En el mundo hay una crisis alimentaria y más inflación, y el Estado debe intervenir

Para los grandes productores que lideran la protesta, el Estado no debería intervenir en el negocio de granos y carnes, dejando que el mercado (o sea los monopolios) lo regule. Pero a nivel mundial hay cada día más intervención estatal por la crisis.
EMILIO MARIN
A lo largo de 2007 hubo una impresionante suba en la cotización de los granos, que golpeó duro en las familias más pobres del mundo. Algo más de 800 millones de personas componen ese segmento más vulnerable, que pasan hambre; de ellos 200 millones viven en nuestra región latinoamericana.
La contracara de ese fenómeno fue la evolución de las multinacionales cerealeras. Cargill reportó una ganancia neta de 1.000 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal finalizado en febrero de 2008. Aumentó el 86 por ciento en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Sin llegar a esas magnitudes, fue extraordinaria la ganancia de los Grobocopatel, Ledesma, Don Mario, Dreyfus, Cresud, AGD y la misma Cargill en estas pampas.
Uno de los aspectos positivos que puede dejar el prolongado lock out agropecuario liderado por la Sociedad Rural, continuado ahora por un “plan de lucha”, es que puso sobre el tapete ese encarecimiento de los alimentos y la cuestión de quién se lleva la parte del león de la rentabilidad sojera.
Los mencionados pulpos y demás exportadores pusieron el grito en el cielo ante el aumento de las retenciones dispuestas por el gobierno, así como ante las limitaciones a las exportaciones de carne y trigo.
El conflicto alentó la inflación, con aumentos de precios en la canasta familiar que luego bajaron en pequeña medida. Como aquí el tema inflacionario tiene una larga historia y se discutió mucho por la injerencia del PEN en el Indec, muchos pudieron creer que la inflación era también, como la disputa por las retenciones, un problema argentino. No es así. Es un certamen internacional, que también se disputa en nuestro territorio.
Y la discusión amplió su contorno a mediados de abril, cuando en la reunión anual del Banco Mundial y el FMI se oyó a sus directivos alertar contra el aumento del precio de los alimentos. Su advertencia no tenía un sentido compasivo por los que sufren hambre, sino más bien llamar la atención de los gobiernos para que tomen medidas. Temen que esa crisis de estómagos vacíos pueda producir cataclismos sociales y hasta revoluciones.
Robert Zoellick, del BM, y Dominique Strauss-Khan, del Fondo, subrayaron que en menos de dos meses el arroz había subido un 75 por ciento. El trigo el 120 por ciento en el último año. La soja el 87 por ciento. Y así los demás granos.
En cuanto a la suba de alimentos, el director del Banco Mundial de los programas de políticas económicas y reducción de la pobreza para América Latina, Marcelo Giugale, los ponderó en el 48 por ciento en 2007. Esas cotizaciones están empinándose en el corriente año y seguirá la tendencia en 2009, según sus estudios.
Aumento de los alimentos e inflación ponen en marcha la fábrica de pobres, que nunca detiene sus motores en países como el nuestro. La pobreza ya abarca en Argentina al 30 por ciento de la población, 11,5 millones de personas, de las cuales 2 millones pasan hambre. El Indec sostiene que la cifra es menor, del 23 por ciento. Sea cual fuera, una barbaridad.

Remedios generales.
Por sus efectos mortales sobre la franja pobre del planeta, el secretario general de la ONU, Ban Ki moon, dijo que la crisis alimentaria podía equipararse a un “tsunami silencioso”. Pero como sigan así las cosas, será una tragedia para nada silenciosa sino muy ruidosa. En Marruecos, Yemen, Guinea, Senegal, Indonesia, Camerún, Burkina Fasso, Pakistán, Egipto y Haití, entre otros, hubo protestas sociales y represión, con varios muertos (seis en el último nombrado, el más pobre de la región).
Los que exportan granos, no sólo Argentina sino también Brasil, Rusia, China, India, Thailandia, Vietnam, Nepal, Indonesia, Kazajstán, etc, adoptaron medidas para limitar temporalmente las exportaciones. Es lógico. Son remedios generales y no propios de una “enfermedad kirchnerista”, como presentan los dirigentes de SRA y asociados.
Los gobiernos que conservan algo de sensatez buscan en esta coyuntura restringir las ventas al exterior para privilegiar el abastecimiento, a precios razonables, del mercado interno. Esto no siempre se logra por las maniobras de los grupos monopólicos exportadores, que desabastecen esperando una mejor oportunidad para vender y elevan los precios de los productos faltantes. Cuentan con un ejército mediático para justificar la “ralentización” de la economía y echarles la culpa de todo a funcionarios que tratan de controlarlos, como Guillermo Moreno, o a la misma presidenta de la Nación, a la que llamaron “la nueva plaga”.
Varios de los gobiernos mencionados aumentaron las retenciones a las exportaciones para absorber una parte de la renta extraordinaria -caso de los sojeros en Argentina- y desvincular el auge de los precios de las commodities en el mercado mundial, de los que paga la población con salarios de la moneda del país y no en dólares.
Los que pugnan por aumentar las ventas externas y eliminar o disminuir las retenciones a la soja, por el contrario, quieren polarizar en extremo entre argentinos extraordinariamente ricos y millones y millones de indigentes. Son los que andan muy orondos en sus camionetas 4×4 con el sticker de años atrás que dice: “No a las retenciones”.
Si ante esas medidas básicas se encabritaron y se echaron a las rutas echando espuma por la boca, es previsible que lleguen hasta la criminalidad si en el futuro se aprueba en este país una nacionalización del comercio exterior y la refundación de la Junta Nacional de Granos y de Carnes (no confundir con la propuesta de Felipe Solá, de una dependencia mixta, con directores de la Sociedad Rural y el lock out).

Soberanía alimentaria y nacionalizaciones.
Los burócratas de las entidades financieras internacionales, inútiles para prevenir esta crisis alimentaria, podrían agravarla si se les lleva el apunte con las recetas que propugnan.
Su idea, en línea con lo que plantea aquí la Comisión de Enlace rural, es dejar que los precios de los alimentos aumenten y se subsidie sólo a los más pobres. Pidieron formar un fondo de 500 millones de dólares para entregar esos subsidios a las naciones más perjudicadas por las subas de los granos, como Mongolia, Afganistán y Haití. Esa es la postura del establishment internacional, uno de cuyos voceros es la revista británica The Economist: altos precios de alimentos, más comercio mundial, percepción de mayor recaudación y con ésta, pagar subsidios a los más menesterosos.
El titular de la Sociedad Rural, coincidiendo con esa propuesta global, reclamó al gobierno de Cristina Fernández que deje aumentar los precios de los alimentos y tarifas para los sectores medios y altos, y que se subsidie a los más pobres. El energúmeno de Gualeguaychú, con el mismo sentido, pidió que el gobierno no les ponga más retenciones y prometió que ellos van pagar a los maestros y los policías todos sus salarios en blanco (¿por qué no empiezan por poner en blanco a centenares de miles de peones rurales?).
Zoellick y Strauss-Khan, puestos al frente de los respectivos directorios por la administración Bush y sus aliados europeos, creen que con formar un fondo van a resolver el problema que en buena medida crearon sus mandantes.
Es que en la actual suba de alimentos, con el hambre consiguiente, pesaron cinco factores. Según expresó en La Habana el vicedirector general del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), Ramón Pichs Madruga, esas causan son: 1) aumento del petróleo, que incide en fertilizantes y transporte; 2) aumento de la demanda alimentaria por mayor consumo de China e India; 3) cambio climático y sequías que afectan al campo; 4) especulación financiera mundial, pues luego del estallido de la burbuja inmobiliaria los inversores pasaron sus posiciones a las commodities; 5) producción de agrocombustibles a partir de los alimentos.
De los cinco factores enumerados por el vice del CIEM, cuatro tienen que ver con las políticas, agresiones, apuestas de Wall Street, modelo consumista, etanol y otros planes de Washington.
Por caso, George Bush fue el promotor del etanol. Y no lo dice Fidel Castro sino el relator de las Naciones Unidas, Jean Ziegler: “hoy el uso y fomento de biocombustibles es un crimen contra la humanidad” (La Nación, 15/4).