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Escuchas ilegales para Clarín y Carrió

OPERATIVO SALVATAJE AL FISCAL CARLOS STORNELLI

Con escuchas ilegales que llegaron «de forma anónima» a Carrió y Clarín se pretende torpedear la denuncia por extorsión que salpica al fiscal Carlos Stornelli.
ARI LIJALAD
El blindaje mediático al fiscal Carlos Stornelli pasó del silencio a una maniobra coordinada entre el Grupo Clarín, Elisa Carrió, el Gobierno y sectores del Poder Judicial. Pretenden instalar que la denuncia contra el fiscal fue organizada por exfuncionarios kirchneristas presos. Para esto, escucharon conversaciones cuyas transcripciones llegaron «de forma anónima» a Carrió, típico truco para encubrir su origen cloacal.
Del contenido publicado servicialmente (Verbitsky dixit) por Clarín, asumiendo que es verídico, sólo se desprende que Roberto Baratta tenía algún conocimiento de que se realizaría una denuncia en Dolores en la que intervendría un tal juez Ramos. Atando cabos, se puede asumir que se trata de la denuncia del empresario Pedro Etchebest.
La cronología, sin embargo, le juega una mala pasada a esta operación, ya que la conversación de Baratta es varios días posterior a la denuncia y a los pedidos de medidas que realizó el juez Alejo Ramos Padilla, a quien le tocó intervenir porque su juzgado en Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar, sede de la maniobra extorsiva.

El cuentito.
Clarín y Carrió pretenden instalar que los exfuncionarios kircheristas hicieron que Marcelo D’Alessio contactara al empresario Pedro Etchebest para pedirle coimas en nombre del fiscal Stornelli, que D’Alessio viajara con Etchebest a Pinamar y negociara el monto de su «atención» con el fiscal, que D’Alessio se reuniera con Stornelli en el balneario CR y en el mismo lugar el fiscal y el empresario extorsionado se dieran la mano para sellar el acuerdo, que hubiera dos pagos de Etchebest a D’Alessio, que el empresario grabara las conversaciones con su extorsionador y que luego lo denunciara. Todo comandado desde la cárcel donde, ahora se sabe, eran escuchados gracias a una turbia maniobra judicial.
El intento del dúo Clarín-Carrió no cambia un ápice lo que reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, es decir, el pedido de dinero a cambio de favores judiciales de Stornelli al empresario Etchebest a través del multifacético D’Alessio. Lo que deja al descubierto es, una vez más, la santa trinidad de medios, funcionarios judiciales y servicios de inteligencia dispuestos al salvataje de uno de los suyos.
Carrió envió a sus laderas Mariana Zuvic y Paula Olivetto a radicar la denuncia que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, una prueba más de que la máquina que sortea el destino de los expedientes está lejos de ser transparente. Bonadío debería enviarla de nuevo a sorteo, pero se sabe que en su juzgado (llamado la Embajada) no rige el derecho argentino. De quedársela, tendría que investigar la supuesta operación y a él mismo en el pedido de coimas para otorgar beneficios en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Más promiscuidad, imposible.

La manía de espiar.
El empresario Pedro Etchebest radicó la denuncia el lunes 28 de enero. Las transcripciones que llegaron por arte de magia a manos de Carrió en las que Baratta conversa con el abogado Carlos Zelkovicz son del viernes 1 de febrero. Según la transcripción, Baratta pregunta «¿Presentaron formalmente?» a lo que Zelkovich contesta: «No, no, no. El loco éste, el magistrado pidió los informes, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter y aparentemente eso le llevaría por lo menos leer casi todo el fin de semana, yo te diría que bastantes días pero quiere largarlo cuanto antes».
No estaba bien informado el interlocutor de Baratta ya que, tanto la denuncia como el impulso de la acción penal como así también el pedido de medidas ya habían ocurrido varios días antes. Es decir, Ramos Padilla ya se había metido en el tema. El 29 de enero, el empresario Etchebest se constituyó como querellante.
Las escuchas telefónicas fueron ordenadas por el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo interinamente de Federico Hernán Villena. Se trata del Caso Aguape III, en el que se ordenó monitorear las comunicaciones relacionadas con Mario Segovia, conocido como el «Rey de la efedrina». Lo que nadie explica es por qué, si Segovia cumple su condena en el Pabellón A se interceptaron llamadas de los teléfonos públicos del Pabellón D y se escucharon y transcribieron diálogos de Roberto Baratta, y del Pabellón C para hacer lo mismo con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. Tampoco se explica por qué si las escuchas no resultaban atinentes a la investigación de la causa de Segovia, en lugar de ser destruidas, fueron transcriptas y terminaron en poder de Carrió.
Esta maniobra desnuda el modus operandi del espionaje ilegal a los detenidos. Utilizan una causa para pinchar los teléfonos, en este caso de un narcotraficante, y así el Gobierno tiene la excusa para interceptar y monitorear las conversaciones de otros presos.

Escuchas ilegales.
El lunes, un día antes de que Carrió iniciara esta puesta en escena, el abogado Humberto Próspero presentó un habeas corpus colectivo en representación de los presos y denunció escuchas ilegales. Lo hizo luego de que Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano, denunciara en su programa «Un poco nomás», que se emite por AM 750, que «se estarían realizando escuchas ilegales y genéricas a los teléfonos públicos» del penal de Ezeiza. De hecho el propio Valdés figura en la denuncia de Carrió, con una transcripción de una conversación con Schiavi del 17 de enero en la que le comenta que habrá novedades en el Operativo PUF que involucra a Bonadio y Stornelli.
«El Servicio Penitenciario a través de la llamada área 50, viene realizando tareas de inteligencia encubiertas, intervención ilegal de llamadas telefónicas a los detenidos con el único fin de agravar sus condiciones de detención realizándonos un control absoluto las 24 horas», dice la denuncia a la que accedió este medio. «Esto no es más que una tortura psicológica ilegal para quebrar a los imputados y llevar adelante ese plan inicial convirtiéndolos en arrepentidos», sigue el escrito.
El habeas corpus denuncia al gobierno y menciona a Patricia Bullrich, quien fuera citada en los audios de D´Alessio que presentó Etchebest en su denuncia. También sostiene que esas escuchas las manejó el Gobierno y llegaron a manos de Stornelli y de Joaquín Morales Solá, que aseguró el domingo lo mismo que Carrió denunció ayer. (El Destape).