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En defensa de la libertad de extorsión

LA BATALLA DE FONDO

La Ley de Medios Audiovisuales nunca pudo aplicarse del todo gracias a que el Poder Judicial estiró los tiempos hasta el triunfo de Macri. La oposición del establishment a la reforma judicial muestra hasta qué punto ven en estos cambios una guerra de posiciones.
DEMIAN VERDUGA
Volvió la batalla de fondo. En realidad nunca se había ido. Siempre estuvo ahí. Cuando Macri era presidente, el sector del establishment obsesionado con encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner y darle una lección a la dirigencia política en su conjunto tenía la cancha totalmente inclinada a su favor. El triunfo del Frente de Todos equilibró un poco las relaciones de fuerza. Para la derecha, el Poder Judicial, aunque no todo, es territorio propio. El razonamiento es así: el peronismo tiene los gremios y «nosotros» los jueces. Por supuesto que la realidad es más compleja y contradictoria que esa frase. Sin embargo, la reacción del grueso del establishment y de Juntos por el Cambio frente a la reforma judicial muestra hasta qué punto ven en estos cambios una guerra de posiciones.
La Ley de Medios Audiovisuales nunca pudo aplicarse del todo gracias a que el Poder Judicial estiró los tiempos hasta el triunfo de Macri. No ocurre solo en Argentina. A la reforma del sistema de salud en Estados Unidos impulsada por el «comunista» Barack Obama le pasó lo mismo.

Argumentos falaces.
La famosa cláusula 72 del dictamen de la reforma judicial que debatirá el Senado, y que tantas reacciones despertó, dice que un juez podrá informar sobre presiones de poderes «políticos, económicos o mediáticos». Parece que los medios dominantes no quieren ser reconocidos como un poder con capacidad de presión. El artículo no sanciona. Solo habilita a los magistrados para informar la situación al Consejo de la Magistratura. ¿Y cuál es el peligro? No es legal. Es político. Es cultural. Un juez formalizando una denuncia de presiones mediáticas es un hecho político.
Y en el camino el presidente Alberto Fernández declaró a las telecomunicaciones, ese negocio que el Grupo Clarín controla de mínima en un 50 por ciento en la Argentina, servicio esencial. La derruida bandera de la libertad de expresión será esgrimida por partida doble. No faltará mucho -si es que no está circulando mientras se escriben estas líneas- para que se diga que haber declarado servicio público el celular, internet, la televisión paga, atenta contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque Clarín tendrá que negociar con el Estado las tarifas, como hacen Edenor y Edesur, por ejemplo, y en esa negociación se va a condicionar su trabajo periodístico. Casi puede escucharse el argumento.
Ese tipo de razonamiento ya lo desplegaron en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Medios. El abogado de la empresa dijo que era importante la posición dominante en el mercado porque garantizaba la independencia respecto del gobierno. «El tamaño importa». La abogada Graciana Peñafort le dio un paseo al letrado de Clarín esa tarde. Pero el argumento volverá.

Extorsión.
Parte de la concentración económica en el país se construye con especulación financiera. Son reglas del capitalismo global en las que Argentina tiene poca capacidad de influir por sí sola. Otra parte se arma con leyes a medida, condonaciones y estatizaciones de deudas, préstamos como los de Vicentin. Muchos de esos beneficios se logran presionando con los medios: denuncias de supuesta corrupción, manija con la inseguridad, creación de un clima de desastre. Luego se levanta el teléfono y se avisa que «puede parar» a cambio de una serie de demandas. Es una práctica que toda la dirigencia política argentina sabe que sucede. Y que ha dado tantos dividendos a sus beneficiarios que la van a defender. No es en defensa de la libre expresión. Es en defensa de la libertad de extorsión. (Tiempo Argentino).