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Era de esperar

Finalmente el Superior Tribunal de Justicia absolvió al exministro de Obras Públicas, Jorge Varela, al entender que no fue ni el máximo ni el único responsable del desastre que significó la construcción del Megaestadio. En la resolución el STJ cuestionó los fallos condenatorios de primera y segunda instancia al señalar que hubo una incorrecta aplicación de la ley. En síntesis, la sentencia, de compleja factura, exime de responsabilidad al exfuncionario porque se trató de una obra pública «de considerable e innegable envergadura, donde las decisiones trascendentales no se encontraban bajo la voluntad exclusiva del titular de la cartera (Obras Públicas), ya que claramente lo excedían».
Hace un año, cuando se daba a conocer la condena a Varela, desde esta columna se señalaba que resultaba a todas luces incongruente que fuera el único condenado por un proceso que estuvo viciado desde el mismo inicio del proyecto, y en el que intervinieron dos gobernadores y muchos funcionarios y técnicos que sumaron errores tras errores. La adaptación de una obra del sur patagónico sin las exigencias técnicas que demanda un proyecto, las modificaciones introducidas sin profundizar estudios y análisis, la adjudicación a una empresa local sin la experiencia ni la capacidad técnica para abordar la obra y otras chapucerías por el estilo terminaron por hacer del Megaestadio un ejemplo acabado de todo lo que no hay que hacer en materia de obra pública.
Para colmo, la feroz interna que protagonizaron vernistas y jorgistas durante buena parte del proceso constructivo terminó por hacer las cosas mucho más difíciles sumando otro obstáculo a la propia complejidad que presentaba la obra.
En este panorama tan enredado la solitaria condena al exministro de Obras Públicas adquiría todo el aspecto de la búsqueda de un chivo expiatorio. Ahora resta esperar si el fallido proceso seguirá siendo investigado por la Justicia, en un abordaje completo sobre todo lo actuado, desde el mismo comienzo de la obra, o si el expediente acumulará polvo en un anaquel de la Ciudad Judicial.

Otra vez los perros
La ciudad se vio conmovida, una vez más, por un ataque de perros agresivos y de gran porte. Esta vez la fortuna salvó a un niño de ser la víctima porque otro perro se interpuso entre él y los agresores y lo pagó con su vida.
No pasa demasiado tiempo sin que se reiteren escenas como esta en las calles de Santa Rosa. Transeúntes o ciclistas suelen ser los blancos más afectados en tanto las razas que protagonizan los ataques son casi siempre las mismas: pitbull -como ahora-, doberman o dogo en otras.
El problema despierta la inquietud de los santarroseños y se advierte en la gran cantidad de denuncias que se presentan ante las autoridades como en los abundantes llamados a la radios para hablar de los muchos vecinos que tienen en sus casas ejemplares de estas razas sin garantizar que no salgan a la vía pública.
La ordenanza específica establece que estos perros deben ser registrados y salir a la calle con correa y bozal. Ni una cosa ni la otra sucede y no se advierte en las autoridades municipales o policiales demasiado desvelo para obligar a su cumplimiento. Algunos ataques han sido mortales, como el registrado en Toay hace varios años, pero ni siquiera hechos tan graves han motivado acciones o campañas destinadas a terminar con el problema.
Quizás haya llegado el momento de adoptar medidas más estrictas como erradicar a estos perros tan agresivos -«son como un arma», dijo un concejal- de las áreas urbanas, del mismo modo que se impide la posesión de otras especies animales igualmente peligrosas para la integridad de las personas. Nadie puede asegurarle a sus vecinos un cierre hermético de una vivienda, de ahí que deba priorizarse lo que garantice la tranquilidad pública.