Inicio Opinion En la cuna de la Reforma Universitaria, se criminaliza la protesta

En la cuna de la Reforma Universitaria, se criminaliza la protesta

CAUSA PENAL CONTRA ESTUDIANTES DE LA UNC

Se trata de 27 estudiantes que ocuparon pacíficamente el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de Córdoba, en 2018, cuando protestaban contra el recorte del presupuesto educativo dispuesto por Mauricio Macri.
IRINA SANTESTEBAN
En 2018 se cumplían 100 años de la Reforma Universitaria, movimiento estudiantil que fue bisagra en las Universidades de Argentina y América Latina. El Manifiesto Liminar, redactado por Deodoro Roca, proclamaba que: «… acabamos de romper la última cadena que en pleno Siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. hemos resulto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana».
El movimiento reformista de Córdoba protagonizó huelgas y manifestaciones estudiantiles en toda la ciudad, con asambleas en las plazas, en abierta rebelión contra el orden conservador de la UNC. En la Casa de Trejo, fundada por los jesuitas en 1613, la Iglesia mantenía un fuerte predominio en los órganos de gobierno y planes de estudio. El estudiantado resistía esa educación clerical, oscurantista y anticientífica.
Las banderas de la Reforma eran: Autonomía Universitaria y cogobierno igualitario entre docentes, graduados y estudiantes; docencia libre y libertad de cátedra; concursos con jurados con participación estudiantil; investigación como función de la universidad; extensión universitaria y compromiso con la sociedad.

La lucha estudiantil.
En 2018, mientras las autoridades universitarias organizaban conmemoraciones por los 100 años de la Reforma, el gobierno de Cambiemos ajustaba, crecían la desocupación y la pobreza, aumentaban las tarifas de los servicios públicos. Macri y su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, contraían el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, cuyas consecuencias hoy padecemos.
Los recortes presupuestarios afectaron todas las áreas del Estado y las Universidades no fueron la excepción. La docencia salió a las calles a expresar el malestar por el ajuste, con multitudinarias movilizaciones acompañadas por el movimiento estudiantil, que apoyó las demandas docentes y planteó también sus reivindicaciones.
En Córdoba, como en muchas universidades, hubo tomas de edificios, una metodología de lucha utilizada por el estudiantado, el movimiento obrero y la ciudadanía cuando los reclamos no son escuchados por las autoridades. La Asamblea Interfacultades, órgano democrático y horizontal, resolvió la toma del Pabellón Argentina, en la Ciudad Universitaria, que se iba a prolongar 28 días.

Las demandas.
El pliego de los estudiantes contemplaba: mejoras edilicias, guarderías infantiles, mejoramiento y ampliación de becas, aumento del presupuesto universitario, etc. Se abrió una mesa de diálogo con el vicerrector Yanzi Ferreyra, decano de Derecho. El rector de la universidad, Hugo Juri, declaró que no iban a pedir el desalojo, sin embargo se hicieron presentes la fiscal Graciela López de Filoñuz y el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja «para ver las modalidades de la toma».
Se levantó la ocupación bajo la promesa de apertura de una mesa de trabajo para debatir los proyectos de la Asamblea Interfacultades. Para ese entonces, los y las ocupantes habían sido hostigados de muchas maneras, desde los medios y hasta por trabajadores no docentes. Antes de retirarse dejaron en condiciones el Pabellón que habían ocupado, preparándose para las negociaciones prometidas, pero la realidad iba a ser muy distinta.
A los pocos días de levantarse la toma, la fiscal Filoñuk pidió la imputación de 27 estudiantes, por el delito de «usurpación», y el juez Vaca Narvaja dictó auto de procesamiento. Confirmado por la Cámara, recientemente el mismo juez pidió la elevación a juicio de la causa penal. Un gran retroceso como antecedente judicial, no sólo para la Universidad, que criminaliza a sus propios estudiantes, sino para el derecho a la protesta en general.

Un mamarracho.
Como lo explica la abogada Blanca Barreiro, defensora de siete estudiantes, resulta un contrasentido que se les impute el delito de usurpación, previsto en el art. 181 incs. 1 y 3 del Código Penal, cuando en el primer caso se requiere que el supuesto usurpador pretenda erigirse en tenedor, poseedor o usufructuario del inmueble en cuestión. «Jamás estuvo en el ánimo de los estudiantes constituirse en poseedores ni tenedores ni usufructuarios, y menos aún desplegaron violencia y amenazas», como requiere este tipo penal.
En el segundo supuesto -inc. 3 -, la «usurpación por turbación», requiere que la conducta turbatoria se realice mediante violencias y amenazas, lo que nunca sucedió. Fue una ocupación pacífica, sin amenazar a nadie, como lo han reconocido incluso los efectivos policiales que declararon en la causa.
En una clase pública virtual, la semana pasada, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Flavia Dezzutto, manifestó que se trata de ver «a quién pertenece la Universidad». Para Barreiro se trata de un edificio público, por lo que considera «una atrocidad» acusar a los estudiantes por un delito contra la propiedad privada. Fue un legítimo ejercicio del derecho a la protesta, en medio de un conflicto por demandas no satisfechas.
Barreiro afirma que la causa es un «mamarraccho», porque se han violado normas del derecho procesal, por ejemplo, nunca se fijó el hecho, nunca se describieron las conductas típicas que se les incriminan a cada uno de los procesados. Ni en la imputación, ni en el auto de procesamiento ni en el auto de elevación a juicio, existe precisión sobre cuáles amenazas o violencias profirieron cada uno de los 27 estudiantes, ni a quiénes. No se han determinado los hechos ni las acciones desplegadas por cada imputado ni sus grados de participación.
Por ello, la abogada, que integra la Gremial de Abogados y Abogadas, considera que este proceso constituye un gravísimo antecedente, porque viola el principio constitucional de defensa en juicio. Respecto a las pruebas, son notas periodísticas y televisivas ya que ninguno de los testigos pudo identificar a ninguno de los imputados.

Criminalizar la protesta.
Belén Schaab es una de las procesadas, ella es egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y es pampeana. En diálogo con LA ARENA hizo referencia a las más de 90 tomas de edificios educativos que tuvieron lugar en 2018, donde el movimiento estudiantil, como 100 años atrás, debatió sobre la educación que necesita el pueblo, que está «muy lejos de ser la actual».
«La criminalizacion de la protesta fue la única respuesta del Estado, ya que los proyectos presentados fueron desestimados por los funcionarios de la UNC», dice Belén. Y reafirma que hoy la pelea sigue «en las calles» por la absolución de todos los procesados. «Las luchas son duras y largas, pero la juventud acá, al igual que lo está haciendo en toda América Latina, nos muestra que nadie nos regalará nada y que, siguiendo la tradición de los reformistas del 1918, los derechos se conquistan, no se mendigan».
Estaría bueno que las autoridades de la UNC y los jueces que van a juzgar a estos estudiantes, recordaran que la rebelión en el hermano país de Chile, de fines de 2019, comenzó con una protesta estudiantil cuando se quiso aumentar 30 pesos el boleto de transporte. «No son 30 pesos, son 30 años», decían esos jóvenes. Y lograron, después de enormes protestas, duramente reprimidas, una histórica derrota de la derecha y que hoy se debata una nueva Constitución.