El menos democrático de los tres poderes

Con pocos días de diferencia este diario publicó dos informaciones provenientes del Poder Judicial de la provincia que dan cuenta de sus dificultades para integrarse a las exigencias de un sistema republicano democrático que tiene entre sus pilares fundamentales a la equidad.
Se trata del rechazo a una petición expresa de retirar las imágenes religiosas que ornamentan los recintos tribunalicios, y la extensión a otros agentes de la Justicia del irritante privilegio que ya detentan los jueces quienes se autoeximieron de pagar el Impuesto a las Ganancias.
La presencia de crucifijos y otras imágenes que idolatran a la religión católica en despachos de jueces y fiscales y salas de audiencia constituye una ofensa a la libertad religiosa que promueve nuestra Constitución Nacional, sobre todo porque en Argentina no se ha establecido un culto "oficial" sino la carga económica al Estado para el mantenimiento de una iglesia. La Asociación por los Derechos Civiles su similar por el Pensamiento Penal han recogido la incomodidad y hasta el malestar que, con toda razón, sienten los que no profesan la fe católica y deben enfrentar esos símbolos religiosos entronados en sitiales privilegiados de los tribunales. La neutralidad religiosa y la laicidad sufren un duro revés con esta ostentación de un culto en un país cuya legislación promueve la más amplia libertad de ideas y creencias a todos sus habitantes.
Las ventajas impositivas especiales que se otorgaron a sí mismos los jueces y fiscales constituyen el privilegio más enojoso ante el resto de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia y otros tribunales inferiores de todo el país en perfecta sintonía, decidieron interpretar en su propio beneficio la Constitución haciendo prevalecer el principio de "intangibilidad" de la remuneración de los magistrados al de "igualdad ante la ley". Resulta evidente que, confrontados ambos estatutos, el segundo de ellos debiera tener preeminencia sobre el primero. Ahora, para profundizar el abismo que separa a los miembros de este poder del Estado del resto de los mortales, se extendieron los privilegios impositivos a otros miembros subalternos del escalafón.
Existe en el Poder Judicial una agrupación de jueces y fiscales que procura, muy trabajosamente, avanzar en un sentido de lograr mayor democracia, equidad y ausencia de privilegios. Pero por ahora es una expresión minoritaria frente a una mayoría de magistrados que entiende que es natural la existencia de fueros especiales para los integrantes del PJ.
El carácter vitalicio de los cargos habla de una organización que a gritos requiere cambios. La sola presencia de un juez de, nada menos, 97 años en el máximo tribunal del país, sin que existan demasiados cuestionamientos en la propia estructura judicial ni atisbos de buscar mecanismos para evitar semejantes despropósitos, da cuenta de estos serios problemas.
El rechazo profundo que merece cualquier intento, hasta el más tibio, de introducir reformas en la esclerosada arquitectura del Poder Judicial para "bajarlo a tierra" e integrarlo más solidariamente con la vida democrática es otra muestra del pensamiento arcaico que allí predomina.