El derecho a la identidad

Según una estadística elaborada por el Registro Civil, durante el año anterior se anotaron 614 nacimientos en la provincia, en los que no se consignó la identidad del padre de la criatura. Según el mismo estudio oficial, la tendencia continúa: en lo que va de 2008 se anotaron 146 nacimientos en las mismas condiciones.
La situación es de una gravedad inusitada. Significa, ni más ni menos, que en forma sistemática, hay cientos de niños pampeanos a los que se viene privando de su derecho a la identidad, reconocido por la Convención de Derechos del Niño en sus artículos 7 y 8. Se trata de un derecho humano básico, el Estado argentino ha asumido la responsabilidad internacional de preservarlo, y si no lo hace, se expone a sentencias adversas en tribunales supranacionales.
Más allá de las consecuencias legales de la situación, están las secuelas sociales y psicológicas de esta situación. Cualquiera que acceda al abecé de la psicología, sabe que la figura del padre es fundamental para la formación de la mente infantil, y que su ausencia acarrea consecuencias graves, particularmente en cuanto a la formación del concepto de autoridad, tan conflictivo en nuestra vida social.
En este tema juega una gran cantidad de malos entendidos culturales. Está, desde luego, la actitud omnipotente -o resignada- de las madres que creen poder criar a sus hijos sin la concurrencia del padre, sin advertir el daño que pueden provocarles. Peor aún, se mantiene en algunos sectores la costumbre, de parte de algunos hombres, de reconocer como propios los hijos de otros padres, en pos de la unión del nuevo núcleo familiar, sin advertir que con tal acto se comete el delito de supresión de estado civil.
Es cierto que muchos hombres, padres biológicos, son indignos de tal nombre, y no están en condiciones de brindar un ejemplo valedero a sus hijos. Pero la verdad sobre el propio origen es preferible a cualquier mentira piadosa. El Estado provincial no puede dejar de actuar, una vez revelado un dato tan preocupante, ya que en este caso, el derecho de los niños está por encima de la voluntad de los padres o madres.
Mucho menos justificable resultaría esta defección en momentos en que el avance tecnológico permite hoy determinar la parternidad de un niño con un nivel de certeza abrumador. En este sentido, resulta indefendible que la provincia aún no cuente con un laboratorio para la realización de exámenes de ADN, como el que se viene proyectando desde hace años, y que resulta sustancial para la rápida tramitación de las causas de filiación que, en buen número, se ventilan en los juzgados de familia. Este tipo de análisis deberían ser ya moneda corriente entre nosotros. Es más, debería crearse un registro del ADN de todas las personas, lo cual tendría múltiples aplicaciones beneficiosas, entre otras, en criminalística.
Los tres poderes del estado deberían confluir para garantizar que esta preocupante cifra de nacimientos sin padre conocido se reduzca sensiblemente en el futuro inmediato.