¿Es hora del regreso de la Junta Nacional de Granos?

PABLO TOMAS RICCI
La decisión del gobierno nacional de intervenir Vicentin y estatizarla ha generado un debate sobre algunas cuestiones importantes del manejo de nuestra economía. Desde la Presidencia se habla de una intervención «virtuosa», ya que tiene por objeto conservar esta importante empresa para evitar no solo su quiebra, sino su desguace, lo que redundaría seguramente en la adquisición a bajo precio de sus empresas más valiosas por parte de alguna de las empresas dominantes del mercado de granos (Nidera, Cargill, Dreyfuss y Molinos), como por ejemplo su puerto. Es sabido que las empresas mencionadas dominan más del 90% del mercado de granos, y que Vicentin posee puerto propio lo que la hace muy apetecible por las ventajas que otorga tenerlo, y al contrario habría empresas menores que integran este complejo productivo que dejarían de funcionar, con el consiguiente daño a sus trabajadores, y la imposibilidad del Banco Nación del recupero de acreencias originadas en los préstamos que se otorgaron a Vicentin sin los correspondientes avales.
Pero independientemente del curso que tome esta decisión, cabe preguntarse si es legítima la intervención estatal en el mercado granario y, en su caso, qué instrumentos resultan necesarios para que dicha intervención sea exitosa. En este sentido, parece oportuno destacar la existencia de un proyecto de ley presentado por la senadora de Río Negro, Silvina García Larraburu, por el que se crea la Junta Nacional de Granos, con facultades para intervenir en el mercado de granos de nuestro país. Recordemos que la Juna Nacional de Granos existió entre 1933 y 1991, siendo creada por el gobierno conservador de Agustín P. Justo y disuelta por el dueto Menem-Cavallo. En tan largo período atravesó diversas situaciones, recordándose el manejo de los llamados «elevadores de granos» existentes junto a las vías del ferrocarril en la mayoría de los pueblos de la pampa húmeda, donde se acopiaba la producción local, así como el establecimiento de «precios sostén» para los cereales (en aquellos tiempos trigo, maíz y lino, y luego oleaginosas como el girasol y otras).
Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, actuó en sincronía con el IAPI (Instituto Argentino Para el Intercambio), completando un conjunto de organismos que regulaban la producción, los precios mínimos, la exportación y su producido, las divisas, tal cual propugna ahora la senadora García Larraburu.
Pero la verdadera cuestión que se advierte detrás de estos hechos está constituida por la necesidad de avanzar en un pensamiento que gobierne con un Estado presente e interventor en el manejo y la programación de la economía. Venimos de muchos años y varias experiencias de gobiernos neoliberales, y los gobiernos populares que los han sucedido, han debido dedicarse a reparar la violación o quita de derechos al pueblo, y a organizar adecuadamente el funcionamiento del Estado, para evitar la corrupción y ponerlo a cumplir los fines de atención de las demandas populares, en una acción que se aproxime a lograr la felicidad del pueblo. Es tal la devastación, que la tarea aparece como ciclópea. Mas ello no debe obnubilar el razonamiento, para seguir con pasos firmes y concretos en vistas al logro del fin mencionado.
Personalmente he sido formado políticamente en momentos en que se hablaba de objetivos tales como la nacionalización del comercio exterior, propuesta que tenía como fundamento el manejo por el Estado de las divisas generadas por la exportación de la riqueza nacional, para derivarlas al crecimiento con sentido nacional y con dirección en beneficio del pueblo. Hoy creo que deberíamos agregar a este objetivo el de nacionalización de las empresas proveedoras de servicios básicos (luz, gas, agua potable), no tal vez para estatizarlas, pero sí para depositarlas en manos de organismos cooperativos o grupos económicos de la burguesía nacional. También creo necesario que después de tantos años de jolgorio, se ponga coto a la fiesta de la banca privada (local y extranjera), que actúa en nuestro país. Todo ello a fin de direccionar estos resortes a la promoción del trabajo, la producción y, en suma, el bienestar del pueblo.
No desconozco que esta propuesta es polémica y que seguramente será criticada desde el dogmatismo ideológico de los sectores neoliberales. Pero no es menos cierto que las pruebas son claras en señalar que los beneficios que recibieron estos sectores fue en detrimento del bienestar de la inmensa mayoría del pueblo. Por ello, creo que es momento de comenzar a debatir y a concretar un gobierno nacional y popular, sin pretensiones vanguardistas pero con la firmeza de quienes sabemos que más temprano que tarde, medidas de este tipo deberán tomarse para dar una adecuada dirección al proceso político de este país.