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Entre el orgullo y la vergüenza

GESTION DE GOBIERNO Y PACTO CON EL ELECTORADO

A veces da la impresión de que el gobierno no siente orgullo sino vergüenza por algunas medidas que ha tomado en cumplimiento del pacto con su electorado, dice uno de sus miembros más exigentes.

Por Horacio Verbitsky

No pudo ser candidata a la primera magistratura, pero su aporte fue decisivo para la victoria sobre el hombre de negocios turbios que durante cuatro años abusó de los privilegios de la presidencia para impulsar sus emprendimientos privados y que fue el primero en tres décadas que no logró la reelección. «Voy a seguir luchando en defensa de las familias trabajadoras y presionando a las mayores empresas, a los más ricos y mejor conectados, para que paguen la parte justa que les corresponde de los impuestos. Me propongo ser una voz progresista para asegurar alivio y seguridad económica duradera para las familias que la están pasando mal por la pandemia», dijo ella la semana pasada. Desde el Senado, encarna la más categórica representación del Stop que la política intenta oponerle al poder del dinero.
Uno de sus principales aliados en el Congreso dijo que «no ayudar de inmediato a los hogares con dificultades en todo el país sería traicionar a los millones de votantes que nos pusieron al frente de los poderes Ejecutivo y Legislativo con el mandato de mejorar la vida de las personas. Si la política significa algo y si vas a tener algún grado de credibilidad, no podés hacer campaña sobre una serie de temas y una vez que llegás al poder decís.’Bueno, ¿sabés qué? Cambié de idea’. No es así».
Desde los bloques oficialistas de ambas cámaras, un centenar de legisladores denunció los beneficios impositivos para los más ricos, que el anterior gobierno camufló como un capítulo de una ley ómnibus, presentada como de ayuda a los más vulnerados, y reclamó revocarlos. La victoria fue obtenida por una alianza de sectores con visiones e intereses discordantes, que luego de enfrentarse con dureza por la candidatura acordaron convivir bajo el mismo techo electoral ante la temida perspectiva de otros cuatro años de un presidente sin valores democráticos ni límites morales.
Un columnista crítico (que no es colaborador del Cohete) sostiene que, si el actual Presidente y sus legisladores no toman nota de la magnitud de la crisis, que no es una sino la superposición de varias crisis, podrían encaminarse a una derrota, que les haría perder su ajustado control del Congreso en la próxima elección y la presidencia dos años después. El oficialismo debería adoptar un firme enfoque progresista capaz de responder a los desafíos del momento e ilusionar a un padrón electoral maltrecho y golpeado. El peor error que podrían cometer es buscar el centro y conciliar con la oposición. El líder histórico a quien todas las tendencias reconocen hizo lo contrario, y gracias a sus políticas definidas en favor de los más pobres, ganó todas las elecciones a las que él y sus candidatos se presentaron durante décadas del siglo pasado, escribió.
Hasta ahora el oficialismo no ha coincidido en una interpretación común sobre las causas de la victoria y, en consecuencia, acerca del camino a seguir para consolidarla: ¿fue gracias al movimiento hacia el centro y la moderación que representó el ahora Presidente?; ¿o por el contrario, se debió al atractivo de las propuestas y el liderazgo del ala izquierda, que interpretó el hartazgo colectivo con los cuatro años previos?
En lo esencial este es el cuadro de situación en Estados Unidos.

¿Y por casa?

Los dilemas argentinos no son idénticos, pero tienen un aire de familia, propio de la época y de un contexto que es más global que nunca. Aquí como allí, la oposición asume la representación del gran capital pero además extrema sus posiciones hacia la derecha, y rechaza sin matices todas y cada una de las propuestas que vengan del gobierno, al que presentan como copado por un ala izquierda que demonizan con absoluta indiferencia por la realidad. Esta actitud cerril llegó al punto de que en vísperas de Nochebuena una de las fundadoras de Cambiemos, Elisa Carrió, denunciara al Presidente Alberto Fernández, a su ministro de Salud Ginés González García y a su segunda, Carla Vizzotti, por envenenar a la población con la vacuna Sputnik. Pero en un mes la oposición pasó a quejarse porque ese veneno no alcanza para todos, y acusa por ello al gobierno, como si la escasez del producto no estuviera agobiando al mundo entero, lo mismo que el virus contra el que se supone que protege.
Una vez que la revista científica The Lancet reiteró la certificación que ya había dado la Anmat sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik, Clarín y La Nación publicaron columnas gemelas alegando que el problema no era la vacuna (a la que no podían seguir denostando) sino el gobierno. Por definición, el problema es el gobierno, y dentro del gobierno, Cristina. En esos términos es imposible discutir y hace falta una gran templanza para no responder en la misma clave, que sólo les conviene a quienes buscan desacreditar la política como vía de transformación y herramienta de defensa de los intereses de la mayoría.
Es indiscutible que respecto de la Covid y la vacuna el Poder Ejecutivo se habló encima, porque todos los gobiernos sienten que es lindo dar buenas noticias. Pero si se coteja lo sucedido aquí con la forma en que transcurre la crisis en otros lugares del planeta, el saldo dista de ser ominoso. Aunque las cifras de contagios y muertes son significativas, no debió intervenir el Ejército para evacuar cadáveres, como en Italia. No fue necesario acomodarlos en camiones frigoríficos frente a los hospitales colmados, ni devolverlos a morir en sus hogares, como en Estados Unidos. Tampoco hubo choques violentos en masivas protestas contra las restricciones a la circulación, como en la capital de Alemania, frente a la puerta de Brandeburgo. No se produjeron saqueos de negocios durante los enfrentamientos con la policía, como en los Países Bajos. Los insumos esenciales como el oxígeno no faltaron, como sí ocurre en México, Brasil y Perú, donde se pagan precios de mercado negro por un tubo que puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. La situación está tan controlada que abre espacio para los conspiranoicos que alegan que el virus es un invento para controlar el mundo. Ningún funcionario argentino formuló una afirmación tan estrafalaria como la ministra de Salud peruana.
La oposición anuncia que llevará a los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos las violaciones denunciadas en Formosa (que son serias, pero de ninguna manera exclusivas de esa provincia, que logró el índice de muertes por habitante más bajo del país y aportó el mayor porcentaje de votos a la victoria de Alberto y Cristina, ni comparables con nada que haya ocurrido durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica). Mientras, una organización de rancia tradición liberal, como Freedom House, publicó un mapa del mundo que representa el estado de la libertad en un centenar de países en 2020. La Argentina figura con mayor grado de libertad que Estados Unidos, Canadá y Brasil.
El Presidente Alberto Fernández ha tenido el buen tino de no descender al mismo nivel de los agravios y agresiones que recibe desde la oposición política y la trifecta mediática. Prefiere aplicar paños fríos a la política, así como el ministro de Economía Martín Guzmán reitera que la clave de su gestión es «tranquilizar la economía».

Puño de acero en guante de seda.

Esta virtud no debe confundirse con tibieza en los actos. La combinación ideal es la que expresa el aforismo latino Suaviter in forma, fortiter in re, que podría trasponerse en este contexto como el puño de acero de Cristina en el guante de seda de Alberto. En los últimos encuentros que mantuvieron les Fernández, y en sus conversaciones telefónicas, que ambos prefieren mantener en reserva, se plantearon varios temas en los cuales Cristina postula mayor firmeza: el avance de los precios, sobre todo de alimentos, que lima el poder adquisitivo de los ingresos populares, las tarifas de los servicios públicos, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el ritmo de devaluación de la moneda nacional frente al dólar.
Tanto el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la vicejefa, Cecilia Todesca Bocco, como los ministros de Economía, Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmaron públicamente que el objetivo oficial es que los salarios crezcan por encima de los precios, como forma de recuperar parte de lo perdido en los últimos años y de activar el consumo, que es el 70% de la demanda agregada. Esa meta también está contenida en el Presupuesto 2021, que contempla para el año una inflación del 29%.
Si las tarifas crecen por encima de los salarios, no sería difícil sino imposible lograrlo. Estas metas dependen sólo en parte del gobierno. Así lo ratifica el acuerdo salarial que lograron los trabajadores bancarios, con un aumento del 29% hasta agosto, y reapertura de negociaciones en el último cuatrimestre del año según se hayan movido los precios, además de un bono anual equivalente al salario de un mes y una compensación retroactiva del 2% perdido el año pasado frente a la inflación. Un gremio organizado y movilizado, y con disposición a confrontar en defensa de sus afiliados, asegura mejores logros, sobre todo si la patronal contabilizó grandes ganancias. Algo similar consiguieron luego de un extenso conflicto los trabajadores aceiteros, de otra patronal que se cuenta entre los grandes triunfadores de la economía.
A veces da la impresión de que el gobierno no siente orgullo sino vergüenza por algunas medidas que ha tomado en cumplimiento del pacto con su electorado, dice uno de sus miembros más exigentes. Pone como ejemplos la celebración oficial por la abolición de la clandestinidad del aborto y el silencio (y la demora) con que se produjo la reglamentación del gravamen a las mayores fortunas.

Los subsidios y el dólar.

Entre los precios regulados en la economía argentina se cuentan: electricidad, gas, agua,
petróleo y sus derivados, tecnologías de la comunicación y la información y medicina prepaga.
En cada caso, las empresas reclaman aumentos y recitan el catálogo de catástrofes que ocurrirían si no se les otorgan. El Presidente oscila entre las concesiones que se inclina a realizar su ministro de Economía y la línea estricta que indica la Vicepresidenta. Comprende ambas posiciones y le cuesta decidirse, caso por caso.
En la entrevista del miércoles en Minuto Uno, Guzmán dijo que debían reducirse los subsidios, ya que se pagan con deuda, impuestos o emisión, y que parte de esa emisión se va al dólar, realimentando la inestabilidad macroeconómica, a la que atribuye la inflación. Eso es tan cierto como que, en la Argentina realmente existente, son las superganancias de las empresas prestadoras de servicios públicos las que se van al dólar cada vez que se autoriza a subir sus tarifas, que además Macrì dolarizó. También es motivo de cavilaciones el ritmo de la devaluación del peso. El equilibrio macroeconómico (o algo que se le asemeje) requiere que esa variable no se retrase respecto de la inflación. Pero la sustentabilidad técnica no coincide con la sustentabilidad política, y menos en un año electoral. Los peligros del retraso son conocidos, los del paso sincronizado comienzan a observarse ahora, como reciclador de una inflación alta.
¿Cuál es el mayor estímulo a la dolarización y la fuga, el subsidio o el aumento de tarifas? Ese es uno de los puntos de desacuerdo dentro del oficialismo.

Precios y salarios.

Para ejercer un control más efectivo de los precios se acordó que se agregarán 200 inspectores a la Secretaría de Comercio Interior. No obstante, en mercados con un altísimo grado de concentración, el diálogo cara a cara con los principales actores también tiene un papel decisivo. El desafío es realizarlo dentro de un marco institucional, y en consecuencia permanente, y no sobre la base de los raptos de parloteo y apriete, como ocurrió durante la gestión de Guillermo Moreno en los últimos años de la presidencia de Néstor Kirchner y los primeros de la de Cristina, hasta que Axel Kicillof le demostró a la Presidenta que el charlatán prepotente le enroscaba la víbora con las cifras del comercio exterior, presentando superávits irreales.
La semana que comienza, el gobierno anunció que se reunirá con los principales gremios de trabajadores y de patrones para buscar un marco de referencia sobre precios y salarios, que oriente las negociaciones paritarias. El Cohete recurrió para conocer la nómina de quienes participarán a Todesca Bocco, quien respondió que su confección había quedado a cargo de Guzmán, Kulfas y el ministro de Trabajo Claudio Moroni. Consultados para esta nota, Guzmán dijo que aún no la habían hecho; Kulfas no respondió y Moroni contestó que por ahora sólo se había invitado a la CGT y la CTA, pero que se intentará que «estén representadas todas las tribus». La novedad es que la primera convocatoria no reunirá a ambos lados de la mesa sino sólo a los representantes del trabajo. «Las empresas van para otra fecha y se están organizando distintas mesas por sectores de economía y producción. La idea es que no sólo estén las cámaras sino las empresas formadoras de precios», completó Moroni. Según Infoemba, el trabajo iría el miércoles, y el capital el jueves.
El secretario general de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky solicitó que se invitara también a los representantes de las empresas medianas y pequeñas que forman parte del denominado Espacio Producción y Trabajo. Hasta el cierre de esta edición no había obtenido respuesta. En cambio, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que el diálogo debe ser con los principales diez o veinte formadores de precios. Es la opción de la CGT, que ha firmado documentos redactados por la Asociación Empresarial AEA y por la Unión Industrial, cuyos reclamos de reducir el gasto público y los impuestos desfavorecen a los trabajadores. Es contradictorio reclamar, como hizo la UIA en su reunión con los enviados del Fondo, que al mismo tiempo se reduzcan el déficit y los ingresos impositivos, dijo Guzmán en su último diálogo con la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.
El oficialismo no esperará en forma pasiva la buena voluntad de los formadores de precios, y tiene tres proyectos de ley para usar en el inevitable tira y afloja que se avecina. Se trata de las leyes de Etiquetado frontal, que ya tiene media sanción del Senado, por la que los productos deben especificar en forma visible el contenido de azúcares, grasas saturadas y/o sodio que exceda los valores establecidos; Defensa de la Competencia y Envases, que traslade la responsabilidad de la gestión y/o el financiamiento de los residuos de envases desde los municipios hacia las empresas o marcas que ingresan productos (envasados) de consumo masivo al mercado.
Todesca Bocco dijo que también se estudia aumentar las retenciones, porque el gobierno no puede quedarse mirando cómo se disparan los precios de los alimentos debido a la suba de la cotización internacional, propia del casino financiero. La de defensa de la competencia fue sancionada por el Senado el jueves 4, y permitirá al gobierno utilizar esa herramienta ante la escalada de los precios. Su articulado define la concentración, ya sea por fusión, transferencias, adquisición de derechos sobre acciones o participaciones, acuerdos de hecho que otorguen influencia determinante en la adopción de decisiones, o en la estrategia competitiva de una empresa, acuerdos asociativos o participativos. También incluye una serie de disposiciones procesales, que dificultan la cooptación del tribunal de la competencia por las empresas, robustecen el control estatal, dificultan las tácticas dilatorias y colocan el manejo de los tiempos del lado estatal. No es imposible que el oficialismo intente reintroducir en Diputados la definición que Elisa Carrió propuso y luego retiró hace dos años, de que más del 40% de control de un mercado se considere posición dominante. La idea es que el Estado tenga los mejores instrumentos en el cara a cara con los formadores de precios.

Un corchazo.

«El problema es cuando los funcionarios ven al hombre de negocios con el que deben discutir como su posible futuro empleador», dice una de las personas involucradas en estas discusiones dentro del oficialismo. Menudo fenómeno, que no se circunscribe al gobierno de Alberto Fernández.
Néstor Kirchner le confío al encargado de prensa de Julio De Vido, Alfredo El Corcho Scoccimarro, la vocería presidencial, responsabilidad en la que fue confirmado por Cristina, quien le asignó la jerarquía de Secretario de Comunicación Pública. Desde allí obstaculizó la aplicación de la ley audiovisual, con el argumento de que era más fácil negociar con los responsables de cuatro grandes operadores que convocar a los concursos que preveía la ley para otorgar las nuevas licencias, lo cual desvirtuó un instrumento concebido para diversificar la oferta mediática, con fuerte intervención estatal pero al mismo tiempo estímulo a la competencia de mercado. Si alguien se pregunta por qué El Corcho es el único funcionario tan próximo a ambos Presidentes que no ha sido objeto de acoso mediático y judicial, ahí tiene la respuesta.
Más aún, Scoccimarro es el actual director periodístico del Alpha Group, del emprendedor Marcelo Fígoli. En una de sus radios, el ex hombre de confianza de Néstor y Cristina reunió a un lote enconado de periodistas en guerra de insultos contra el kirchnerismo: Eduardo Feinmann, Angel Etchecopar, Fernando Carnota, Nelson Castro, Luis Majul, Jonatan Viale, Oscar González Oro y el incalificable cumbiero David Martínez, conocido como El Dipy. Varios de ellos también integran el plantel de la señal de noticias por cable de La Nación, donde, según Jorge Fontevecchia, ingresó como aportante el ex Presidente Maurizio Macrì, cuyo libro Primer Tiempo es un anuncio inequívoco.

A rodillazos en los genitales.

Ese plantel presenta al Presidente como una marioneta manejada desde el Instituto Patria y a La Cámpora como un pacman implacable que devora todo lo que se le pone en el camino y cuya meta sería coronar a su líder como Presidente. Para llegar a ese resultado estos agitadores del micrófono tienen que combinar las reglas del ajedrez con las de las damas y las de las artes marciales mixtas tal como las concibe la UFC. Valen hasta los rodillazos en los genitales. La única duda es si conocen la realidad y no les importa o si lo hacen de puro ignorantes. En cualquier caso, lo que los guía es el ideologismo y el prejuicio. Cuando Majul afirma que sería muy peligroso que el diputado Máximo Kirchner alcanzara la presidencia en 2023, ¿ignora que La Cámpora ha comprometido su apoyo para que Axel Kicillof lo intente, tal como hizo a partir de 2018 para impulsarlo a la gobernación bonaerense? ¿O lo sabe y se ne frega?
En cualquier caso, el gobernador es otro blanco de preferencia para la demolición, como todo aquello que tenga alguna relación con la Vicepresidenta. Y desde hace días se viene anunciando para el jueves 11 una nueva algarada policial como la de septiembre pasado. Siempre sobrio, Sergio Berni dijo que «si me toman una comisaría, voy y los saco a los tiros». ¿Remember Alais?

A Fondo.

El diario Ámbito Financiero dijo el primer día de febrero que estaba bien encaminada la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44.000 millones de dólares contraída durante el gobierno de Maurizio Macrì. Se trató del mayor préstamo concedido a un solo país por la institución, por encima de las relaciones técnicas de sus propios estatutos. Tanto Macrì como el entonces delegado del gobierno de Estados Unidos en el FMI, Mauricio Claver Carone, lo describieron como una muestra de apoyo político a un gobierno cuya reelección interesaba al ex Presidente Donald Trump. Según el diario, el total de la deuda debería ser liquidado entre 2025 y 2031, es decir en diez años, con cuatro de gracia. «El dinero desembolsado no debe salir de las reservas sino del financiamiento voluntario. No se descarta la opción de acudir a un plan de refinanciación del propio FMI para cubrir con algunas cuotas, pero para eso el país deberá cumplir con sus primeros compromisos; es decir, conseguir aproximadamente entre U$S 15.000 y U$S 18.000 millones entre 2025 y 2026», sostuvo el matutino, conducido por el anfibio empresario Fabián De Sousa.
Alberto no ha escatimado críticas al anterior gobierno y a la conducción del Fondo que hasta noviembre de 2019 ejerció la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Incluso intentó bloquear la designación de Claver Carone como el primer presidente estadounidense del Banco Interamericano de Desarrollo. En cambio, ha establecido una relación cordial con Georgieva, intermediada por una amiga personal de la economista búlgara, la mexicana Alicia Bárcena, que preside la Comisión Económica para América Latina, Cepal. Bárcena fue quien sugirió la designación de Guzmán como ministro de Economía, alegando la relación amistosa que Georgieva tiene con el maestro y protector de Guzmán, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del ex presidente Bill Clinton y ex vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial, quien dejó esas posiciones para convertirse en uno de los principales críticos de la globalización realmente existente.
Ese esquema a una década, con todos los vencimientos concentrados entre los años 25 y 31 es otro punto de disenso. Si Alberto aduce que los estatutos del Fondo no permiten un acuerdo de Facilidades Extendidas a más de 10 años, la Vicepresidenta replica que tampoco admitían la magnitud y las condiciones del préstamo concedido a Macrì, cosa que el propio staff del Fondo reconoció. «No creo que haya que renegociarla a diez años. Hay que hacerlo por lo menos a veinte años porque, si no, se juntarán los vencimientos de la renegociación con los bonistas privados» dijo la semana pasada Leopoldo Moreau, un interlocutor habitual de Cristina y Máximo, en una entrevista con Jorge Fontevecchia.
No es viable pagar más de 2.000 millones por año.