El gobierno argentino sigue su estrategia de recuperación pacífica

Las dos últimas jugadas de Argentina fueron la denuncia de su canciller contra las empresas británicas que operan en Malvinas y la orden presidencial de publicar el informe Rattenbach. Fueron positivas, pero no alcanzan.
EMILIO MARÍN
El 15 de marzo pasado Héctor Timerman informó que el país haría denuncias administrativas y judiciales contra las empresas que están explorando petróleo en las Malvinas.
Dichas compañías son Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire y Borders and Southern. Se estima que estas firmas le reportarían al Reino Unido 167.000 millones de dólares a lo largo de varios años, cuando ese crudo pueda ser efectivamente extraído de las zonas marítimas adyacentes a las islas.
La cancillería cursó notas a las Bolsas de Valores de distintos país informando que esas petroleras pueden ser sancionadas. Son inversiones con riesgo y los inversionistas deben saber que pueden perder.
El Foreing Office, cancillería británica, emitió inmediatamente su descargo. Afirmó, para despejar dudas y fugas de capitales, que la explotación petrolera es perfectamente legal y que la legislación argentina no se aplica en Malvinas ni en Georgias ni Sandwich del Sur. Lo suyo sería "una actividad comercial legítima".
Esa depredación del crudo de los argentinos no debe ser subestimada. Los cinco intimados por el Palacio San Martín son peligrosos. Rockhopper ya explora cuatro yacimientos y en uno de ellos, Sea Lyon, asegura tener reservas por 1.297 millones de barriles. Se fusionó con Desiré y utiliza la plataforma marítima Ocean Guardian. La FOGL junto a Borders emplean la plataforma Leiv Eiriksson. La Argos explora una zona de 1.126 kilómetros cuadrados.
La lupa de Timerman no sólo se puso sobre estos actores del negociado sino que también denunció a bancos y consultoras que los financian y asesoran. Credit Suisse, Barclays, Morgan Stanley, Lloyds TSB y The Royal Bank of Scotland, son entidades financieras implicadas, lo mismo que las consultoras Merrill Lynch, Goldman Sachs, Edison y otras. La advertencia también llegó a las oficinas de British Petroleum y Premier Oil.
Esta descripción se ajusta mejor a la definición de quiénes son los "piratas" en marzo de 2012, que va más allá de las petroleras o cara visible de la usurpación. Si se tira de esta piola pueden aparecer contradicciones en la política del gobierno nacional. En efecto, las informaciones relacionan a Desiré con British Petroleum (BP), y ésta es socia de Panamerican Energy Argentina (PAE), concesionaria por dos décadas del área de Cerro Dragón en Chubut y Santa Cruz. Un dilema kirchnerista: ¿sanción a BP en Malvinas y premio mayor en Argentina continental? Suena ilógico, ¿verdad? A su vez el Barclays fue uno de los bancos elegidos por las autoridades K para conducir el tramo final del canje de la deuda hace dos años. ¿Antes un amor y ahora una traición?

Activa, la política.
Esa iniciativa de la cancillería fue positiva y fue ampliada con tres movimientos políticos de la presidenta Fernández de Kirchner.
Una fue fomentar una línea de amplio frente único en el Parlamento, para reunir las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras en Ushuaia, de donde surgió la Declaración del mismo nombre. Esto refuerza el arco político más amplio posible detrás de la causa malvinera, a sabiendas que algunos incorregibles seguirán cuestionando las razones argentinas y dando apoyo a la "autodeterminación de los isleños". Esa coincidencia con Londres ha caracterizado hasta ahora a Beatriz Sarlo y otros columnistas de "La Nación" y Clarinete, 17 en total.
La otra novedad fue el viaje de la jefa de Estado a Santiago de Chile, donde su anfitrión Sebastián Piñera expresó su solidaridad con Argentina por la cuestión Malvinas. Es una diferencia sustancial con los tiempos del tirano Augusto Pinochet, que dio facilidades políticas, logísticas e inteligencia militar, para que la fuerza británica recuperara violentamente el archipiélago en 1982.
Mal que Piñera les pese a muchos latinoamericanos (el cronista se incluye), es el presidente constitucional de Chile y durante 2012 preside la entidad regional de reciente creación, la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). De allí la importancia objetiva de la declaración del trasandino.
Otro logro de la diplomacia argentina fue que al final la fragata británica no pudo entrar al puerto del Callao, en Perú. "Queremos una América del Sur absolutamente desmilitarizada, no una zona de guerra, ya bastante militarizado tienen al resto del mundo las grandes potencias y por eso queremos estar muy lejos de eso, cada vez más lejos", manifestó CFK. Al principio el gobierno de Ollanta Humala había dado vía libre al HMS Montrose para amarrar en ese puerto, pero luego revocó el permiso de amarre para ponerse en línea con lo decidido en diciembre último por la Unasur.
El gobierno inglés se ofendió con Lima, pero quedó otra vez refutada la afirmación anterior del Foreing Office, cuando arriesgó que los países del Mercosur no llevarían a cabo esa exclusión contra sus navíos. No sólo ese bloque de cuatro países lo hizo sino también la Unasur, de once.
Finalmente, en el inventario de las iniciativas cristinistas en el tema, hay que destacar la difusión pública del Informe Rattenbach, que estuvo bajo siete llaves durante casi treinta años. Esta semana se decidió divulgar los 17 tomos del Informe, que ya fue colgado en la web de la presidencia (http://www.presidencia.gov.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/25773-informe-rattenbach).

Línea dura, otra no entienden.
La publicación del mencionado Informe es muy positivo, porque puede alimentar con datos de adentro de las Fuerzas Armadas el necesario balance de la lucha planteada entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
En lo inmediato tal difusión puede ser aprovechada por los sectores desmalvinizadores, porque allí habrá detalles de la poca combatividad de los generales, comenzando por Mario Benjamín Menéndez, el gobernador provisorio de aquellos 73 días.
Y está bien esa crítica, porque ese Menéndez, como su primo Luciano Benjamín, sólo entendían de la "guerra" con comillas, o sea el terrorismo de Estado, el secuestro y tortura, la desaparición de los luchadores populares, el robo de sus hijos y pertenencias, los vuelos de la muerte, los 500 campos de exterminio, etc.
De todas maneras seguramente Rattenbach habrá tomado nota de la valentía y heroísmo de los aviadores que hundieron y averiaron al 40 por ciento de la Task Force enviada por Margaret Thatcher con el beneplácito de Ronald Reagan. También aparecerá en sus páginas el soldado Oscar Poltronieri, condecorado con la única "Cruz Nación Argentina", el máximo y único Galardón al Heroico Valor en Combate que el Ejército Argentino otorgara a un soldado raso, en la historia de nuestro país. Perteneciente al Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, el conscripto se jugó la vida varias veces en misiones de riesgo para las que se ofreció de voluntario en Dos Hermanas. A su regreso al país vivió en la pobreza.
Por eso, si bien el Informe mencionado podría dar pie a los desmalvinizadores en su prédica contra la "locura" de la recuperación de las islas en 1982, a la vez contiene elementos que, por el contrario, pueden abonar que ese desembarco, pese a que lo decidió la dictadura militar-cívica, tenía larga justificación en los 149 años de usurpación británica sin visos de sentarse a la mesa de negociación con Argentina.
Luego del hundimiento del ARA Gral. Belgrano, el 2 de mayo de ese año, con centenares de muertos, ya no hubo más remedio que dar batalla al viejo imperio que venía por el escarmiento (y el ocultamiento de la crisis social y económica en Londres).
Volviendo a la realidad actual, las sanciones administrativas y judiciales anticipadas por el Palacio San Martín son una buena política. También que la clase trabajadora argentina haya adoptado medidas concretas, sin tantas vueltas. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a más de 40 gremios vinculados con el transporte, resolvió boicotear a todos los barcos y aviones británicos que lleguen al país. El secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Enrique Suárez, explicó que la propuesta de la CATT "los va complicar mucho económicamente". "No estamos sólo nosotros", aseguró, y resaltó la adhesión de muchas representaciones gremiales de distintos países de la región y otras partes del mundo, contra el colonialismo.
La medida no sólo afectará a los barcos y aviones con bandera británica, sino que alcanzará también a "aquellas naves que lleguen a la Argentina con bandera de Malta, Islas Caimán, Isla de Mann, Bermudas o Panamá".
Ese parece ser el mejor camino para volver a Malvinas. Una adecuada combinación de diplomacia y política, con sanciones duras de menor a mayor, que puedan terminar en expropiaciones a multinacionales y bancos ingleses. A los piratas de ayer y hoy les importa muchísimo el tesoro.