Entre la sinrazón y la desidia judicial

Que una causa judicial tarde diez años en la Argentina para tener sentencia firme, no debería extrañar a nadie. En ese contexto, la de Juan Carlos Canale, el jornalero asesinado a golpes en una celda de la alcaidía de General Acha, sería una más. Pero cualquier persona que viva en esta provincia, y esté medianamente informada, sabe que no es una más, sino que es "la" causa símbolo de la impunidad.
Acaba de conocerse que tres policías, que al momento del crimen estaban de guardia, serán dados de baja porque la Corte Suprema confirmó las condenas por omisión de los deberes de funcionario público; o sea, por no cuidar convenientemente a los presos y permitir indirectamente que ocurriera lo que ocurrió. Un delito absolutamente menor, que se redime con multas.
Ellos, aunque suene insultante al sentido común, son los primeros condenados por un homicidio que se produjo en una repartición oficial, bajo encierro y con personas a pocos metros de la celda.
Lo que pasó con Canale empezó mal desde el principio. Fue demorado sin razón. Solo porque alguien lo acusó de haber realizado un acto de exhibicionismo, algo que nunca se demostró. Pocas personas permanecen detenidas horas en una comisaría por esa simple imputación.
Una vez ingresado, lo alojaron junto a los detenidos sin razón, ya que todos los policías que declararon como testigos en el juicio de 2004 admitieron que ésa no era regla, sino que los detenidos deben permanecer en otro espacio de la alcaidía.
Estando junto a los presos fue muerto sin razón, pues el caso no sólo no tiene asesinos, sino que tampoco se conoce el móvil del crimen. La hipótesis de una antojadiza sospecha de que sería un violador, pasó en las audiencias como un dato traído a regañadientes y sin atisbos de veracidad.
Entre tanta sinrazón, los cuatro presos condenados zafaron de estar más tiempo en una prisión porque el conocimiento de un defensor oficial, sumado a su astucia, llegaron a que la propia Corte reviera el fallo. En el segundo juicio, una cámara criminal los absolvió por el beneficio de la duda.
Si no fueron los presos y tampoco la policía, ¿entonces quién mató al inocente de 48 años? A esta altura de las circunstancias, nadie cree que el homicidio sea esclarecido. Y esa sensación le servirá al juez actuante -el tercero, solamente en General Acha- para el día de mañana archivar el expediente sin recibir cuestionamientos.
La realidad es que los jueces instructores anteriores actuaron con marcada desidia y no quisieron ir a fondo. Que eludieron profundizar la pista policial. Que hicieron poco y nada para que la alcaidía no fuera modificada en su aspecto edilicio. Que no les preocupó que las cámaras no funcionaran. Que nunca se mostraron interesados en averiguar si los detenidos sufrieron vejámenes. ¿O acaso nadie recuerda que el entonces ministro de Gobierno dijo, a las pocas horas del crimen, que la policía no tenía nada que ver?
A tal punto fue ese desinterés que uno de esos dos jueces no condenó a ningún policía, sino que absolvió a los 16 involucrados en las dos causas abiertas contra ellos, la de la omisión y la de las torturas (que aún se está investigado. Tuvo que ser un tribunal superior el que revocara esas resoluciones, dictara los procesamientos y apartara al magistrado del caso.
Pero no fueron solamente ellos los que, por acción u omisión, convalidaron la impunidad. Ni la Jefatura, ni el gobierno, ni la dirigencia opositora -excepto en los primeros tiempos de alta exposición mediática- mostraron un interés serio para que la muerte de un pampeano anónimo se esclareciera.
Hoy, la impresión, como en muchos otros expedientes de fuerte impacto político-institucional, es que cayeron los perejiles. Y que no pasará nada. Nada de nada.