En el gas, Macri sufrió un estallido como en viejos edificios

Emilio Marín - Por los tarifazos del gas, había mucha insatisfacción social. Ruidazos, protestas por doquier y presentaciones judiciales. Macri no percibió el olor de esa pérdida de gas. Recién se dio cuenta del estallido con el fallo de la Corte.
Que el gobierno macrista venía teniendo fuerte pérdida de gas en su política económico-social, se percibía desde la semana anterior. Fue cuando la oposición unida en Diputados pudo empezar una sesión especial destinada a cuestionar los tarifazos y la falta de audiencias públicas. A duras penas el titular de la Cámara, Emilio Monzó, pudo obturar el estallido invocando artículos reglamentarios sobre los dos tercios para votar un proyecto que no tenía dictamen de comisiones. Para frenar una violenta derrota del macrismo ese día se admitió una reunión de comisiones adonde compareciera el ministro de la discordia energética, Juan J. Aranguren, fijada para el martes siguiente.
Aún desflecado por esa sesión dominada por la oposición, Monzó se ufanaba de una derrota que pudo haber sido más contundente si el ministro hubiera sido interpelado en la cámara. O sea, le bajaba el precio a una derrota que igual fue dura. Y así arrancó una semana para el olvido del PRO-Cambiemos.
El martes 16 fue la presentación del ex CEO de Shell y accionista en el plenario de Comisiones presidido por Luciano Laspina, con 120 legisladores. Pegó el faltazo el titular de Energía, Julio de Vido, que iba a ser vapuleado tanto como el invitado, quien de todos modos insistió en la tesis doctoral del macrismo, de dudosa comprobación: de cómo la "pesada herencia" generó el tarifazo.
A Aranguren no pudieron defenderlo mucho los oficialistas, fuera de adjudicar a los subsidios del gobierno kirchnerista el elevado déficit fiscal. Claro que lo magnificaron y hablaron de tarifas congeladas que no estuvieron en el freezer.
La nota de ese examen fue un aplazo. Es que no supo o no quiso responder preguntas elementales como el precio real del gas en boca de pozo, tal como interrogó el peronista José Luis Gioja. Tampoco convenció, ni siquiera a todos los oficialistas, su afirmación de que no eran necesarias las audiencias públicas previas.
La excursión del ministro por Diputados confirmó que la pérdida de gas seguía siendo grande, rumbo a una explosión.
Esa perspectiva se acentuó al día siguiente, miércoles 17, con el dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Cargó, a quien había dado intervención la Corte, si bien lo suyo no era vinculante. La funcionaria confirmó en todos sus términos el fallo de la Sala II de Cámara de La Plata, adverso a los tarifazos. Gils Carbó se habrá ganado así una mayor cuota de veneno a nivel de gobierno, que la quiso echar desde el 10 de diciembre pasado o aún antes, y no pudo. El olor a gas ya era muy fuerte.

Corte del milagro.
Y el jueves 18 sobrevino la explosión, con el fallo de la Corte, anulando el aumento de las tarifas y las ordenanzas del 21 y 28 de marzo, ordenando facturar a los clientes residenciales con los valores anteriores. Para colmo, esa resolución fue por consenso de sus cuatro miembros, incluido el nuevo, Horacio Rosatti. El estallido se sintió fuerte en Balcarce 50 y Olivos, en el núcleo de poder macrista, como suele ocurrir luego de fuertes pérdidas de gas en viejas cañerías de edificios obsoletos.
La Corte presidida por Ricardo Lorenzetti no se limitó a reprochar al Ejecutivo la falta de audiencias públicas donde importa la consulta a usuarios y consumidores (artículo 42 de la Constitución y ley del gas). También cuestionó la falta de gradualismo en los aumentos y reclamó que los mismos debían respetar el derecho a goce de la sociedad sin exclusiones.
Junto con esos reproches y más que los mismos, al gobierno le cayó pesado que la resolución del tribunal incluyera el debate sobre el precio del gas en boca de pozo como una materia pendiente de resolución en la audiencia pública. Macri y Aranguren evadieron ese mecanismo precisamente por eso. No podían justificar que de 1.9 dólares el millón de BTU en boca de pozo ellos lo fijaran en 5.5 dólares con su polémico tarifazo, engordando a gasíferas y petroleras en más de 3.500 millones de dólares. A poner eso de resalto apuntaban las preguntas de Gioja, Héctor Recalde y Néstor Pitrola, entre otros diputados en la reunión de comisiones.
Así como luego de un estallido en las cañerías de viejos edificios el consuelo de tontos suele ser "al menos la casa quedó en pie", en el traspié del macrismo se buscaba quitar gravedad a lo sucedido con el fallo de la Corte. Dijeron que sólo frenaba el aumento en las tarifas domiciliares, que son el 26 por ciento del total del consumo y los subsidios. Quedaba en pie el 74 por ciento restante, que involucra a empresas, Pymes, cooperativas, clubes, comedores, etc.
Sin embargo el oficialismo no debería hacerse muchas ilusiones. Ese abanico de entidades tiene decidido apelar a la justicia para que le dé el mismo tratamiento que a los particulares. Y además de Tribunales, ya está presionando por medio de asociaciones empresarias y cooperativas en pos de una "solución política". Dicho en criollo, que el gobierno dé un paso atrás y anule el tarifazo también para ese universo dejado de lado por la resolución de los cuatro supremos.
Con el clima adverso que los tarifazos generaron en la sociedad y los ambientes tribunalicios, no hay mucho espacio para los delirios de aumentos exorbitantes como los anunciados en abril. Salvo que Macri y su "mesa chica" quieran seguir perdiendo gas y preparando un estallido aún más potente que el del 18 de agosto.
Con su dictamen, esta CSJN se ganó el mote de "Corte de los Milagros", pero no con el sentido peyorativo que Horacio Verbitsky tuvo en los '90 con la de la "mayoría automática". Los argentinos más optimistas, que los hay, pueden soñar con que sea también la Corte de los Milagros si en el futuro fallara bien sobre la detención arbitraria de Milagro Sala. Por ahora ese expediente no está a estudio en el cuarto piso de Tribunales y aún si llegara allí sería dudoso que tuviera un fallo tan celebrado como el del jueves. Una pena, porque si de injusticias se trata, en el caso de la jujeña, Gerardo Morales ha sido tan pérfido como Aranguren.
Queda por revelar cuánto durará ese ministro. Otro presidente, con reflejos, ya le habría pedido que volviera a la actividad privada. Macri no lo hace por buen amigo sino porque no es conciente de los daños. Su escaso olfato político no percibe el fuerte olor de un escape de gas ni el riesgo de un cortocircuito eléctrico.

Y encima la corrupción.
El prestigio del "mejor equipo de los últimos 50 años" quedó maltrecho por la política personificada en el ex mandamás de Shell, con onda expansiva al gabinete y el presidente que bancó esa línea.
Hay más para anotar en el Debe. Muy a su pesar, ese déficit proviene de lo que supuso sus puntos fuertes, en contraste supuestamente con los casos de corrupción que sacudieron a la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Entre otros, el que pescó con los bolsos en la mano al ex secretario de Obras Públicas y ex parlamentario al Parlasur, José López, mano derecha de De Vido pese a que éste quiso negar esa relación funcional y personal.
Macri venía con una alta estima provista por los multimedios adictos, en particular el grupo Clarín, que lo presentaba al país y el mundo como una estrella gubernamental sin una sola mancha.
Ese relato del Clarinete quedó horadado por las revelaciones del Panamá Papers. Se hallaron las huellas digitales de MM en empresas off-shore en paraísos fiscales y sumas millonarias en cuentas en esos destinos nada transparentes.
Mientras esas maniobras son investigadas a ritmo cansino por el juez Sebastián Casanello, en la semana se agregaron dos asuntos que afearon más la imagen oficialista en este tópico de la transparencia, la honestidad y la supuesta lucha contra la corrupción, que no son tales.
Uno, que venía de semanas anteriores -el detonante fue el robo del 22 de noviembre pasado, pero que salió a luz hace muy poco- fue el origen poco claro del dinero que la vicepresidenta tenía en su domicilio: 245.000 pesos y 50.000 dólares. Ella alegó que los pesos eran de la fundación Suma, que está flojísima de papeles y sus auspiciantes son contratistas del gobierno de la Ciudad y de la Nación. Los billetes verdes tampoco fueron denunciados por el novio de Gabriela Michetti como suyos y dados en préstamo. En fin, que no sólo la condenada Felisa Micelli perdía dinero en baños de su despacho... El fiscal Guillermo Marijuan investiga ese dinero robado a Michetti, aunque es dudoso que haya juicio y condena a 3 años como a Micelli.
Quiere decir que el número 1 y la número 2 del gobierno nacional tienen que dar explicaciones por presuntos delitos relacionados con corrupción, evasión impositiva o lavado de dinero.
Y aunque faltan detalles, que no fueron proporcionados por el ministerio de Seguridad, el titular de la AFIP, Alberto Abad, hizo renunciar al titular de la Aduana. Es un ex militar carapintada, Juan José Gómez Centurión, que Macri puso en 2012 en la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad. Ahora el que no resistió el control fue él, Centurión, operador de Rico, Seineldín y Macri, de currícula poco democrática y al que le saltó la chicharra o luz roja cuando hacía Aduana.