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Enredando la transición

Alrededor de un tema relevante, de un reclamo legítimo de los trabajadores de la Dirección de Agua y Saneamiento, se tejió una trama que no ha hecho otra cosa que enturbiar las aguas de la transición entre la gestión de Leandro Altolaguirre y la de Luciano Di Nápoli en la comuna de Santa Rosa.
En los últimos días irrumpió una troika que parece no advertir -si somos bien pensados- las dificultades que está sembrando a la administración que asumirá el 10 de diciembre. Por un lado el Sipos apurando una definición cuando hace dos meses atrás admitía que el tratamiento de su demanda -por la relevancia que tiene y los años que lleva esperando- podría continuar tratándose con la próxima gestión. En segundo lugar el intendente que está a punto de concluir su mandato estampando su firma en un acuerdo final sin contar con la ineludible aprobación del Concejo Deliberante. Y como tercera pata aparece el subsecretario de Trabajo homologando un convenio colectivo desconociendo la autonomía municipal.
La Ley Orgánica de Municipalidades le otorga al Concejo Deliberante, específicamente y entre muchas otras atribuciones, la de aprobar los convenios laborales con los trabajadores municipales «a propuesta del Departamento Ejecutivo». La equivalencia con el ámbito provincial es clara. La Ley 643 que regula las relaciones laborales entre el Estado provincial y los empleados públicos, por su jerarquía normativa, solo puede ser modificada por la Legislatura, aunque sus cambios sean «propuestos» por el Poder Ejecutivo.
Pero también hay otro punto de importancia. El Concejo Deliberante es el responsable de tratar y aprobar todo gasto e inversión del municipio. El convenio en cuestión, al modificar las percepciones salariales que recibirán los empleados bajo la nueva modalidad, merced a los cambios de encuadramiento que incluyen, por ejemplo, la sustitución de horas extras por guardias entre otros ítems, no puede esquivar la intervención del Concejo Deliberante.
Lo que hizo el subsecretario de Trabajo de la Provincia al apurar la homologación del nuevo convenio laboral a sola firma del intendente fue ignorar un principio básico de la organización política de nuestra provincia como lo es la autonomía municipal. El Concejo Deliberante de una comuna es el Poder Legislativo y a la vez opera como un tribunal de cuentas. Es también el organismo que encarna más acabadamente la soberanía popular pues en él están representadas todas las fuerzas políticas -salvo las muy minoritarias- que son electas por la ciudadanía.
Resta ver cómo reaccionará el nuevo jefe comunal ante esta artimaña que busca imponerle un nuevo convenio colectivo de trabajo a horas de su asunción. En tanto, el intendente que se está yendo no hace más que confirmar una de sus aristas más cuestionadas: una propensión al autoritarismo y a no escuchar las voces que le aconsejan actuar más reflexivamente. ¿Se habrá comprado, innecesariamente, un futuro problema judicial por este acto demagógico de querer aparecer en la fotografía junto a un gremio a pocas horas de dejar su cargo?