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En Jujuy hay una presa política

La condena a Milagro Sala a pocos días de las elecciones en la provincia de Jujuy vuelve a exponer en toda su dimensión la ausencia de estado de derecho en el feudo que Gerardo Morales maneja a través de la suma del poder público. El gobernador no solo colonizó el Superior Tribunal de Justicia con diputados de su propio partido (UCR) sino que dirige a su antojo el Poder Legislativo con la complicidad del bloque del justicialismo. La persecución contra la diputada peronista, Alejandra Cejas, a quien acaban de suspender, desnuda la connivencia espuria entre las dos fuerzas políticas.
Milagro Sala lleva cinco años y medio privada de su libertad a pesar de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU dictaminó que debe ser liberada y que Amnistía Internacional declaró que está bajo un régimen de «detención arbitraria».
Infinidad de irregularidades groseras se han cometido en todos los procesos judiciales iniciados contra la dirigente de la Túpac Amaru, dejando expuesto en forma contundente que el único objetivo que anima toda esa farsa es su encarcelamiento.
Testigos comprados, fiscales puestos a dedo para perseguir en forma exclusiva a Sala en violación a toda la normativa constitucional y legal de nuestro país, encarnizado hostigamiento mediático para demonizarla, obstaculización de las labores de las defensas, decisiones arbitrarias e inconsultas de magistrados, etcétera.
La actual ministra nacional de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, exdefensora de Milagro Sala, afirmó que la dirigente es «una presa política» y que hay «intromisión del poder político en causas judiciales».
En esta causa intervinieron también los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación Penal, dos asiduos visitantes del expresidente Mauricio Macri y especialistas en perseguir dirigentes opositores. La Corte Suprema se negó a actuar pese a la larga lista de aberraciones jurídicas cometidas, en una actitud muy diferente a la que mostró con el recordado «per-saltum» con el que intervino en favor de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Es sabido que buena parte de la Justicia actúa según la cara del cliente, pero nunca se vio tan flagrantemente expuesto como ahora.
Una de las juezas del tribunal que acaba de condenar a Sala es familiar del gobernador y no intervino en la primera parte del proceso. Sostuvo que debía realizarse un nuevo juicio, sin embargo ahora participó para agravar la pena.
Cuando en Jujuy corrió la versión de que los jueces aliviarían la condena, Gerardo Morales estalló de furia y públicamente salió a pedir el agravamiento de la condena. Exactamente eso fue lo que los jueces resolvieron finalmente. El caso de Milagro Sala desnuda el nivel de putrefacción al que ha llegado buena parte del aparato judicial argentino.
Este simulacro de justicia convierte al propio estado de derecho en un simulacro. Una centésima parte de lo ocurrido justificaría con creces la intervención no solo del Poder Judicial jujeño sino del propio Ejecutivo. Mirar para otro lado es lo peor que puede hacerse ante este desquicio político-judicial.