En La Pampa hay un preso político

En abril del año pasado la ex presidenta Cristina Kirchner recibió una andanada de huevazos y naranjazos cuando salía del Instituto Patria. En febrero de 2009 en Laguna Paiva, Santa Fe, un grupo de productores agropecuarios que participaban de los masivos cortes de ruta arrojaron huevos y estiércol al diputado nacional Agustín Rossi cuando se retiraba de un acto oficial. En mayo de 2007 la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue atacada con golpes de puño, harina y huevazos en Río Gallegos. En abril de 2003 militantes de Luis Barrionuevo recibieron con insultos y huevazos a la entonces senadora Cristina Kirchner en un acto político. En el año 2008, Rodolfo Terragno quien se desempeñaba como ministro de Obras Públicas del gobierno de Raúl Alfonsín, recibió una salva de huevazos en el Aula Magna de la UNLPam., por parte de manifestantes que rechazaban su proyecto de privatizar Aerolíneas Argentinas.
Son unos pocos pero significativos ejemplos rescatados entre muchos otros de la historia política reciente. Ninguno de ellos motivó una causa judicial ni, mucho menos, redadas de encarcelamientos.
La diferencia con lo que acaba de suceder en nuestra ciudad es descomunal. Aquí el juez federal de Santa Rosa, cediendo a presiones del Poder Ejecutivo Nacional, envió la Policía Federal al campo de la Universidad de La Pampa para detener a un docente acusado de arrojar huevos al auto que conducía al presidente de la Nación. Se desplegó un cinematográfico operativo de uniformados y patrullas como si se tratara de un delincuente de extrema peligrosidad imputado de cometer un delito gravísimo.
La justicia federal de La Pampa tiene hoy el triste privilegio de sentar jurisprudencia represiva en una materia que, hasta ahora, ni siquiera hacía pestañear a un fiscal o a un juez como lo demuestran los numerosos casos citados. El uso de la Justicia como aparato de persecución política, como tan bien se describe en otra columna de esta edición, está funcionando a pleno. El gobierno nacional viene desplegando una estrategia de presión a fin de convertir a jueces y fiscales federales en ejecutores de una ostensible política de amedrentamiento. Una conocida jueza porteña admitió que "nunca antes" había sentido tanta presión del Ejecutivo Nacional. Jueces apartados, otros que renuncian, otros arbitrariamente instalados y hasta la embestida contra la procuradora general constituyen un muestrario de esta política que busca disciplinar al Poder Judicial para que, a su vez, discipline a los sectores políticos opositores.
El grito de guerra de la ministra de Seguridad festejando esta detención como si fuera un triunfo de la democracia y el ensañamiento de los poderosos medios porteños aliados del macrismo completaron el intento de fabricar un ridículo "casus belli" con lo que, a lo sumo, fue una contravención. La causa abierta por la desaparición forzada de Santiago Maldonado no tiene todavía un solo detenido a pesar de tratarse de uno de los delitos más graves tipificados en el Código Penal. El lanzamiento de unos huevos contra un vehículo -no contra una persona-, en cambio, disparó un encarcelamiento inmediato contra quien se hubiera presentado sin demora ante una citación judicial.
Ayer las autoridades de la UNLPam. calificaron al procedimiento como de una "espectacularidad desproporcionada e innecesaria" y anticiparon que analizarán presentar una denuncia judicial ante el avasallamiento de la autonomía universitaria. También advirtieron a las "autoridades del Estado" por estas acciones de "amedrentamiento" que buscan el "disciplinamiento social". Gremios docentes y agrupaciones políticas se sumaron al repudio.
Resultan oportunas estas manifestaciones porque sirven para combatir el miedo que pretende inocular en la sociedad este despliegue de autoritarismo impropio de un gobierno que se dice defensor de la democracia.