Inicio Opinion Entre la coherencia y el ambientalismo selectivo

Entre la coherencia y el ambientalismo selectivo

LA SEMANA PAMPEANA

I – La lucha de los ambientalistas y el pueblo mendocino contra la entente político-empresarial que modificó la ley de minería para permitir la extracción contaminante de sus riquezas tuvo finalmente un final feliz. La movilización en esa provincia con fuerte apoyo en todo el país logró, en un par de días, que la ley que se había votado a instancias del macrismo cuyano con el apoyo del kirchnerismo, volara por los aires.

II – Para los pampeanos, esa lucha y la rapidez con que se desarmó el ataque al medioambiente tuvo un sabor agridulce. En primer lugar porque una lucha similar emprendida por los pampeanos contra el mayor ataque al medioambiente perpetrado en la historia argentina: la desertificación de una ancha franja del centro del país que abarca todo el oeste pampeano pero también grandes áreas de Mendoza, lleva décadas sin solución. A diferencia de la repercusión que puertas adentro tuvo en la vecina provincia la movilización de mendocinos en defensa del ambiente, la lucha pampeana, que ha intentando concientizar al país del desastre ambiental, humano y económico, por el corte de sus ríos, sobre todo el Atuel, ha sido campanas de palo en Mendoza, causante principal de ese crimen contra el equilibrio ecológico de millones de hectáreas pampeanas. Los pocos días que tardó el poder político mendocino en dar marcha atrás con su intento de hacer negocios con un altísimo costo ambiental, contrasta con los años de espera de un gesto similar hacia La Pampa. El ambientalismo selectivo que ha operado en Mendoza, ignora las consecuencias de sus políticas hídricas ruinosas para el ambiente pampeano.

III – Si, pese a todo el daño que Mendoza le causó y le causa, La Pampa apoyó desde un primer momento la lucha mendocina por su ambiente amenazado por la modificación a la ley de minería, fue por un principio de coherencia. Los mismos argumentos que nuestra provincia viene sosteniendo para exigir el regreso del río interprovincial Atuel, son los que se usaron en la vecina provincia para defender el ambiente de la minería contaminante y han dado sus frutos, logrando la derogación de una modificación que ponía en riesgo el sistema hídrico que nace en la cordillera y, naturalmente, escurre hacia nuestra provincia. La Pampa vio en esa lucha de los movimientos ambientalistas cuyanos, los ecos de su propia lucha. El Calvario que el pueblo pampeano recorre con su cruz de sal pidiendo su derecho al agua negada por Mendoza y la Nación, lleva casi un siglo.

IV – Por eso la declaración de uno de esos movimientos ambientalistas mendocinos que, por primera vez en la historia del conflicto con La Pampa, urgió a las autoridades de su provincia a lograr un acuerdo para el uso compartido del agua del Atuel, entusiasmó a no pocos pampeanos. Es, claramente, un avance en el entendimiento bilateral que nace, no de las razones económicas que Mendoza ha usado invariablemente para reivindicar su política de hechos consumados, sino de un estado de conciencia ambiental que supera aquélla angurria productivista y plantea el problema desde un punto de vista que, hasta ahora, se había negado sistemáticamente a abordar. Es también, un indicio de que el criterio que la propia Corte Suprema de Justicia ha comenzado a aplicar en el conflicto, gana terreno en el relato mendocino que se negaba a aceptarlo.

V – Los fiscales pampeanos reaccionaron con inusitada virulencia y espíritu de cuerpo a un cuestionamiento por vías institucionales que un ciudadano, encarcelado sin sentencia firme por más tiempo que el que estipula la ley, les planteó en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Los funcionarios aludidos en la denuncia, no sólo consideraron que ese planteo era un ataque, sino que descargaron sus dardos también contra la prensa por publicarlo. Este cruce, en el que el abogado defensor del ciudadano denunciante ha reivindicado la potestad de la sociedad de controlar a todos sus funcionarios, se suma a una serie de cuestionamientos que la corporación de los abogados ha realizado recientemente por lo que considera es un exceso en el uso de la prisión preventiva que, advierten, la justicia la utiliza con demasiada frecuencia, casi como una «sentencia previa». Se trata, sin dudas, de un debate necesario cuyo curso la institución judicial debería alentar más que cuestionar. Porque lo que está en juego no es el honor de los actores judiciales, sino el derecho de los ciudadanos y del principio de inocencia, nada menos. (LVS)