El represor Vergez procesado por crímenes anteriores al golpe

El oficial del Ejército nacido en Victorica ya estaba detenido por dos desapariciones. Ahora en Córdoba se le imputaron crímenes cometidos por la Triple A antes de la dictadura militar. Una nueva causa que corre el comienzo del Terrorismo de Estado en tiempos previos al 24 de marzo del ’76.
El 13 de mayo pasado la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano, titular del Juzgado Federal Número 3, procesó y dictó prisión preventiva en dos fallos a militares, policías y civiles por delitos de lesa humanidad en esa provincia cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo del ’76. Esto ocurre poco antes de que comiencen a ser juzgados en esa provincia varios represores encabezados por Luciano Benjamín Menéndez por violaciones a los derechos humanos en el Area 311 del Tercer Cuerpo de Ejército, que también figuran en estas investigaciones.
En las dos causas firmadas por la magistrada está involucrado el capitán del Ejército Héctor Pedro Vergez, alias “Gastón” o “Vargaz”, nacido en 1943 en Victorica, y creador del Comando Libertadores de América, un grupo parapolicial de derecha que actuó en Córdoba y que fue paralelo a la Triple A.
Una de las dos resoluciones dictadas por Garzón de Lascano es la denominada “Causa Vergez”, que habla del destino de 21 víctimas anteriores al golpe asesinadas por el accionar de ese Comando. En ese expediente quedaron acusados militares, policías, agentes de inteligencia y civiles por secuestros, torturas y homicidios calificados. La jueza entendió que en enero de 1976, miembros del Ejército y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial secuestraron a cerca de veinte personas en distintos operativos y las trasladaron al centro clandestino La Rivera, donde fueron torturadas y algunas desaparecidas.

Superadores.
Además de Vergez quedaron involucrados los militares Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Luis Gustavo Dietrichs, José Hugo Herrera y Luis Alberto Manzanelli -miembros del Destacamento de Inteligencia 141-, ocho policías miembros del D2, dos de los denominados “personal civil de inteligencia” y dos civiles.
El Comando Libertadores de América surgió en agosto del ’75 a las órdenes de Vergez y “constituyó una superación cualitativa del grupo policial de la Triple A”, según se desprende del fallo, con el ingreso activo de personal militar entre sus integrantes.
En su descargo ante el Juzgado Federal, Vergez afirmó sobre los hechos que se le imputaron que nunca se desempeñó en el centro clandestino de La Rivera y que no es el autor del libro “Yo fui Vargas, el antiterrorismo por dentro”, en el que contó su acción durante la dictadura militar y se jactó de las detenciones, que luego surgieron que la mayoría terminaron en desapariciones. También agregó que antes del golpe la policía no actuaba bajo el control de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, quedó acreditado que en 1995 fue el mismo represor el que inscribió el libro en el registro correspondiente sobre derechos de autor.

En prisión.
Es de recordar que Vergez está también procesado por el juez federal Norberto Oyarbide por las desapariciones de dos personas en Capital Federal en el marco del Plan Cóndor, ya que en julio del ’76 fue trasladado a Buenos Aires al Batallón de Inteligencia número 501. Iniciada la investigación, quedó detenido a disposición de la justicia a mediados de 2006. Los casos que se le imputan fueron los de Javier Ramón Coccoz y Julio Gallego Soto secuestrados en 1977, durante la dictadura militar.
Mañana, martes 27, está previsto que varios represores involucrados en las dos causas cordobesas, ya que los nombres de los protagonistas se repiten en episodios diferentes, estén en el banquillo de los acusados en un juicio que se desarrollará en el Tribunal Oral Número 1 de esa provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar e investigados en otra oportunidad.

La continuidad.
En el fallo del “Caso Vergez”, nuevamente se abona desde la justicia la vinculación y continuidad entre las prácticas del Terrorismo de Estado implementado por los grupos de la Triple A -o su sucedáneo cordobés, el Comando Libertadores de América- con el puesto en práctica durante la dictadura militar. En este caso, con los desaparecidos cordobeses en enero del ’76 que fueron secuestrados por el grupo de tareas “siendo sometidos a condiciones infrahumanas de cautiverio y a interrogatorios bajo tormentos, tras lo cual habrían sido asesinadas por sus captores en condiciones de indefensión”, indica el fallo.
Según los fundamentos de la resolución de la jueza federal cordobesa: “Las conductas descriptas habrían sido efectuadas conforme al plan de acción implementado por el área 311, a cuyo frente se hallaba Menéndez, quien en diciembre de 1975 dispuso la creación del centro clandestino de detención en la entonces prisión militar de Campo La Rivera”.
NORBERTO ASQUINI – JUAN C. PUMILLA