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Entre los teoremas y los alineamientos

¿QUÉ APLAUDEN?

El jefe de gabinete y los miembros del equipo económico recibieron a unos pocos CEOs y muchos gerentes de empresas que el gobierno describió como formadoras de precios. Lo más notable fue el cerrado aplauso patronal que premió las palabras del ministro Guzmán. Difícil que hayan aprobado la crítica del ministro a las consultoras.
Por Horacio Verbitsky
El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, confiesa que él y muchos progresistas se inquietaron con el discurso inaugural del Presidente Joe Biden, quien habló mucho de unidad. Temían que repitiera el error de Obama, que redujo mucho sus planes económicos y perdió tiempo en un vano esfuerzo de lograr consenso bipartidario. Pero transcurridas tres semanas, parecería que los demócratas aprendieron la lección y están apurando un gran paquete de alivio económico, que el Congreso aprobaría con lo justo, sobre estrictas líneas partidarias.
Para Krugman, si Biden hubiera tratado de negociar un acuerdo con los republicanos, le hubieran corrido el arco, alejando siempre el acuerdo. El Presidente no le concede nada a los políticos de la oposición, pero su paquete de ayuda contra Covid-19 concita amplio apoyo, incluso entre los votantes republicanos. De este modo está unificando a la mayor parte del país detrás de su agenda, al margen de lo que digan políticos y opinators.
A tal punto, que goza de mayor aprobación que los planes de Obama a esta misma altura de su presidencia. Esto se verifica comparando encuestas de entonces y actuales.
Mucha gente, incluso economistas profesionales, no pueden hacerse a la idea keynesiana de que el gasto basado en el déficit presupuestario puede crear empleos y generar riqueza. Hasta Roosevelt trató de equilibrar el presupuesto en 1937 y el resultado fue desastroso. Pero la mayoría considera generosa la idea de ayudar a la gente cuando ocurre un desastre, aunque los políticos republicanos no compartan ese sentimiento.
Luego de que Krugman publicara su artículo, el círculo de beneplácito se extendió en una dirección inesperada. El presidente de la Reserva Federal, el banquero designado allí por Trump, Jerome Powell, declaró que el peligro del plan de estímulo no es hacer de más sino de menos y que no ve riesgo de inflación. Este es un giro copernicano en la política usualmente restrictiva de la FED y para justificarlo, Powell no habló sólo de estabilidad monetaria sino también de creación de empleo. Ninguno de los economistas y comentadores argentinos que repiten la receta del monetarismo más vulgar se hizo eco de esas palabras, que contradicen su credo.

Las patronales agropecuarias
El miércoles, el Presidente Alberto Fernández recibió a la mesa de enlace de las patronales agropecuarias, que actúan como partidos políticos de la oposición. Pero debieron dejar en la antesala el hacha de la guerra y sentarse a dialogar, debido a la existencia de 64 cámaras de los distintos eslabones de la agroindustria que están negociando acuerdos con el gobierno,
los altos precios de los granos y la carne, un dólar de los más favorables desde que se lleva registro hace nueve décadas y el anuncio presidencial sobre la posibilidad de aumentar retenciones o fijar cupos a la exportación.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, una mosca blanca peronista en el océano cambiemoso del ruralismo, entiende que la reunión fue positiva, porque la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales por primera vez se comprometieron a abrir al análisis los costos de toda la cadena de valor. Alberto dijo que su intención no era fiscal, sino que buscaba controlar los precios, y les pidió una solución para el maíz, que es el principal insumo para la producción de pollos, cerdos y, en parte, vacunos en feedlots.
La conclusión fue que ahora deberán reunirse los distintos componentes de esa cadena para buscar un acuerdo, sobre el modelo del fideicomiso aceitero, en el que quienes exportan compensarían a los que venden la producción a menor precio para el mercado interno. Al terminar el encuentro los visitantes dieron una conferencia de prensa en la que distorsionaron la palabra presidencial. Alberto dijo que no quisiera aumentar las retenciones, pero no prometió que nunca lo haría. El escaso apego del ministro Luis Basterra por la exposición pública impidió que ese matiz fundamental se inscribiera en el conocimiento público. Con un IPC del 4% en diciembre y enero (el doble, en un mes, de lo que Powell estima para todo el año en su país), no hay espacio para la pasividad oficial.

Los formadores de precios.
Ese mismo día, el jefe de gabinete y los miembros del equipo económico recibieron a todas las centrales sindicales de trabajadorxs y el jueves a unos pocos CEOs y muchos gerentes de empresas que el gobierno describió como formadoras de precios. Lo más notable fue el cerrado aplauso patronal que premió las palabras del ministro de Economía Martín Guzmán.
Difícil que hayan aprobado la crítica del ministro a las consultoras, que están vaticinando para este año una inflación que ronda el 50%, contra el 29% que marca el presupuesto nacional y que Guzmán defendió como una meta realista. Para ello presentó un gráfico, que contrasta el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que compila el Banco Central con la evolución real del IPC.
Durante el gobierno de Maurizio Macrì las consultoras proyectaron valores muy inferiores a los reales, pero desde que Alberto y Cristina se impusieron en las elecciones primarias de 2019, los vendedores de humo económico anunciaron índices inflacionarios muy por encima de los que luego midió el Indec. Posan como analistas, pero son operadores.
Por eso Guzmán instó a los presentes a que a la hora de fijar sus precios no se guiaran por esas publicaciones (mal)intencionadas, que no reflejan la realidad sino los deseos de quienes las realizan.

El teorema de Heymann.
Pero Guzmán también interpretó el proceso inflacionario como un fenómeno macroeconómico. El ministro se apega a una fórmula matemática elaborada por su profesor en la Universidad Nacional de La Plata, Daniel Heymann, que mide el impacto de la emisión monetaria sobre la inflación. Otro profesor de esa facultad de ciencias económicas, la más ortodoxa y neoclásica entre las universidades públicas, Fernando Morra, acaba de ser promovido a viceministro de Economía. Su tesis de maestría de 2014 propuso como modelo antiinflacionario a Chile y Colombia, dos países con buenos números macro y baja inflación, pero que están entre los más desiguales y violentos de la muy desigual América Latina.
Económicas de La Plata tiene un cuerpo docente en el que abundan los doctorados y maestrías en universidades de Estados Unidos e Inglaterra, de acuerdo con una investigación de la socióloga Miriam Martín Lorenzatti. Esto la asemeja a las universidades privadas que formaron a los principales funcionarios del gobierno anterior, como San Andrés y Di Tella.
Heymann es asesor ad honorem de Guzmán, y el viernes salió al ruedo en su apoyo. Durante un reportaje en la radio Con Vos, dijo que los precios suben cuando pequeños empresarios como los kioskeros deciden aumentarlos. Si muchos toman tal decisión al mismo tiempo eso se debe a problemas de fondo en las finanzas públicas y, específicamente, al déficit fiscal financiado con emisión. En consecuencia, el rol del Estado debería ser disminuir el financiamiento monetario y la presión impositiva. También encomió la convertibilidad de Domingo Cavallo y objetó las retenciones, porque afectan los incentivos y el estado de ánimo del productor. La SRA y la AEA no lo dirían de otro modo.
Preocupada por las repercusiones de este esquema, en vísperas de una presentación ministerial ante el Congreso, Mercedes Marcó del Pont le sugirió un cambio expositivo. Desde entonces Guzmán afirma que parte de la emisión se va al dólar, lo que se refleja en un incremento de la inflación.
Más allá de las discusiones teóricas, en las que no es recomendable plantear antagonismos excluyentes, el enfoque de Guzmán tiene problemas complementarios, de consecuencias políticas.
Si la inflación es un fenómeno macroeconómico, la responsabilidad primordial es del gobierno, y no de los formadores de precios y la puja distributiva que plantean.
La meta de reducir el déficit para no cubrirlo con emisión ata las manos del gobierno para el auxilio a los sectores más desprotegidos, que necesitan del Estado para sobrevivir en las durísimas condiciones que plantea la pandemia.
La reducción de subsidios al consumo de servicios públicos conduce a un fuerte aumento de tarifas.
Nada de esto robustece las perspectivas electorales del oficialismo.

¿Qué quiere decir alinear?
Tanto con los sindicalistas como con los gerentes, los funcionarios reiteraron lo que ya había dicho el Presidente: el objetivo oficial es que los salarios le ganen a la inflación, de modo que crezca el consumo y con él la demanda agregada. En la reunión del miércoles hubo pleno acuerdo con este propósito y las distintas líneas sindicales expresaron su apoyo al gobierno, incluso el barrionuevista Carlos Acuña, flamígero en sus declaraciones de prensa y manso en los cara a cara.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó que la recuperación salarial debe medirse en el año calendario, entre diciembre de 2020 y diciembre 2021, y no en el año paritario, que es distinto para cada gremio. También dijo que no es posible compensar en un año lo que se perdió en cuatro. En cambio, luego de la reunión del jueves, un gerente de la transnacional ítalo-luxemburguesa Techint negó que fuera posible que los salarios aventajaran a la inflación. Esta vez nadie los llamó miserables.
En diciembre, durante el acto en La Plata, Cristina dijo que era preciso alinear salarios y jubilaciones con precios y tarifas. Será difícil lograrlo, si las tarifas se incrementan entre 30 y 40%, según cálculos oficiales y de las empresas. Este es uno de los debates en curso, ya que la Vicepresidenta no considera posible que el incremento supere el 9%. Incluso su ex ministro de Economía, Amado Boudou, declaró en una entrevista con Daniel Tognetti que las tarifas deberían disminuir nominalmente, dadas las ganancias extraordinarias de las generadoras durante el gobierno anterior, que incrementó y dolarizó sus ingresos.
Entre ambos extremos, el Poder Ejecutivo piensa en una exacta segmentación, en la que el aumento sea cero para los sectores populares; moderado para la clase media y sin restricciones para los niveles más elevados de ingresos.
Cada vez que el gobierno intentó esta denominada sintonía fina, desde la segunda presidencia de Cristina, se topó con problemas técnicos que dificultaron su aplicación. Alberto Fernández cree que hoy la posibilidad existe. Un funcionario que está trabajando en el tema cuenta que una empresa como Edenor demostró que, recurriendo a la base de datos privada de Nosis, podía saber cuánto gastaba mensualmente un cliente en distintos consumos, televisión por cable, alguna plataforma de streaming, tarjetas de crédito, y adecuar de ese modo la tarifa. «Si lo puede hacer Edenor, con más razón está en condiciones el Estado», dice el funcionario.
Sin duda, como dijo Guzmán, el abaratamiento de las tarifas gracias al subsidio estatal, en parte incrementa el consumo, que es el propósito oficial, y en parte se va al dólar, presionando por la devaluación del peso, con sus consecuencias inflacionarias. Pero durante los cuatro años del gobierno de JxC, los constantes incrementos de las tarifas alimentaron la fuga en mayor proporción. Los informes muestran que, entre diciembre de 2015 y abril de 2020, la fuga de las empresas eléctricas, petrolíferas, gasíferas, de medicina prepaga y telecomunicaciones superó los 12.000 millones de dólares. A esta cifra se llega agrupando por sector las que registra el Banco Central.
Las regulaciones impuestas el año pasado por el Banco Central impidieron el acceso de esas firmas al sistema que aún lleva el nombre vintage de Mercado Libre y Único de Cambios. A raíz de ello se volcaron hacia los mercados conocidos como Contado con Liquidación y Dólar Bolsa, por medio de los cuales continuó el goteo de recursos hacia el exterior. El instrumento utilizado son los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) agrupados en BYMA (Bolsas y Mercados de Valores), que no regula el Banco Central sino la Comisión Nacional de Valores, que no se decide a cerrar esas canillas. Guzmán decidió dolarizar 1.500 millones de la deuda en pesos, para permitir la salida del país de los fondos de inversión Templeton y Pimco, de modo que dejaran de presionar sobre el tipo de cambio. Pero hay otros 7.000 millones que ingresaron con Sturzenegger y Caputo y que pugnan por regresar a la Madre Patria.
En los documentos constan esas operaciones realizadas entre abril de 2020 y enero de este año. Pero quienes figuran no son necesariamente los beneficiarios finales de la operación. El primero de la lista, la ALYC Alaria Ledesma, no tiene patrimonio que justifique más de 600 millones de dólares en nueve meses. Está claro que lo ha hecho para clientes cuya identidad no se conoce. Durante algunos meses esas operaciones mermaron, debido a llamados telefónicos de la CNV, reclamando un apaciguamiento a la locura del mercado que pareció impulsar el dólar ilegal a los 200 pesos por billete. Pero, como era de prever, esa tregua duró poco, porque no se basó en una decisión institucional. Cuando en Estados Unidos una flamante legislación reclama identificar a los beneficiarios finales de guaridas como Delaware, aquí se mantiene un secretismo inadmisible.

Ganadores y perdedores.
Dentro del proceso inflacionario ha habido variaciones de precios relativos. Por ejemplo, con una inflación que el año pasado fue del 36,1%, las computadoras y sus periféricos incrementaron sus precios más del 90% y el resto de los equipos electrónicos casi el 70%. Los electrodomésticos crecieron un 60% y los textiles para el hogar el 75%. Comprar un vehículo automotor costó un 55% más que el último año del macrismo. Cambiar el calzado y la ropa, el 50%. Entre los alimentos, la carne se pagó entre el 50 y el 80% más, según los cortes; las frutas y verduras entre el 90% y el 180%, el azúcar el 50%.
Esto es irritante, dado que muebles, textiles y electrodomésticos tuvieron un gran incremento del consumo gracias a un programa como Ahora 12, en el que los bancos y el Banco Central financian esos créditos al 15%. En cambio los lácteos, las harinas, el pan y los fideos, las bebidas más populares y los productos de tocador, sólo crecieron entre el 5 y el 30%, por debajo de la inflación, debido a los programas de precios máximos y precios cuidados. Cuando hay factores y sectores de producción que ganan y otros que pierden en forma tan nítida, no es posible explicarlo como un fenómeno macroeconómico ni hay forma razonable de ligarlo con el déficit fiscal y la emisión. Se debe en cambio, a razones políticas y a la oligopolización de los mercados.
En cambio, los salarios salieron perdiendo. Según el Indec, crecieron en promedio un 33%, contra el 36,1% de la inflación.

Una década o dos.
Tanto el gobierno argentino como el FMI estiman posible llegar a un acuerdo en mayo, pero no se descarta que las negociaciones se extiendan más allá. Guzmán ha repetido que se discute sobre un programa oficial, no a partir de las recomendaciones del Fondo, una idea que suena muy bien pero que tiene algo de candorosa. En las últimas cumbres del gobierno, Cristina planteó que la Argentina debe refinanciar los 44.000 millones de dólares que debe al organismo a 22 años, a razón de 2.000 por año, dado que otra cosa es insustentable. Economía replica que el FMI no tiene facultades para extender el plazo más allá de 10 años y que un default con el Fondo implicaría el corte inmediato del financiamiento del BIRF y el BID. Esto a su vez reanudaría la carrera contra el peso y la brecha en la cotización del dólar podría superar el 200%, todo lo cual frenaría la recuperación iniciada a mediados de 2020. Si la negociación se dilatara más allá de la fecha electoral (que la jueza María Servini condiciona a la vacunación de todo el personal judicial afectado), la Argentina debería pagar de aquí a fin de año 3.600 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro. Raspando el fondo de la lata sería posible, pero ya en 2022 no habría con qué enfrentar los vencimientos por más de 13.000 millones de dólares. También en este rubro, el ex ministro Boudou cree que es posible sentarse a la mesa sin acordar, privilegiando recomponer aunque sea un poco la ecuación ingresos/precios/tarifas que, de mantenerse la situación van a empeorar a ritmo creciente, gracias a los desequilibrios que dejó el macrismo. «Creo que es el momento ideal para una desconexión parcial (sobre todo en tasa de interés y tarifas) opina el renegado del CEMA.

Sector por sector.
Los encuentros de la última semana fueron apenas el puntapié inicial de un partido que recién comenzará a jugarse en la última semana de febrero, luego de la de Carnaval. Se reunirán entonces mesas sectoriales, en las que se verán las caras trabajadores y patrones, y en las que las pequeñas y medianas empresas tendrán un rol que el gobierno considera importante. En la primera reunión no participaron, porque son tomadoras y no formadoras de precios. Por eso mismo, su rol será decisivo en las sectoriales, dado el conocimiento de primera mano que tienen de los problemas y los abusos en cada cadena de valor, lo mismo que los sindicatos de trabajadores. A última hora del viernes, el gabinete económico seguía reunido tratando la conformación de cada mesa. En principio serían cerca de media docena, como alimentos, insumos difundidos de la construcción, textiles, indumentaria, electrónica.
La situación macroeconómica que dejó JxC es más que delicada, con todas las maldiciones juntas: sobreendeudamiento, déficit, bajo nivel de reservas. Pero con el cambio de modelo y el resguardo del mercado interno, y a pesar de la pandemia, el proceso de recuperación ya lleva cinco meses seguidos de creación de empleo industrial, mientras vuela la construcción, cuyos costos son los más bajos desde 2008. El crecimiento para este año se estima en 5 ó 6 puntos, que podrían ser 10 ó 12 si no fuera por la escasez de dólares. Pero por cada punto de crecimiento, aumentan 3 puntos las importaciones, lo cual marca el problema de balanza de pagos. Frente a esta restricción, el gobierno estimula el desarrollo de proveedores locales. En la industria automotriz, por ejemplo, las partes fabricadas en el país para los modelos nuevos pasan del 40%, el doble que en el gobierno anterior, y el 60% de la producción se exporta, de modo de ahorrar divisas y de generarlas. También se espera una buena cosecha que, junto con el aumento de precios internacionales, debería mejorar la situación de las reservas. Pero la tensión sobre los precios internos se advierte en productos básicos, como trigo, maíz y carne, que han sido objeto de negociación en las últimas semanas.
El acuerdo de precios para una docena de cortes populares es un paso adelante, pero conviene no sobredimensionarlo: sólo comprende 6.000 toneladas por mes, sobre un consumo total de 150.000 toneladas. Es improbable regular un mercado con el 4% de la oferta. Comercio Interior tiene pocos inspectores, por lo cual Paula Español acordó la participación en el control de los municipios. De este modo, el año pasado se realizaron 34.000 fiscalizaciones, y se dispusieron 600 clausuras. Pero por lo visto no fue suficiente.
El anuncio del despliegue en supermercados de 20.000 militantes del Movimiento Evita & sus Cayetanos para difundir la política de precios y denunciar abusos, es una movida voluntarista, que no puede sustituir el rol del Estado. Consultado para esta nota, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que se trata de una iniciativa espontánea, que no fue consultada con el gobierno. Pero los líderes de esa agrupación política son secretarios de Estado: Emilio Pérsico en el Ministerio de Desarrollo Social y Fernando Navarro en la presidencia. Sin normativas que encuadren esta actividad dentro de una política pública, puede provocar conflictos en la base social. Alfredo Coto no va a estar allí, como no estuvo en la reunión con el equipo económico. «¿Se van a agarrar a empujones con las cajeras o los empleados de seguridad de los hipermercados?», pregunta el referente de una organización que no participa de esa movida y cree que es imprescindible fortalecer los instrumentos institucionales con que puede contar el Estado, además del acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones.
En pocos días más la Cámara de Diputados convertirá en ley la media sanción del Senado sobre Defensa de la Competencia, y Desarrollo Productivo está preparándose para darle dientes. Por ejemplo, con la preparación de un documento base sobre la concentración en los distintos sectores de la economía, en el que está trabajando un centro de estudios e investigaciones del que el ministro formó parte en el pasado.

Termómetros.
La fortaleza del gobierno es desafiada también en otros terrenos. Por ejemplo, el anuncio oficial estadounidense de la operación de un submarino nuclear de ese país en el Atlántico Sur, que operó con apoyo británico «demostrando el alcance global de ambas naciones» (cosa que la Argentina ya experimentó hace 39 años en la zona). El severo comunicado de la Cancillería (en la misma línea de la digna negativa a la pretensión estadounidense de patrullar con un buque de su Guardia Costera las aguas argentinas e internacionales a partir de la milla 201) no alcanza para disimular la impotencia nacional ante esa violación a la zona de paz declarada hace diez años por las Naciones Unidas. Es previsible que se repita este tipo de situaciones, ya que el gobierno de Joe Biden acaba de ratificar la confrontación global con China como su principal estrategia y el rol asignado en ella al Atlántico Sur y al componente naval.
La decisión del Grupo Clarín de aumentar sus servicios de internet muy por encima de la autorización oficial y las últimas resoluciones de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia muestran que el hostigamiento al gobierno se da en todos los frentes. Don Eduardo Riggi, el hombre fuerte de la Casación, paralizó la investigación de María Servini sobre la mesa judicial con que Macrì digitó la persecución ilegal contra los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, porque se negaron a poner sus medios de comunicación al servicio del proyecto de encarcelar a CFK. Otra sala, por los votos de Javier Carbajo y Mariano Borinsky y con la disidencia de Ángela Ledesma, dispuso extraer de Lomas de Zamora las dos causas en las que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y el juez Juan Pablo Augé investigaban a Macrì y a una serie de funcionarios de su gobierno por el espionaje ilegal. Ambas deberán continuar en Comodoro Py, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchitta (hermana de una funcionaria de la AFI que realizaba el espionaje) y del aún fiscal Carlos Stornelli. Y la Corte Suprema, por unanimidad de sus miembros, confirmó una condena de la Justicia jujeña (expresión oximorónica si las hay) contra Milagro Sala. La fundadora de la organización barrial Túpac Amaru había sido absuelta en el juicio oral. La Cámara de Casación jujeña la condenó a cuatro años, incluyendo pruebas que no se habían presentado en el juicio y de las que Milagro no pudo defenderse. El Superior Tribunal Jujeño tampoco contestó esa grave objeción, pero redujo la pena a dos años, que la Corte Suprema federal confirmó ahora, en un mensaje de abierta beligerancia contra el Presidente Fernández.