al proceso de sojización demuestra que los poderes constituidos en la provincia santiagueña ignoraron aquel poder paralelo en una actitud que los acerca a la complicidad, máxime porque ya existían declaraciones explícitas de estos grupos violentos con amenazas de muerte a integrantes del movimiento campesino, además del incendio de una radio comunitaria. La vocera del Mocase ha expresado con amarga claridad que el Estado, la policía y los jueces no están para protegerlos y que amenazas y muertes no son nuevas.
Ante la magnitud del escándalo el Estado provincial, que durante años vegetó en la postura de "no sabe, no contesta", se ha visto obligado a hacer funcionar los tribunales, como desde hace tanto tiempo reclaman los desposeídos. Es de esperar que esta vez no apueste al olvido y que los responsables de este crimen sean finalmente condenados por la Justicia.