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Espías entre nosotros

Cuando en enero de 2015 se produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman, la figura de un espía sobrevolaba la escena cual fantasma. Se trataba del ex jefe de inteligencia Stiuso (nombre de guerra), la persona con la que más llamadas intercambiara (o al menos intentara) en sus últimas horas. Esa lista de llamados incluía también a la actual ministra de Seguridad, y a la actual jefa de la Oficina Anticorrupción.
Cuando en diciembre de ese año asumió el actual presidente de la Nación, los jueces debieron apresurarse para revocar su procesamiento y desvincularlo así de una causa judicial que pesaba sobre él. ¿El motivo? El uso de fondos públicos para una red de espionaje telefónico ilegal sobre familiares y enemigos del entonces jefe de gobierno de la capital argentina.
Con algo más de sigilo, por la misma época también se produjo el apresurado sobreseimiento de otra asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal de funcionarios públicos, la que integraban el otrora jefe de Inteligencia, Juan Bautista Jofre, y varios periodistas, entre ellos el hoy prominente Carlos Pagni.
Ahora, la valiente exposición ante el Congreso de la Nación por parte de un juez -que se topó con la cuestión probablemente sin sospecharlo- ha venido a dar cuenta de otra asociación ilícita, de proporciones dantescas, dedicada al espionaje ilegal, esta vez, con tecnología sofisticada, desconocida en el país, y con la participación de legisladores, magistrados, periodistas, alguna embajada extranjera y, desde luego, agentes de inteligencia más o menos informales.
Los servicios de inteligencia ostentan una historia negra en Argentina. No es necesario reiterar aquí el macabro rol que les cupo durante la última dictadura, cuando su actuación condujo al secuestro, tortura y muerte de miles de personas. (Dicho sea de paso, resulta llamativo lo poco que han desfilado estos personajes nefastos como imputados en los juicios que se siguen por los crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella época).
Los intentos de las distintas administraciones desde 1983 a la fecha por lograr algún tipo de «democratización» de los servicios de inteligencia, han sido notoriamente insuficientes.
En nada atenúa la cuestión el hecho de que -tal como el «falso abogado» actualmente detenido en la investigación en curso- algunos de estos espías de pacotilla se conduzcan con notoria torpeza, casi hasta recordar al personaje de Maxwell Smart en la serie televisiva «Superagente 86». Son torpes, entre otras cosas, porque confían en gozar de impunidad absoluta.
Y no se trata sólo de que con su obrar poco transparente contradigan los ideales republicanos, o que incurran -como es notorio- en actos de corrupción para beneficio personal. Se trata de que, con su actividad, estos personajes apañados por buena parte de la estructura del poder, están socavando una vez más los cimientos de la democracia. Y, por si fuera poco, las relaciones internacionales del país.
Es de esperar que el legislador pampeano que preside la comisión encargada de controlar estos sectores, esté a la altura de las circunstancias.