Entre la producción y la contaminación

Mientras La Pampa corre el riesgo de convertirse en un gran basural de bidones con restos de productos tóxicos los pampeanos nos enteramos que no existen registros de las cantidades de agroquímicos que se arrojan en el ambiente en nuestro territorio provincial. No es casualidad entonces que el mismo día en que este diario daba cuenta de esta gravísima omisión, se informaba del enésimo hallazgo de bidones arrojados en cercanías de una localidad pampeana.
En los medios de comunicación se han vuelto rutina las noticias sobre estas conductas negligentes que vienen ocurriendo en la mayoría de las localidades del este provincial, en rutas, caminos vecinales y plantas de reciclado de residuos. Por eso cuesta tanto creerle al titular de la Sociedad Rural cuando afirma que «los principales interesados en producir en forma sustentable somos los productores». Las fotografías de bidones flotando en el agua durante las inundaciones de 2016 desmienten esas palabras al igual que las imágenes que permanentemente se vienen publicando sobre esos envases arrojados en la vía pública sin siquiera ser lavados.
Desde luego que no debe generalizarse ni acusarse a todos de estos actos de irresponsabilidad, pero tampoco puede minimizarse el problema porque son muchos los casos denunciados y es lícito presumir que hay muchos más que todavía no han sido descubiertos. Además existen otros datos que revelan un alto nivel de afectación ambiental y son los informes de técnicos de la UNLPam. alertando sobre la contaminación de las napas de agua en muchos puntos de la provincia con productos tóxicos utilizados en las prácticas agrícolas.
En este escenario resulta llamativo que desde las entidades agrarias se le reclame al Estado provincial que desobedezca la Ley nacional 27.279 y habilite la venta de agroquímicos sin asumir la parte de la responsabilidad que les toca a los productores y aplicadores por la proliferación de actos negligentes como los mencionados. Claro que la máxima responsabilidad le cabe a la fundación Campo Limpio que no cumplió con las modestas exigencias de la ley, y en este punto corresponde hacer una aclaración: algunas voces vienen señalando que el Estado provincial no alertó a esa institución sobre su incumplimiento cuando hubo al menos dos notificaciones ocurridas en septiembre y octubre del año pasado.
Es indudable que se está en presencia de un conflicto de intereses. Por una parte el derecho de los empresarios rurales a producir en sus campos y obtener una renta de la actividad agrícola, y por la otra el derecho del resto de los habitantes de la provincia a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. El Estado es la instancia natural para resolver este dilema y una de sus herramientas elementales es la legislación.
Los productores anunciaron una movilización para reclamar al gobierno provincial «que vuelva atrás con la medida». Como todo sector tiene derecho a peticionar ante las autoridades; y estas últimas tienen la obligación de gobernar y legislar en resguardo de la salud pública y del principio constitucional de «promover el bienestar general».