Entre las góndolas y el juzgado

Ante una ofensiva desestabilizadora, que bloquea todas y cada una de las iniciativas oficiales, el Frente de Todos postula respuestas diferenciadas. Esto no es necesariamente malo, porque unas visiones pueden enriquecer a otras y así propiciar una síntesis.
Por Horacio Verbitsky
La elite judicial, los formadores de precios y los grandes medios comerciales están en pie de guerra, con una virulencia que se ha hecho cotidiana. Todos ellos tienen terminales fuera del país, no vacilan en zamarrear a un gobierno al que igualan con el de Nicolás Maduro en Venezuela o con los sucesores del castrismo cubano y asimilan a la Argentina a ese Eje del Mal. Ante esta ofensiva desestabilizadora, que bloquea todas y cada una de las iniciativas oficiales, el Frente de Todos postula respuestas diferenciadas. Esto no es necesariamente malo, porque unas visiones pueden enriquecer a otras y así propiciar una síntesis. Pero en algunos temas, ninguna de las líneas de acción alternativas parece dar resultado, lo cual desgasta al gobierno y alienta el surgimiento de voces críticas dentro de la propia coalición, cuya impaciencia se concreta en propuestas inviables y autoderrotistas, como los indultos o la amnistía.
Infoemba dedica generoso espacio a una ONG creada en Miami para viabilizar las políticas del Comando Sur y la Usaid hacia la región, sin el lastre de la representación oficial. La pretendida misión del Interamerican Institute for Democracy (IID) es promover los valores de libertad, derechos humanos, democracia e institucionalidad en las Américas. Como emblema de esa constelación, el año pasado premió…al director de Infoemba, Daniel Hadad.
Hadad perora sobre pluralismo. Lo observan Lousteau Heguy, funcionario de Onganía y Videla, y Sánchez Berzaín, ministro de Defensa de Bolivia procesado por la Masacre de 80 manifestantes en Octubre de 2003.

La puerta giratoria.

El primer presidente del IIDH fue Guillermo Lousteau Heguy, quien se deslizó sin dificultades del nacional catolicismo a la retórica del liberalismo estadounidense tal como lo predica el ex jefe de la CIA y de la Secretaría de Estado, Mike Pompeo.
Lousteau Heguy es el padre del senador porteño de Juntos por el Cambio, con quien no parece tener mayor afinidad ideológica. En 1968, la dictadura del general Juan Onganía lo designó rector de la Universidad de Neuquén, y al año siguiente recibió algunas decuando lo hicieron caballero de las órdenes de Corpus Christi y del Cardenal Cisneros. Pero en 2012 recibió el premio Caminos de la Libertad, otorgado por la empresa propietaria del Banco y del canal de televisión Azteca, de México. Así dio toda la vuelta, como el columnista de La Nación Carlos Manfroni, que escribía artículos neonazis en la revista Cabildo del tipo «la filosofía del rock ofrece la posibilidad de convertirse en un animal o un marica». Ahora, actúa como vocero de la embajada estadounidense y exhorta a la desobediencia civil al gobierno de Alberto y Cristina, que caracteriza como «un proyecto esclavizante», con legitimidad de origen pero no de ejercicio, viejo sonsonete golpista.
Sucedieron a Lousteau Heguy en el IID el activista del exilio cubano Carlos Alberto Montaner, el seis veces alcalde de Miami Maurice Ferré y, ya este año, Carlos Sánchez Berzaín quien fue ministro de Defensa durante el mandato del primer presidente boliviano con subtítulos, Gonzalo Sánchez de Losada. Ambos huyeron a Estados Unidos luego de la masacre de octubre de 2003, donde fueron asesinadas 80 personas y heridas 400. En Fort Lauderdale, Florida, un jurado los condenó en 2018 en un juicio civil instado por familiares de las víctimas, que protestaban por la venta de gas a Estados Unidos embarcado en un puerto chileno.
Esa institución de un perfil tan definido realizó la semana pasada un foro sobre la situación de la justicia argentina. «De la mano de Alberto Fernández se busca consolidar el poder total, cuando cae el Poder Judicial la dictadura está consolidada», sentenció Sánchez Berzaín. Los expositores fueron la diputada por la Coalición Cívica Libertadora, Marcela Campagnoli, el abogado Daniel Sabsay, el periodista de Clarín Claudio Savoia, y la ex vicedirectora de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, en representación de Será Justicia, una ONG creada como brazo político del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los grandes estudios jurídicos y contables contratados por las mayores empresas multinacionales y locales. Muchos de ellos buscaron condenas contra la Argentina en el Ciadi.
En diciembre, Talerico presentó en nombre de Será Justicia un documento al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el Tesoro de los Estados Unidos y la OCDE procurando entorpecer la negociación de la Argentina con esos organismos por la deuda externa contraída durante la gestión presidencial de Maurizio Macrì, de la que Talerico formó parte como subdirectora de la Unidad de Información Financiera, UIF. Antes había sido defensora de directivos del Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, conocido en el mundo por sus siglas HSBC. En las últimas décadas fue denunciado por enormes operaciones de lavado de dinero sucio, como cuenta el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, con datos de Fincen, la red de vigilancia de delitos económicos del Tesoro de los Estados Unidos.

De un lado a otro.

Talerico giró con gracia por la puerta de cuatro hojas rotativas que permite pasar de un lado a otro del mostrador. De defender lavadores pasó a perseguirlos, al menos en teoría. Su compañero de fórmula en la UIF, Mariano Federici, un ex jerárquico del FMI, cuyas propiedades en Miami son objeto de investigación, comunicó que flexibilizaría el marco regulatorio y promovería la cooperación con las entidades bancarias, porque las «sanciones por incumplimientos formales» expulsan negocios del sistema «hacia canales informales» y generan «una reacción defensiva de los sujetos obligados a informar». En lugar de «un enfoque represivo» propuso uno «preventivo, con un mayor grado de colaboración». El HSBC es el banco que ha recibido más multas de la UIF, pero gracias a la eficaz defensa de Talerico no las ha pagado, a diferencia de lo que le ocurre en Estados Unidos y Europa donde ha sido fuertemente multado.
En 2020 se secuestraron 3.700 toneladas de granos sin declarar, que eran transportadas hacia las fronteras del Noroeste y el Noreste, para luego exportarlas desde terceros países, como Paraguay, Brasil y Chile, sin pagar las retenciones. En el último año de la presidencia de Cristina abundaron esos procedimientos, que perdieron impulso desde que asumió Macrì. En otra nota, Esteban Rodríguez Alzueta afirma que las organizaciones criminales creadas para la evasión fiscal de granos sirven también para el tráfico de drogas.
La preocupación del gobierno nacional por este descontrol sistemático, con filas de hasta 400 camiones detectadas en Misiones, a la espera de cruzar la frontera, se reflejó en la resolución 58/21 del Ministerio de Transporte que el miércoles 17 incorporó a la UIF al Consejo Federal Hidrovía Paraná-Paraguay, que integran varios ministerios del Poder Ejecutivo y representantes de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Formosa y Santa Fe y al que también se sumarán entidades ambientalistas, la Confederación General Económica, el Movimiento Arraigo, cuatro municipios santafesinos ribereños. La reiteración presidencial de que se licitará el dragado y el balizamiento del canal Magdalena indica la voluntad oficial de controlar esa vía por la cual transita una parte sustancial del comercio exterior argentino. Uruguay ya lo aceptó y sólo falta ponerlo en práctica. Ya sin Talerico, Alberto Abad, Gustavo Arribas y Patricia Bullrich, la UIF, la AFIP, la AFI y el Ministerio de Seguridad están en aptitud y disposición para controlar ese colador.
Talerico reiteró en el foro de Miami la denuncia que ese sector repite sin descanso, sobre la existencia de un plan de impunidad para CFK. La idea es que el gobierno intenta dilatar sin límite el avance de las causas que la involucran. Santiago Cafiero refutó esa interpretación. El jefe de gabinete de ministros sostiene que como en cinco años el macrismo no pudo demostrar todas sus mentiras, prefieren «mantener las causas abiertas, con Cristina en permanente estado de sospecha».

Las causas abiertas.

A medida que las causas progresan, las acusaciones contra la vicepresidenta se desmoronan:
– En la Obra Pública de Santa Cruz, nada incrimina a la entonces presidenta. Las auditorías del macrismo indicaron que las obras están bien realizadas y que no se pagó ningún tramo sin construir. Las asignaciones de obras a la provincia forman parte del presupuesto nacional votado por el Congreso y su ejecución se hizo sin intervención del gobierno nacional. Ni Picasso podría dibujar una condena.
– Tampoco se probó ningún involucramiento de CFK en los negocios de Lázaro Báez. Desde la Corte Suprema se presiona al tribunal oral para que al menos diga que el dinero que Baez lavó provenía de la obra pública, de modo de salpicar a Cristina en un juicio donde ése no es el tema.
– Documentos relevados por la cancillería muestran que, en 2014, ante una consulta de Corea del Sur sobre la posible visita a Seúl de uno de los imputados por la voladura de la DAIA, Mohsen Rezai, el gobierno argentino respondió que pediría su extradición y puso sobre aviso al juez Rodolfo Canicoba Corral. También fue notificado el fiscal general Natalio A. Nisman, quien en consecuencia sabía que la presidenta CFK y su ministro Héctor Timerman no procuraban el levantamiento de las alertas rojas, sino todo lo contrario.
– Un peritaje pedido por el Tribunal Oral Federal 1 desestimó la denuncia de la diputada Graciela Ocaña sobre el plan Qnita. Declararon por unanimidad que el kit entregado sin cargo a las mamás cumplía con los objetivos de reducir las muertes por asfixia y que sólo presentaba algunos problemas menores de terminación. También desecharon que hubiera sobreprecios. En cambio detectaron que el kit alternativo más barato que presentó Ocaña, sobre cuya base el doctor Glock procesó a Aníbal Fernández, Juan Manzur, Nicolás Kreplak y otros funcionarios menores, no cumplía con las especificaciones y el espacio entre los barrotes era peligroso para los bebés.
– Avanzan los concursos para reemplazar a los camaristas Bruglia y Bertuzzi.
– Los 200 jueces y fiscales a quienes Anses intimó a gozar de la jubilación que consiguieron por adelantado o a seguir en sus cargos y renunciar al trámite de privilegio, están preparando la judicialización de la medida.
A la inversa, se agrava la situación del ex presidente Macrì en diversos frentes:
– El presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber visitado el despacho presidencial en víspera de decisiones en causas de su interés. También se lo recriminaron otros jueces del mismo tribunal. Citando los principios de Naciones Unidas sobre la conducta judicial firmados en Bangalore, India, dijeron que el juez no sólo debía ser honesto sino parecerlo.
– Un informe contable de la Dajudeco recibido por el juez Ariel Lijo confirma que el acuerdo que Macrì negoció de los dos lados del mostrador, por el Correo Argentino, fue abusivo y perjudicial para el Estado, como había sostenido la fiscal Gabriela Boquín.
– El juez de Casación Mariano Borinsky, quien también visitó a Macrì, pero tiene la coartada de que estaba trabajando en la reforma del Código Penal, suspendió el traslado a Comodoro Py de las causas por espionaje que se instruyen en Lomas de Zamora, y que él mismo había dispuesto. Los expedientes, que instruye el juez federal Juan Pablo Auge, habían ido al juzgado de María Eugenia Capuchitta, cuyo fiscal es Carlos Stornelli. Una hermana de Capuchitta trabaja en la AFI, desde donde se realizaba el espionaje. La apelación del abogado de CFK, Alberto Beraldi, implicó la suspensión del traspaso.
– Gracias a esto, Augé pudo firmar el viernes el procesamiento de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, el grupo de espías Super Macrì Bros, y dos docenas más de agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI, por asociación ilícita y violación a varios artículos de la ley de inteligencia. En cambio declaró la falta de mérito para el secretario de Macrì, Darío Nieto, y otros tres imputados. A diferencia de la práctica abusiva de Comodoro Py y de la doctrina Irurzun, ninguno será privado en forma preventiva de su libertad. En cambio se trabaron embargos sobre sus patrimonios: 8 millones de pesos a Arribas y Majdalani, 4 para Alan Ruiz, Dalmau Pereyra y la mayoría del resto. Si la Corte Suprema confirmara el traspaso, Capuchitta debería revertir esas decisiones.
– En las causas contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, se acreditó que los planes a los que habían accedido eran comunes a muchas empresas y que ya habían pagado casi todo lo que debían. El objetivo era desapoderarlos de sus medios de comunicación, desde que se negaron a ponerlos al servicio de la persecución a CFK, como les pidió Macrì.

Señales desde la cúspide.

Pero en la cúspide de la pirámide judicial, la Corte Suprema de Justicia envía señales inquietantes al gobierno, como la confirmación de una condena contra Milagro Sala, basada en pruebas introducidas en la alzada de la Cámara de Casación jujeña, y de las que la organizadora de la Túpac Amaru nunca pudo defenderse. Alberto Fernández comenzó su gestión pensando que los jueces suelen inclinarse hacia el gobierno de turno. Un año fue tiempo suficiente para que constatara que su norte no es el gobierno de turno sino el poder permanente, con sus tentáculos locales e internacionales, empresariales, eclesiásticos y de la propia corporación, como bien sabe Cristina: de hecho, las causas en su contra comenzaron mientras aún ejercía la presidencia, impulsadas por los fondos buitre que prometieron destruirla si no se plegaba a sus exigencias. Ni la táctica conciliatoria del presidente ni la confrontativa de su vice han modificado el cuadro de situación. El FdT no tiene quórum propio en la Cámara de Diputados y está lejos de los dos tercios en el Senado. Esto no le ha permitido ni sancionar la nueva ley del Ministerio Público, que permitiría el reemplazo del atrincherado fiscal Eduardo Casal, a cargo desde hace dos años de la Procuración General, ni designar al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, a quien la oposición le niega el voto.
Talerico sigue la línea que fijó Héctor Magnetto en septiembre de 2010, cuando le dijo al diario inglés The Financial Times, que el kirchnerismo estaba entrando en una fase confiscatoria y que su proyecto hegemónico comprendía avanzar contra los derechos de las empresas y de los ciudadanos. Para Talerico, «el plan de tomar al Poder Judicial tiene una intención superior (…) el fin de la división de los poderes es menos democracia y menos República, van a atacar la libertad de prensa, van a confrontar a los sectores productivos, van a tomar empresas públicas estratégicas», lamentó. Es obvio que si estas son las definiciones, el único camino aceptable es acabar con el gobierno.

Góndolas raleadas.

El 4% de inflación de diciembre y enero, y los vaticinios que no bajan de 3% para febrero, son el otro brazo de la pinza que se cierne sobre el gobierno. La reacción oficial ha sido enérgica, lo cual marca un cambio de actitud. Entre noviembre y enero, inspectores de la Secretaría de Comercio Interior detectaron que en las góndolas faltaban determinados productos de consumo masivo. El paso siguiente fueron visitas de inspectores a las oficinas administrativas de las empresas productoras, a las que se les requirió información sobre stocks e inventarios. Todo esto en aplicación de la ley de abastecimiento, que sigue vigente aunque no se use cuanto y cuando convendría. De ese modo se constataron: caídas de inventario de alrededor del 100% de aderezos; caída en la provisión de lácteos específicos de entre 16 y 18%; disminución del stock de algunas marcas líderes de detergentes que promediaron 69%; reducción de producción de tapas de 45%; caída de stock de aceites de entre 10% y 20%; la disminución del stock de harinas de trigo alcanzó en algunos casos un promedio de 42%.
Las empresas imputadas por la retención de volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos son las mayores en sus respectivos rubros: Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter & Gamble, Paladini y Potigian.
La multinacional Unilever, redujo casi el 100% su inventario de aderezos. Danone, disminuyó en forma relevante la producción y despacho de quesos crema y postres. En Procter & Gamble se verificó una reducción importante en pañales y detergentes. Fargo redujo el stock de ravioles, ñoquis, tapas de empanadas y pan lactal. La merma se comprobó en todas las marcas y presentaciones de los aceites de la AGD, así como en las harinas, arroz y aceites de Molinos y en los aceites y harinas de Bunge. La láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini fueron imputadas por no aportar la información requerida.
Antes, las habían intimado a «incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda», tal como se dispuso al comenzar la pandemia en una resolución de marzo que se prorrogó varias veces, y que estableció el marco legal para la aplicación de los precios máximos que procuran proteger de abusos en los precios y falta de abastecimiento en supermercados. Sólo se exceptuaron de este marco consumos suntuarios, como whisky o vinos caros.
Mientras sigue este proceso administrativo, que podrá dar lugar a severas sanciones, la semana próxima se reunirán las tres primeras mesas sectoriales, en las que grandes empresas, pymes y sindicatos de trabajadores analizarán junto con los funcionarios de Desarrollo Productivo las cadenas de valor de la alimentación, los artículos electrónicos y la construcción. Estos encuentros ya se planteaban como el camino correcto hace casi tres lustros. Cuando el calor de la reactivación y la recuperación de los salarios despertó a los precios, el presidente Néstor Kirchner decidió incorporar al gobierno al economista Edgardo Lifschitz, quien era considerado como el mayor experto en cadenas de valor. Duró poco, porque en la Secretaría de Comercio le asignaron un escritorio y una silla, pero nunca una tarea, hasta que se cansó y se fue. Es de esperar que esta vez vaya en serio. Hasta ahora lo parece, dada la furibunda reacción del vicepresidente de la UIA y representante de la cadena alimenticia, Daniel Funes de Rioja. Antes de acceder a la directiva, Funes fue asesor laboral de la UIA, cargo desde el cual colaboró en la elaboración de la ley de flexibilización de Menem.

Problemas estructurales.

Además, preexisten problemas estructurales, que algunos gobiernos no pudieron y otros no quisieron modificar. El principal es el de la concentración en las cadenas de producción y comercialización. El Centro de Economía Política (CEPA) está terminando un trabajo que cubre el periodo 2016-2018 y enfoca principalmente los alimentos. Las posiciones dominantes de las grandes firmas fueron posibilitadas por fusiones, adquisiciones, integraciones horizontales y verticales, que redujeron la cantidad de actores en el mercado y consolidaron oligopolios con capacidad de cartelización y fijación de precios. De este modo las mayores ventas no obedecen a la relación precio-calidad sino al poder de mercado de las principales firmas. Los alimentos y las bebidas son casi un cuarto del gasto de los hogares a nivel nacional, pero ascienden al 36% para los más humildes. Las góndolas están en muy pocas manos: el 74% de la facturación de los productos de la góndola corresponde a sólo 20 empresas, varias de ellas imputadas por Comercio Interior: Unilever (9%), Mastellone Hnos. S.A. (8%), Empresa Del Distribuidor (8%), Coca Cola Company (5%), Sancor Coop. Unidas Ltda. (5%), Danone (5%), Molinos Rio De La Plata (4%), Procter & Gamble (3%), Papelera Del Plata (3%), Cervecería Quilmes S A. (3%), Ada (2%), Pepsico Co (2%), Arcor S.A. (2%), Mondelez (2%), Nestle (2%), Bagley S.A. (2%), Molino Cañuelas (2%), Kimberly-Clark (2%), Brf (2%) y Establecimiento Las Marías (1%).
Luego del trámite administrativo y de las sanciones que puedan corresponder a quienes no cumplan con la producción y la distribución de sus productos, se abrirá el fangoso terreno judicial, en el que las dos manos de la pinza se juntan, con pronóstico reservado para el gobierno. Menos problemático será el Consejo Económico Social, que el presidente dejó el viernes en manos de su asesor estratégico Gustavo Béliz, que trabajará lejos de los apremios de la coyuntura.