Las nuevas revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri no hacen más que agravar el cuadro ya conocido de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio.
Lo que dio a conocer la investigación del periodista Gabriel Morini, publicada por Ambito, es una nueva vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular: el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes kirchneristas encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada «doctrina Irurzun», un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
Lo que el periodista pudo saber es que no solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto.
Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo bajo sistemas políticos democráticos.
Por ahora se desconoce cuál fue el destino de los documentos pero, en virtud de los antecedentes ya conocidos en causas anteriores no es tan difícil presumirlo. Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía Marcelo D’Alessio. Todo apunta a que esos jueces y fiscales estuvieron en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa (también se espió a defensores oficiales) plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante semejante magnitud de violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Arribas y Majdalani ya están procesados en esta causa -ya acumulan cuatro procesamientos- y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el próximo 20 de octubre.
La prensa de derecha sigue intentando blindar al expresidente escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras «cosas feas». Pero son tantas las evidencias que a esta altura solo no ve el que no quiere ver. El prófugo en Uruguay de la Justicia argentina «Pepín» Rodríguez Simón es un claro ejemplo de lo que hablamos.
Espionaje: más grave de lo que se creía
