En Colombia siguen los asesinatos a líderes populares

Fernando Vicente Prieto* - En los últimos cinco años han sido asesinados 126 integrantes del Movimiento Marcha Patriótica, 18 de ellos ocurrieron este año. Piedad Cordoba, una de sus principales dirigentes, también sufre hostigamiento.
En el contexto de procesos de paz resistidos por sectores de la ultraderecha colombiana, durante los últimos días se acrecentó la persecución al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Sólo en noviembre fueron asesinados cinco integrantes de este movimiento, tres de ellos entre el viernes 18 y el domingo 20 de noviembre.
El viernes 18 de noviembre, en dos municipios diferentes de Caquetá, fueron asesinados por disparos de armas de fuego Erley Monroy y Didier Losada Barreto. El domingo 20, en Nariño, la misma suerte corrió la vida de Rodrigo Cabrera. En este último departamento, además, Danilo Bolaños, secretario de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño, fue atacado a balazos desde una motocicleta el sábado 19, cuando regresaba de un Cabildo por la Paz organizado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).
La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica emitió un detallado informe el lunes 21 de noviembre titulado "Sobre la situación general de los Derechos Humanos en Colombia 2016", con datos que alertan sobre la magnitud de lo que viene sucediendo.

Crímenes paramilitares.
En los últimos cinco años -desde el 8 de septiembre de 2011 hasta el 20 de noviembre de 2016- han sido asesinados 124 integrantes de la organización. Además, dos personas han sido desaparecidas forzadamente y tres han recibido atentados con arma de fuego. Dieciocho de estos asesinatos sucedieron durante este año, período en el que también "se han presentado 25 atentados, 13 casos de tortura, 93 personas heridas en el marco de procesos de movilización y 4 casos de violencia sexual", expresa la Comisión de Derechos Humanos.
A su vez, el informe señala la existencia de "recurrentes montajes judiciales" contra integrantes de Marcha Patriótica, ofreciendo datos impactantes: "Se tiene un registro inicial de 320 vinculados a procesos judiciales acusados de rebelión y de otros delitos conexos, de los cuales por lo menos 106 permanecen recluidos en centros penitenciarios, 138 se encuentran en detención domiciliaria o bajo libertad condicional, 16 fueron detenidos ilegalmente sin requerimiento judicial alguno y posteriormente puestos en libertad y por lo menos 15 han sido absueltos de los cargos que les han sido imputados después de pasar años enteros tras las rejas".
Entre ellos se encuentra Huber Ballesteros, vicepresidente de Fensuagro, la federación nacional sindical agropecuaria y miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Ballesteros, vocero de la Marcha Patriótica, se encuentra detenido desde el 25 de agosto de 2013, mientras era uno de los dirigentes del Paro Agrario que puso de relieve el rechazo de la población campesina al modelo económico de Juan Manuel Santos.
A esto hay que agregar la persecución judicial y administrativa contra varios referentes públicos de la organización, para evitar que puedan presentarse a cargos electivos. El caso más conocido es el de la referente de derechos humanos Piedad Córdoba, inhabilitada durante años para el ejercicio de sus derechos políticos. Pero también se han realizado persecuciones contra Carlos Lozano Guillen, David Flórez y Andrés Gil, también voceros nacionales de Marcha Patriótica.

Movimientos sociales.
Marcha Patriótica es un movimiento que agrupa a más de 1200 movimientos de base en casi todo el territorio colombiano. Creado formalmente en abril de 2012, representa el creciente proceso de organización y articulación que se da en el movimiento popular, y que también expresan otras confluencias, como Congreso de los Pueblos. En su recorrido, ambos espacios dan cuenta de un camino hacia procesos de mayor unidad de los movimientos sectoriales y regionales, en búsqueda de mayor capacidad de intervención política.
La emergencia de estos actores, expresada en importantes movilizaciones -como los paros agrarios y las numerosas manifestaciones por la paz con participación de la sociedad civil-, ha puesto a estos movimientos en la mira de los grupos de ultraderecha, que utilizan la táctica del sicariato para ejecutar asesinatos selectivos encubiertos.
La persecución de sicarios y grupos paramilitares no sólo se dirige hacia Marcha Patriótica. En lo que va del año, también han sido asesinadas 54 personas que integran otras organizaciones sociales. Adicionalmente se han registrado 279 amenazas y otros 30 atentados.
En su informe destacan que "causa especial preocupación que entre los meses de agosto y noviembre se presentara sistemáticamente el homicidio de 32 defensores de derechos humanos (campesinos, indígenas, afrodescendientes y pobladores de zonas urbanas)".

Jaqueo a la paz.
Del análisis realizado por Marcha Patriótica, surge que en todos los casos los agresores se trata de hombres fuertemente armados, la mayoría pertenecientes a grupos paramilitares o integrantes de fuerzas de seguridad del Estado.
"El accionar paramilitar se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el gobierno nacional y los diálogos con la insurgencia del ELN que eventualmente inician en su fase pública en los próximos días", sostiene el informe, que identifica la presencia de varios grupos armados por la ultraderecha, entre ellos Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti Restitución de Tierras y Aguilas Negras. Estos grupos "desarrollan retenes y control paramilitar sobre vías intermunicipales y veredales, amenazas de muerte, imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad, asesinatos selectivos, masacres, torturas, confinamiento y desplazamientos forzados" en 16 de los 32 departamentos del país.
Además, señalan la represión militar y policial a la movilización social en 10 departamentos, incluyendo privaciones masivas de libertad de campesinos en tres de ellos.
Los recientes asesinatos han llamado la atención de la misión de la ONU en el país, que manifestó su "preocupación" y pidió "celeridad en las investigaciones". El senador Iván Cepeda, por su parte, acusó al uribismo de estar detrás de estas acciones terroristas, señalando a través de su cuenta en Twitter: "Uribe y Pastrana, que se han opuesto tercamente al proceso de paz, deberían condenar crímenes contra líderes de paz. Pero guardan silencio cómplice".
*Notas.