El caso Graciela Aguire es un pequeño paso de avance en nuestro país

Casi todos los casos de violencia doméstica tienen una historia previa común: años de maltrato y abusos, que suelen culminar con la muerte de la mujer, a veces acompañada de sus hijos. Otros, con la cárcel si la tragedia terminó con la muerte del agresor.
IRINA SANTESTEBAN
La sentencia absolutoria que favoreció a Graciela Aguirre, detenida desde hace 21 meses por la muerte de su pareja, demuestra las terribles consecuencias de la violencia de género. El fallo del Tribunal Oral Nº 4 de La Matanza, fue seguido con interés por la prensa y su abordaje revela que, aunque todavía falte mucho para erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, hay avances en la mirada de los medios de comunicación y la opinión pública, así como en algunos ámbitos judiciales.
Años atrás, hubiera sido impensable que un fiscal retirara la acusación contra una mujer, por haber matado a su concubino y padre de sus hijos, de una puñalada en el cuello. Acusada de "homicidio simple", Graciela Aguirre permaneció en prisión durante 21 meses, hasta que el juicio oral realizado el pasado lunes culminó con su absolución, por aplicación del artículo 34 del Código Penal, que prevé como una de las causas de no punibilidad, la "legítima defensa".
Es que si Graciela no hubiera terminado con la vida de su agresor, probablemente hoy su nombre estaría engrosando la lista de víctimas de la violencia de género, que el año pasado se cobró la vida de 207 mujeres, según el Informe de Investigación sobre Femicidios en Argentina en el Año 2008, elaborado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Este informe abarca los femicidios ocurridos en nuestro país desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2008, con datos recopilados de la información de diarios de distribución nacional, provincial y las agencias de noticias DyN y Telam.
Para esta organización no gubernamental, todos los años "4.500.000 mujeres y niñas son víctimas de algún tipo de violencia, más de 600 son secuestradas por redes de trata y más de 200 son asesinadas".

No hay cifras oficiales.
Las cifras no son oficiales porque no hay organismo público que se ocupe de estas estadísticas. Muchas mujeres que mueren por el maltrato de sus esposos, parejas o novios, son reportadas en los hospitales públicos como muertas por asfixia o politraumatismos. En la Justicia sucede otro tanto, cuando se sabe que muchos de los homicidios en los que la víctima es una mujer, tienen su origen en la violencia de género, pero las estadísticas del Poder Judicial no distinguen estos casos.
El relevamiento de La Casa del Encuentro se hizo bajo la consigna "No mires para otro lado. La indiferencia te hace cómplice", y se exhorta a las autoridades tanto nacionales como de las provincias a "profundizar políticas públicas, leyes y campañas de prevención", para erradicar la violencia de género. "No son homicidios simples sino femicidios porque se dan de manera sistemática en el marco de una violencia generalizada y estructural hacia mujeres y niñas que lamentablemente la sociedad ha naturalizado", afirmó Fabiana Tuñez, de esa organización.
Dice Tuñez que "cuando se llega a un femicidio es porque antes hubo una situación de maltrato o de violencia, y esto se da porque no hay suficientes campañas de prevención, lo que provoca que la mujer tenga miedo a denunciar. La mujer golpeada se siente culpable, pierde la autoestima, y todo esto se da también porque la sociedad mira para otro lado, la situación está naturalizada porque es parte de la premisa de que las mujeres somos objetos y no que estamos sujetas a derechos".
Es evidente que a la hora de tomar la decisión de retirar la acusación contra Graciela Aguirre, el fiscal Ariel Panzoni, tomó en cuenta estos argumentos. Y lo mismo hicieron los jueces que dictaron la sentencia absolutoria, por considerar que la situación vivida por esta mujer en los años previos, más la agresión que estaban sufriendo al momento del crimen, tanto ella como sus hijos, fueron determinantes para que la muerte del agresor fuera encuadrada como un caso de "legítima defensa".

Ofensa a la dignidad humana.
En la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, más conocida como la "Convención de Belem do Pará", realizada en Brasil en 1994, los Estados que la suscribieron reconocieron que la "violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades", y que ésta constituye una "ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres".
La Argentina ratificó esta convención y la incorporó a su legislación interna en 1996, con lo cual se ha comprometido a cumplir y hacer cumplir sus normas. Estas dicen que "toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado" y que tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. En el caso de las mujeres, estos derechos comprenden, entre otros: el respeto a su vida; a su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad de su persona y a la protección de su familia; el derecho a la igualdad de protección ante la ley; a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; a vivir libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

No es tan sencillo.
Aunque el fallo del Tribunal de La Matanza es un pequeño paso de avance, de la simple lectura de los derechos enumerados arriba, surge claro que el camino a recorrer todavía es largo y dificultoso. La enumeración de la Convención de Belem do Pará parece sencilla, toda persona, varón o mujer, debería gozar de esos derechos y el Estado debería poner toda su estructura jurídica e institucional para que aquéllos sean respetados. En el caso de las mujeres, no parece tan sencillo, sobre todo lo referido a "los patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación".
Tanto los movimientos que bregan por los derechos de las mujeres como otras organizaciones sociales y de derechos humanos, plantean la necesidad de implementar políticas públicas que apunten, en primer lugar, a visibilizar el problema, a través de estadísticas y cifras oficiales, poniendo sobre la mesa los verdaderos números de este drama social. A la vez, encarar una fuerte campaña de educación, que debería comenzar en las escuelas primarias y tomar muy en cuenta a los adolescentes y jóvenes, pues muchas de las primeras manifestaciones de violencia machista se dan en esta franja etárea. Esta campaña debería abarcar también a la población en general, utilizando los medios masivos de comunicación.
Tomar enérgicas medidas de prevención a través de la promoción y fortalecimiento de los centros de atención de la violencia de género en barrios y comunidades, dotándolos de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios. Por último, la creación de herramientas judiciales, tanto en el fuero penal como en el de familia, que atiendan de manera ágil, eficiente y con la contención psicológica adecuada, las denuncias de violencia familiar, sin desatender el derecho a la defensa de los agresores.
Para éstas y otras propuestas destinadas a erradicar la violencia hacia la mujer, hace falta tomar decisiones políticas y asignar los recursos necesarios.